PRENSA BOLIVIANA.

María Cristina Trigo Viaña nació en Tarija el 16 de octubre de 1935, viuda del extinto líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, falleció hoy en la ciudad de La Paz a la edad de 79 años, por causas naturales, informó su hijo Rodrigo Quiroga.
Trigo Viaña y Marcelo Quiroga Santa Cruz contrajeron matrimonio en 1954. Compañera de toda la vida del líder socialista, lo acompañó en su exilio de Argentina y México. Tras el golpe militar y el asesinato de Marcelo, asumió la conducción del comité de apoyo a la dirección clandestina del Partido Socialista 1 (PS-1) en Bolivia. Jugo un rol importante en la defensa de los derechos humanos presidiendo ASOFAMD y participando del juicio de responsabilidades contra el ex-dictador Luis García Meza, que comenzó en 1986 y concluyó en 1993 con la sentencia de 30 años para el exmilitar. 

En 2007 publicó su primera novela ‘Las muertes de Gabriel’, y en 2010, junto a su hija María Soledad Quiroga, firmó una demanda en contra del Estado Boliviano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la falta de voluntad e inacción de sus autoridades judiciales para encontrar los restos de su esposo, Quiroga Santa Cruz. 

En la Feria Internacional del Libro d Guadalajara, México, abuela de la plaza de mayo, apoyo a Ayotzinapa.

Abuela de la plaza de mayo, apoyó a Ayotzinapa
Estela de Carlotto dice en ‘Aristegui’ que los familiares de los normalistas desaparecidos deben de seguir con su búsqueda.

Estela Carlotto, dirigente histórica de la organización Argentina, se sumó a los reclamos de vivos se los llevaron, vivos los queremos. La activista se reunió con dos madres y dos padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Hizo un llamado al pueblo mexicano: hagan carne propia de esto que está pasando. Si estos crímenes pasan sin trascendencia hay el peligro de que sigan ocurriendo.

PAGINA SIETE

Asofamd recordó a los muertos y desaparecidos

domingo, 02 de noviembre de 2014

"Ni olvido, ni perdón... ¡Justicia!”, gritaron de los familiares de los detenidos y desaparecidos en los periodos de díctadura. Ayer, la asociación de familiares de detenidos y desaparecidos por la liberación nacional (Asofamd) armó una mesa en la plaza Mayor San Francisco para recordar a los caídos en las dictaduras de Natusch Busch y René Barrientos.
"Éste es un acto para conmemorar a todos los caídos y desaparecidos en las dictaduras. También recordar que en estas fechas ocurrió la Masacre de Todos Santos. Nosotros no vamos a olvidar a nuestros familiares y queremos justicia para atrapar a los culpables”, afirmó la presidenta de Asofamd, Nila Heredia. Muchas personas se unieron al acto, mientras los familiares contaban sus testimonios que marcaron sus vidas para siempre.
"Nosotros no tenemos una tumba donde visitar a nuestros difuntos. ¡Vivos se los llevaron y vivos los queremos!”, gritó Ruth Llano, miembra de Asofamd. Como ella, muchas personas que fueron víctimas y que perdieron a sus familiares durante los gobiernos militares exigieron una comisión que investigue las desapariciones en Bolivia.
Las fotografías de algunos de los desaparecidos adornaban la mesa de Todos Santos. Con guitarras y cantos de protesta los familiares de las víctimas de las dictaduras hicieron un homenaje a sus difuntos. "No podemos olvidar lo que pasó. No podemos dejar que se repita. Actualmente hay jóvenes que desaparecen en México y hay que denunciar estos abusos. Que no vuelva a pasar”, afirmó Ángel Crespo, uno de los artistas que preparó canciones para conmemorar a los difuntos.
Esta actividad sirvió para recordar a cientos de bolivianos que cayeron por defender y exigir la democracia. Hombres y mujeres que desaparecieron por creer en algo mejor. "¿Cuándo vuelve el desaparecido? cada vez que lo trae el pensamiento”, cantaron a coro.

EL DIARIO

Familiares de desaparecidos en dictaduras
“No hay resignación”

Fue un debate muy intenso el que se dio al interior de la Asociación de los Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (Asofamd) cuando alguien plateó, para la fiesta de Todos Santos, por primera vez, armar una mesa de ofrenda en conmemoración a los 175 desaparecidos y víctimas de las dictaduras en Bolivia; en cierto para otros era un modo de aceptar que ya no queda esperanza del reencuentro, pero sus miembros afirman: “Nunca, nosotros nunca vamos a tener resignación”.

La controversia radica en el hecho de colocar las imágenes de los desaparecidos junto a los de quienes se tiene la certeza de su muerte y donde yacen sus cuerpos. 

Al final se hizo y el escenario fue en el Atrio de la Iglesia de 
San Francisco, donde a pesar de las amenazas de lluvia, desde el sábado hasta ayer al mediodía, se recibió y despidieron el alma de los difuntos y se matizó con música de Silvio Rodríguez y Benjo Cruz, el recuerdo de los desaparecidos. 

“Discutimos mucho entre los familiares si, por ejemplo, poníamos un mantel negro, por los que desaparecieron, y otro blanco, por los que aún están desaparecidos que son los 175. Es un sentimiento encontrado, de todas maneras a 50 años del primer caso de desaparición forzada en el gobierno de (René) Barrientos, a 35 años de lo que fue el golpe de Natush Bush, creemos que es una forma de recordar a los jóvenes y a toda una generación que nació en democracia, que tenemos que seguir luchando por verdad y justicia”, detalló Ruth Llanos, viuda de Navarro, ejecutiva de Asofamd.

Llanos afirma que esta es la primera vez que se realiza una exposición de este tipo, ya que los familiares de los fallecidos sólo habían realizado este tipo de ofrendas al interior de sus hogares.

seguir luchando

“Nunca, nosotros nunca vamos a tener resignación, porque nuestros esposos, hermanos, hermanas, hijos no han tenido una muerte natural, ellos han sido asesinados. Y mientras no estén en la cárcel todos los responsables de las muertes y desapariciones nosotros vamos a seguir luchando porque se haga justicia”, declaró Edith Montesinos, parte del directorio de la Asofamd.

Su esposo, Alberto Muñoz Miranda, fue asesinado en Oruro durante el golpe de García Mesa. Muñoz era dirigente de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), no logró ver nacer a hija.

“Pero por los desaparecidos, seguimos esperando. El objetivo central es que a través de estos actos, continuar con nuestras reivindicaciones como es la desclasificación de los documentos que los militares tienen”, aseveró Llanos.

COMISIÓN DE LA VERDAD

Sobre estos objetivos, Nila Heredia, exministra de Salud, a tiempo de acompañar la ceremonia, dio a conocer que se está trabajando en la organización de un taller con participación internacional a fin de plantear la conformación de una “Comisión, ya sea de la verdad, de investigación o de justicia” pero con el fin de lograr la desclasificación de los archivos militares que pueden dar luces para hallar los cuerpos de los desaparecidos, entre los que se encuentra los de Marcelo Quiroga Santa Cruz.

1 y 2 de Noviembre Homenaje de ASOFAMD a los caídos y desaparecidos de las dictaduras

El primer juicio europeo contra la operación de exterminio coordinada por las dictaduras
Italia procesa a acusados del Cóndor.

Después de un año de audiencias de la que participaron familiares y abogados, de notificaciones a los países interesados y a los acusados, 20 imputados irán a juicio por la desaparición de 23 personas de ascendencia italiana nacidas en Argentina, Chile y Uruguay.

Por Elena Llorente



Entre los 23 desaparecidos descendientes de italianos hay cuatro ciudadanos chilenos secuestrados en su propio país.

Desde Roma

Por primera vez en Europa, desde que las dictaduras latinoamericanas hicieron desaparecer y asesinaron a miles de personas, Italia procesará a 20 responsables del Plan Cóndor, la operación internacional de aniquilación de opositores puesta en marcha en la década del ’70 por esas dictaduras. Los 20 imputados son acusados de la desaparición de 23 personas de origen italiano nacidas en Argentina, Chile y Uruguay. El juicio comenzará el 12 de febrero próximo en la sección tercera del Tribunal Penal de Roma, decidió ayer el juez de las investigaciones preliminares, Alessandro Arturi. Después de un año de audiencias de la que participaron familiares y abogados, de notificaciones a los países interesados y a los acusados, Arturi consideró que el juicio propiamente dicho podía comenzar. Se trata de 20 militares y políticos de Chile, Uruguay, Perú y Bolivia acusados de haber hecho desaparecer las 23 personas en esos países y en Argentina, Paraguay y Brasil.

En principio no serán juzgados los 35 acusados incluidos en la lista original por el fiscal Giancarlo Capaldo, sino sólo 20. De los 15 restantes, tres han fallecido y de los demás, todos uruguayos y un boliviano, se espera más documentación de parte de la Justicia de los respectivos países o, como para el caso de varios uruguayos, el juez enviará una solicitud al ministro de la Justicia italiano, el único que según la Constitución italiana puede autorizar que el proceso vaya adelante aun cuando los acusados han sido ya juzgados por la misma causa en sus países de origen. Estos casos serán revistos en una nueva audiencia preliminar, se informó, que el juez Arturi fijó para el 19 diciembre. Allí se verá si pasan a ser parte o no del proceso que comienza en febrero.

Los 20 acusados son once chilenos, cuatro uruguayos, cuatro peruanos y un boliviano. Entre ellos, el ex dictador boliviano y general Luis García Meza Tejada, responsable del golpe de Estado del julio de 1980 que derrocó a Lydia Gueiler a fin de impedir que el progresista Hernán Siles Zuazo, que había ganado las elecciones, subiera al poder. García Meza está detenido en La Paz acusado de asesinato y complicidad con el narcotráfico. En la lista aparecen también los generales chilenos Sergio Arellano Stark, famoso por haber dirigido la Caravana de la Muerte, que fue asesinando presos políticos por todo el país; Manuel Contreras, que dirigía la DINA, el servicio secreto de la dictadura de Augusto Pinochet, también detenido, y Daniel Aguirre Mora, dirigente de la terrorífica CNI (Central Nacional de Inteligencia). Entre los peruanos se destaca la figura del general Francisco Morales Bermúdez, presidente de Perú de 1975 a 1980; el jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) Martín Martínez Garay y el general y ex primer ministro Pedro Richter Prada. En el grupo uruguayo está el ex ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de facto (1973-1976) Juan Carlos Blanco, el general Iván Paulós, jefe del servicio de Informaciones de la Defensa (SID), y el coronel Pedro Antonio Mato Narbondo, acusado de haber sido uno de los organizadores de la represión y las torturas en el centro de detención clandestina de Buenos Aires conocido como Automotores Orletti.

No hay en la lista de acusados ningún militar argentino, aunque varios de los 23 desaparecidos fueron secuestrados en este país. La Argentina no quiere por ahora ocuparse de un juicio internacional porque se podrían debilitar los juicios que se están llevando, explicaron fuentes oficiales argentinas en Roma en el momento en que el juez Arturi comenzó sus investigaciones. En Italia se hicieron juicios contra los militares argentinos cuando en la Argentina, por las leyes de obediencia debida y de punto final, no se podían hacer esos procesos. Pero desde que la Argentina eliminó esas trabas, con los mismos testigos y los mismos elementos probatorios, no tendría sentido llevar adelante dos juicios, explicó la fuente argentina.

Los 23 desaparecidos, todos descendientes de italianos –y según la ley de la península, italianos puros–. Se trata de seis argentinos –dos secuestrados en Bolivia, dos en Brasil y dos en Paraguay–, cuatro ciudadanos chilenos secuestrados en el propio país y 13 uruguayos desaparecidos en la Argentina.
Hablan los familiares

“Estoy contenta porque por fin vamos a juicio, aunque sólo se ha incluido una parte de los acusados uruguayos”, dijo a Página/12 Cristina Mihura, viuda del ítalouruguayo Armando Bernardo Arnone Hernández, secuestrado en Buenos Aires en 1976. “Pero también quedó a la expectativa de lo que ocurra en diciembre luego de la decisión del ministro de Justicia italiano y de la información que tiene que mandar la justicia uruguaya. Yo espero que el ministro italiano autorice a proceder. Por el caso de Bernardo va a haber acusados chilenos y uruguayos”, agregó Mihura, que no ha faltado a ninguna audiencia preliminar.

“Este juez ha hecho un trabajo muy serio –concluyó–. Y esto hace que yo, a diferencia de lo que me ocurre en Uruguay, me sienta tutelada, sin importar cuál sea la decisión final del proceso. La mayor parte de los familiares que están en condiciones como la mía no son tutelados por la justicia de sus países como nosotros hemos sido tutelados aquí.”

Por su parte, María Paz Venturelli, hija del desaparecido chileno Omar Roberto Venturelli, un militante del MIR y ex sacerdote, que fue arrestado y visto en la cárcel de Temuco hasta el 4 de octubre de 1973, después de lo cual nunca más se supo de él, dijo estar “bastante contenta de esta decisión, aunque creo que Italia ha asumido una responsabilidad muy grande. Espero que pueda llevarla a cabo”.

“No creo que pueda ir a Roma a las audiencias del nuevo juicio –comentó Venturelli que vive en Bolonia, unos 400 km al norte de Roma–, a no ser que me citen específicamente, porque seguí todas las audiencias del juicio contra Podlech y casi me quedé sin un día de vacaciones.” Oscar Alfonso Podlech Michaud, procurador militar y administrador de la cárcel de Temuco durante la dictadura de Pinochet, fue arrestado en 2011 en Madrid y sometido a juicio en Italia. Pero salió porque la Corte lo declaró inocente.

La familia Venturelli no ha podido hacer ningún juicio en Chile para saber algo del padre porque los acusados estaban protegidos por una amnistía, explicó María Paz Venturelli. “El juicio Podlech no terminó como esperábamos. Por eso digo que será muy difícil. Han pasado tantos años y Chile está tan lejos... En el proceso Podlech nosotros no tuvimos ninguna colaboración del gobierno chileno. Ahora sí la ha habido y espero que continúe y siga siendo operativa. Hacer un juicio como el que se intentará es una responsabilidad muy grande, se requiere mucho trabajo. Han tenido 40 años para hacer desaparecer pruebas e incluso los cuerpos. Ojalá que el hecho de que están implicados varios países le dé otro peso al proceso y podamos obtener mejores resultados.”

NOTICIAS RECIENTES

El ex-dictador Luis García Meza Tejada vuelve a Chonchocoro.
28 de agosto del 2014

El ex dictador Luis García Meza (1980-1981) condenado a 30 años de prisión por delitos de lesa humanidad durante su dictadura volvió a su celda en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, tras una orden judicial que dispuso su salida del hospital de la Corporación de Seguro Social Militar (Cossmil), lugar donde se encontraba internado desde hace más de un año.

Se transcribe la orden judicial:
De la revisión de obrados se establece que ha transcurrido un amplio y razonable tiempo, para que los Médicos Forenses, emitan un dictamen pericial medico actualizado, sobre la valoración medico legal del estado de salud del penado Luis García Meza Tejada, Dispuesto mediante reiteradas providencias de fs. 3454 vta., 3468 vta., 3587 vta., y 3565 vta., asimismo no teniendo efecto suspensivo el recurso de apelación incidental contra la resolución que dispone el retorno del referido penado a la Penitenciaría de Chonchocoro y existiendo incumplimiento a ordenes judiciales del retorno al establecimiento penitenciario y valoración medica forense del penado, en instalaciones de COSSMIL, de acuerdo al requerimiento fiscal de Fs. 3487, se reitera el cumplimiento de auto de fs. 3378 - 3379, de forma inmediata y sin innecesarias dilataciones, a tal efecto emítase mandamiento de traslado y notifiquese al Sr. Director de la penitenciaría de Chonchocoro, al Sr. director de COSSMIL, al ministerio público y a todas las partes que se han apersonado, bajo el apercibimiento de ley y responsabilidad penal por demora culpable, administrativa, disciplinaria y funcionaria en caso de incumplimiento. 

30 DE AGOSTO/ DÍA INTERNACIONAL DEL DETENIDO DESAPARECIDO
Desde la dictadura hasta hoy



(APL)El 30 de agosto fue establecido como Día Internacional del Detenido Desaparecido por la Fedefam (Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos), décadas atrás. Un largo camino debieron realizar los familiares y organizaciones de derechos humanos para lograr el reconocimiento de la detención- desaparición como una política represiva sistemática por parte del Estado terrorista. Más tiempo tomó la tipificación de ese hecho en la figura jurídica de la desaparición forzada de personas, que no existía en el Código Penal argentino hasta el 2011. Hoy, la sociedad argentina ya no discute la existencia de la desaparición de personas bajo la dictadura militar Pero existen casos de desapariciones forzadas de personas cometidas por fuerzas de seguridad que siguen quedando en las sombras, a pesar de la lucha de algunas organizaciones y familiares de las víctimas por lograr algo de justicia y encontrar a sus desaparecidos. Se trata de los casos ocurridos luego del regreso del gobierno constitucional desde 1983 hasta la actualidad.

Por Llella de Misiones

Hoy, si bien subsiste la negación del genocidio y/ o su justificación, la sociedad argentina ya no discute la existencia de la desaparición de personas bajo la dictadura militar. Menos recordado es el hecho de que antes del golpe de 1976 ya se habían producido centenares de asesinatos y secuestros de militantes que nunca regresaron. Inclusive entre los primeros casos de desaparición forzada de personas registrados en 1974 ya se presentaron casos de niños apropiados.
Pero existen casos de desapariciones forzadas de personas cometidas por fuerzas de seguridad que siguen quedando en las sombras, a pesar de la lucha de algunas organizaciones y familiares de las víctimas por lograr algo de justicia y encontrar a sus desaparecidos. Se trata de los casos ocurridos luego del regreso del gobierno constitucional desde 1983 hasta la actualidad.

Además de un extendido desconocimiento sobre el tema existe un deliberado descarte de la problemática por parte de algunos sectores políticos que subestiman no solo la atrocidad de estos hechos, sino el carácter deliberadamente político de cualquier caso de “desaparición” de personas que se encontraban detenidas (la mayoria de las veces ilegalmente) por fuerzas de seguridad.

El caso López

Cuando en septiembre de 2006 Jorge Julio López (74) – testigo de la causa contra el genocida y torturador Miguel Etchecolatz – no concurrió a la sala de audiencias donde se leería la sentencia, los querellantes de la causa denunciaron inmediatamente que su ausencia no era voluntaria. Luego de las primeras semanas en que desde el gobierno se llegó a decir que tal vez López se habría ido de visita a lo de una tía, o que se manejara la hipótesis de que estaría extraviado, comenzó a quedar e claro que Julio López habia sido secuestrado y las sospechas más fuertes recayeron en la policía bonaerense. Si bien es difícilmente discutible la conexión entre el testimonio que brindó López y la suerte que corrió posteriormente, a casi ocho años de ese suceso es muy poco lo que se avanzó en la causa judicial correspondiente. Julio López fue desaparecido por segunda vez, muy probablemente por los mismos sectores que se animó a denunciar con su valiente testimonio.

La indignación y la alarma que el caso de López despertaron en la sociedad son bien fundadas. Muchos sectores comenzaron a referirse a este caso como el de “la primera desaparición en democracia”, a lo que algunos agregan la salvedad de que se trata de la primera desaparición por motivos políticos.

Sin restarle nada a la gravedad del caso de la desaparición de Julio lópez, cabe aclarar que no solamente no es el primero ni lamentablemente el último caso de desapariciones forzadas en la democracia, sino que tampoco es el primer caso en el cual la desaparición de la víctima tiene que ver con motivos directamente políticos.

Más de doscientos casos de desapariciones forzadas se registran en Argentina desde 1983, según el archivo de datos que recopila pacientemente Correpi y que cuenta con el aporte de otras organizaciones antirrepresivas en el país.

Se trata de casos donde las víctimas han sido detenidas – la mayoría de las veces de manera ilegal – por fuerzas de seguridad y han sido vistas en poder de efectivos de esas fuerzas con vida por última vez . En muchos casos existen testigos de que las víctimas han sido torturadas y que han sido asesinadas en esas circunstancias. En todos los casos sus cadáveres han sido arrojados en descampados, zanjas, basurales o directamente ocultados. En muy pocos casos las actuaciones judiciales posteriores permitieron su recuperación.

Los desaparecidos de La Tablada:

El 23 de enero de 1989 un grupo de militantes del Movimiento Todos por la Patria ingresó al cuartel de La Tablada. La represión tremenda y desproporcionada al copamiento dejó un saldo de 39 muertos, entre ellos varios soldados. Al quedar acorralados los militantes sobrevivientes se rindieron: varios fotógrafos captaron el momento en que eran capturados con vida. Sin embargo, cuatro de ellos permanecen desaparecidos; Francisco Provenzano, Carlos Samojedny, Iván Díaz y José Ruiz.

Es inocultable el carácter “político” de estas desapariciones forzadas. No solamente porque se trataba de una represalia por haber intentado tomar el cuartel y porque sus asesinos son los mismos genocidas denunciados por otros casos durante la dictadura. También por la conducta que asumió el estado argentino ante estos casos, que quedaron sin respuesta por largos años cuando existen todas la herramientas legales y las posibilidades para averiguar cual fue el destino final de estos cuatro compañeros.

Invisibilizados:

Algunos de los casos de personas desaparecidas en democracia tuvieron cierta repercusión en la prensa, casi siempre gracias a la movilización, la lucha y la denuncia de los familiares y las organizaciones que los acompañaron. Así sucede por ejemplo con el caso de Miguel Bru (23), un estudiante de periodismo desaparecido que fue visto por última vez en la comisaria 9na. de La Plata en 1993, en el caso más reciente de Luciano Arruga (16), visto por última vez con vida en el destacamento de Lomas del Mirador (BS.As) en enero de 2009 y en el caso de Daniel Solano (25) detenido en Choele Choel, Río Negro en noviembre de 2011 y desaparecido desde entonces. La mayoría de estos casos ha quedado en el anonimato y en la impunidad. A esa situación colabora de manera decisiva la justicia que recurrentemente descarta la posibilidad de estar ante casos en los que el ausente ha sido víctima de las fuerzas de seguridad. El mismo caso de Julio López fue investigado a través de una causa por “averiguación de paradero” abierta en la justicia provincial durante varios meses, hasta que los querellantes del caso Etcheecolatz y organismos de derechos humanos lograron que se abra una causa en la Justicia Federal por desaparición forzada.
El caso del misionero Mario Golemba (27) muestra la misma conducta: cuando desapareció en marzo de 2009, el gobierno de la provincia de Misiones iniciò su bùsqueda publicando su foto y ofreciendo recompensa por datos acerca de su paradero, mientras en la justicia se instruìa la causa por su ausencia. Todo quedò en el olvido cuando dos detenidos aseguraron haberlo visto con vida siendo ferozmente golpeado en la comisaría de Dos de Mayo, y que luego fue sacado del lugar sin que se sepa su destino posterior.

En el caso del joven Sergio Ávalos (18), golpeado por guardias de seguridad en un boliche de Neuquén en el año 2003 y de quien no se tuvieron más noticias, el juez interviniente se negó a cambiar la carátula de “averiguación de paradero”. Esto a pesar de los testimonios que indican que Sergio fue golpeado entre varios guardias, del hecho de que toda la guardia de seguridad estaba integrada por policías que cumplían adicionales y militares retirados que trabajan en coordinación con la policía local.
Emblemático es el caso de Iván Torres Millacura, detenido por la policía de Chubut en Comodoro Rivadavia en 2003. Su familia debió recurrir hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos para lograr algún resultado: fue el primer caso en que esa Corte condenó al Estado argentino por desaparición forzada en democracia.

La CIDH le dio la razón a la familia en cuanto a que el Estado argentino es responsable por su desaparición y dispuso que inicie, dirija y concluya la investigación sobre lo sucedido al joven, que determine y sancione a todos los responsables. Ordenó que realice una búsqueda efectiva sobre su paradero y dispuso el pago de sumas indemnizatorias a la familia.

Seis testigos de su detención ilegal y que presenciaron sus torturas en manos de policías fueron asesinados en diferentes circunstancias, inclusive quienes se encontraban bajo el sistema de protección de testigos.
Ya en los años 90 la impunidad reinante había motivado la recurrencia ante la CIDH a los querellantes por la desaparición en Mendoza de Raúl Garrido (29) y Adolfo Baigorria (31). La CIDH emitió resolución concluyendo que Garrido y Baigorria fueron detenidos el 28 de abril de 1990 por una comisión policial, sometidos a torturas y muertos por sus captores, identificados como Miguel Muñoz, Lucio Sosa y Carlos Sosa. Los jueces Knoll (que fue destituido el año 2000 por su actuación en este caso) y Arguello habían mantenido la causa en secreto de sumario durante 6 años, mientras la policía provincial se dedicó a desviar la investigación suministrando información falsa.
Similar camino debieron recorrer los familiares de Pablo Guardatti (21), también en Mendoza. Guardatti fue visto con vida por última vez en mayo de 1992. La Comisión Interamericana debió emitir varias recomendaciones y una resolución en 1998 en la que indicaba que en la investigación existió autonomía arbitraria y discrecional de la Policía, total falta de dirección judicial al empezar la causa y errónea valoración jurídica de los jueces que sobreseyeron a los policías sospechados. El caso sigue impune.

Justicia y encubrimiento

En la determinación de las carátulas y en el curso de las investigaciones judiciales la Justicia ha demostrado sistemáticamente poco interés o hasta abierto encubrimiento en este tipo de casos. Un caso particular lo constituye el accionar del juez Amílcar Vara, que intervino en los casos de las desapariciones de Miguel Bru y de Andrés Núñez, también desaparecido en La Plata en 1990. En el caso Núñez el juez Vara liberó a todos los policías implicados en las torturas y la muerte de la víctima, cuyo cuerpo fue encontrado cinco años después de su asesinato, además de dejar transcurrir el tiempo con lo que varios acusados en el caso se beneficiaron con la prescripción. La actuación posterior de Vara en el caso Bru le valdría años después su enjuiciamiento y destitución.

La parálisis caracteriza a mucho de estos casos cuando empieza a quedar claras las responsabilidades políticas o policiales. O también la abierta desviación de las investigaciones, la recurrencia a chivos expiatorios, la dilación de las causas para provocar la prescripción, etc.
En el año 2007 la Corte Suprema de Justicia declaró que los crímenes como la tortura no constituyen delitos de “lesa humanidad” considerando que ese delito no puede encontrarse en “hechos aislados” cometidos por un funcionario público sino que se configura cuando los delitos son parte de una “política desarrollada estatalmente contra la población civil”.

Esta definición de la inexistencia de una política desarrollada estatalmente contra la población civil se choca con la realidad: de los más de 4000 muertos en manos de agentes del estado desde 1983, más de un tercio fueron asesinados por torturas. En los casos de desaparición forzada de personas detenidas, las torturas y la muerte como consecuencia de ellas es un elemento omnipresente.
Además, tanto en casos de ejecuciones, torturas y desapariciones forzadas es frecuente que los familiares y amigos relaten que las vìctimas ya venìan siendo hostigadas por los efectivos de las fuerzas de seguridad.

La negativa a tratar estos casos como “delitos de lesa humanidad” es una decisión política expresada en el terreno de lo jurídico que abre la puerta a la impunidad de estos crímenes de la mano de la prescripción.

Así sucedió por ejemplo en el caso del niño Alejandro Flores en Córdoba, que había sido atropellado por policías que lo dejaron morir y luego ocultaron su cuerpo. Fue encontrado 18 años más tarde. El juez declaró la prescripción del delito.

COMUNICADO DE PRENSA
Encontramos a la nieta de la primera presidenta de Abuelas.

Las Abuelas de Plaza de Mayo tenemos la inmensa felicidad de anunciar que encontramos a la nieta 115, hija de Héctor Carlos Baratti y de Elena De la Cuadra. Se trata, además, de la nieta de Alicia “Licha” Zubasnabar de De la Cuadra, una de las fundadoras de la Asociación, que lamentablemente falleció en junio de 2008 sin abrazar a su nieta.
Elena estaba embarazada de cinco meses al momento del secuestro. Por testimonios de sobrevivientes, se pudo saber que, el 16 de junio de 1977, dio a luz durante su cautiverio en la Comisaría 5ta de La Plata a una niña a la que llamó Ana Libertad, que hoy recupera la identidad.

La familia
Elena nació el 15 de junio de 1954 en la localidad de Sauce, provincia de Corrientes. Su familia la llamaba “Lena”. Héctor nació en Ensenada, provincia de Buenos Aires, el 27 de marzo de 1949. Sus amigos le decían “Flaco Bara”.
Elena y Héctor militaban en el Partido Comunista Marxista Leninista (PCML) y fueron secuestrados por la Policía Bonaerense el 23 de febrero de 1977 en La Plata. Ambos estuvieron detenidos en la Comisaría 5ta., donde nació Ana Libertad. Héctor también fue visto en la Comisaría 8va. de La Plata y Elena posiblemente haya permanecido en el centro clandestino de detención “Pozo de Quilmes”.
Elena continúa desaparecida. Héctor fue asesinado y sus restos fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense.
Las familias De la Cuadra y Baratti buscaron siempre a sus seres queridos. La Abuela “Licha”, además, ya había sufrido la desaparición de su hijo Roberto José.
Fue en la casa de Licha donde se produjeron las primeras reuniones de lo que más tarde se conocería como Abuelas de Plaza de Mayo. Al principio fueron doce mujeres pero al poco tiempo éramos muchas más. Licha fue la primera Presidenta de Abuelas y buscó a su nieta desaparecida hasta el día de su muerte.

El caso
En 2010, Abuelas y la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) recibieron una denuncia con información sobre una joven que podría ser hija de desaparecidos. Luego de una investigación documental, el caso fue remitido por la Conadi el 26 de febrero de 2013 a la Unidad Especializada en Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado, de la Procuración General de la Nación.
Esta Unidad, creada en 2012 a instancias de Abuelas, realizó una investigación preliminar que en agosto de 2013 fue enviada a un juzgado federal, solicitando la extracción de sangre. Al enterarse de la existencia de una causa judicial, la joven llamó a Abuelas para realizarse voluntariamente el análisis genético.
Como se encontraba en el exterior, la extracción se produjo el 25 de abril de este año a través del Consulado del país en el que reside. La muestra llegó el 8 de mayo a la Argentina y fue recibida por la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería. Este organismo la remitió al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) para efectivizar el estudio.
Ayer, el Banco informó al juzgado que la joven es hija de Héctor Baratti y Elena De la Cuadra. Se preservan los datos de la causa y del juzgado para evitar que trascienda información que podría dañar la privacidad de esta víctima de apropiación.
Destacamos que este es el primer caso investigado por la Unidad especializada en apropiación que finaliza con la restitución de identidad de una de nuestras nietas. Además, evidencia la coordinación de distintos organismos del Estado que trabajaron mancomunadamente para la resolución de este delito de lesa humanidad.
Es inmensa la felicidad que nos produce comunicar la restitución de otra nieta a tan pocos días de la última. Agradecemos a todos aquellos que se hacen eco de esta noticia y reiteramos la importancia que significa para el proceso de restitución, el trabajo responsable de los medios, respetando la intimidad de las víctimas y los datos sensibles para que las investigaciones judiciales lleguen a buen puerto.
Elena y Héctor llamaron a su hija Ana Libertad. Hoy ella logró adquirir ese bien tan preciado que sus padres le desearon con su nombre: bienvenida Ana a tu libertad.


Ciudad de Buenos Aires, 22 de agosto de 2014.

Detienen y deportan a un exmilitar argentino
Está relacionado con el Plan Cóndor



Arresto. Páez (izq.) fue presentado el sábado por el ministro Pérez. Foto: Ministerio de gobierno.
01:30 / 11 de agosto de 2014

El Gobierno de Bolivia ha informado este lunes de que ha deportado de su país al exmilitar argentino Jorge Horacio Páez Senestrari, de 68 años, sentenciado en Argentina por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura argentina (1976-1983) y prófugo de la justicia desde 2011.

El titular boliviano de Interior, Jorge Pérez, trasladó en persona a Páez hasta la población fronteriza de Yacuiba para entregarlo a las autoridades de ese país, indica un comunicado de su ministerio. En contra del excapitán existía una "notificación roja" de la Interpol desde 2011. El alto funcionario boliviano entregó a Páez al cónsul argentino en Yacuiba, Ricardo Dinele.

Páez fue arrestado el viernes en el domicilio donde vivía en la avenida del Cambodromo de la ciudad boliviana de Santa Cruz (este), señaló el comunicado. La policía asegura que Páez solo salía del apartamento alquilado una hora al día para abastecerse. El titular de Interior boliviano destacó que el exmilitar "desempeñó una función directa en laOperación Cóndor ", un programa que idearon los dictadores de siete países latinoamericanos - Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay - para detener, torturar y asesinar a sus opositores en las décadas de los 70 y 80.

En Argentina, Páez fue sentenciado a 25 años de prisión por homicidio agravado, violación de domicilio y torturas, indica el comunicado del gobierno de La Paz . Estuvo retenido en una cárcel en la provincia argentina de San Juan a la espera de su juicio, pero un tribunal ordenó su excarcelación en 2011. Cuando Páez faltó a una vista, la Policía emitió una orden para su arresto.

ESTELA CARLOTTO

Encomio de René Bascopé Aspiazu

En la política, en la literatura, y en el exilio. Crónica y memoria de una amistad con diferentes destinos.

Ramón Rocha Monroy / El Ojo de Vidrio






Con René Bascopé nos iniciamos juntos en la narrativa, gracias a una publicación pionera de la UMSA que titula Seis nuevos narradores. Fue un amigo entrañable y me colaboró como director de Literatura en el Instituto Boliviano de Cultura, que estuvo a mi cargo en 1979.
Juntos hicimos cinco grandes festivales de cultura, en los cuales participaron artistas de renombre y ninguno cobró porque no teníamos un puto peso en el presupuesto. Asimismo pasamos juntos las emergencias del golpe de Natusch, cuando trabajábamos todavía en el IBC.
Recuerdo que recogimos una edición clandestina y antigolpista del semanario Aquí de una imprenta ubicada en la calle Illimani y la llevamos en una combi de la IBC a un domicilio donde estaban Luis Espinal, Xavier Albó y otros voluntarios que doblaron esa edición.
Estábamos en la imprenta cuando se escuchó el silbido de los caimanes, que bajaban hacia el estadio de Miraflores, y entonces apagamos máquinas y luces y esperamos a que pasaran en medio de la mayor tensión, porque nos pillaban y no contábamos el cuento.
Al llevar el semanario teníamos que ir por el cuartel Sucre y allí recuerdo que nos interceptó un conscripto, vio el carro oficial y le dije: Aquí controlando el golpe, y así logramos pasar.
Pocos meses después se precipitó el asesinato de Luis Espinal y el rearme del sector duro de las Fuerzas Armadas que planeaban un golpe cantado. La UDP había ganado las elecciones del 80 y ese 15 de julio los paceños celebraban la verbena de vísperas con una euforia renovada.
René y yo éramos jurados del Premio de Cuento de la UTO, en Oruro, y recuerdo que fui primero a La Paz y no pude pasar en taxi la Pérez Velasco porque estaba llena de gente.
Ingresé al café Verona y allí me lo encontré. Dormí en su casa y lo convencí de que fuéramos a Oruro, donde trabajamos en el jurado todo el 16. Me amanecí con Alberto Guerra Gutiérrez y el 17 nos fuimos al restaurante 312 a comer un fricasé. Nos alcanzó René y cuando saboreábamos el uma jampicu llegó un amigo con el pasaporte bajo el brazo, pues se iba a México, y nos avisó que había estallado un golpe de Estado.
René se levantó de inmediato de la mesa y logró tomar la última flota que salió de Oruro, rumbo a La Paz. Todavía tengo el pasaje en ferrobús de aquel aciago 17 de julio de 1980, que me llevaría a Cochabamba a mediodía.
Justo a esa hora llegó René a La Paz, se encaminó a la reunión de la COB, donde debía estar, pero a media cuadra de su destino lo detuvo un transeúnte y le dijo que la sede había sido asaltada y que se hiciera pepa.
René corrió a las oficinas de Aquí, donde había asumido la dirección tras el asesinato de Espinal, pero poco antes de llegar, la dueña de una pequeña tienda le advirtió que los paramilitares lo estaban esperando, y entonces se asiló en la Embajada de México, donde yo llegaría semanas después.
Allí fundamos el Grupo Charles Baudelaire con Rolando Costa Arduz, Coco Manto, Luis Rico, Alfredo Tarazona, René (que andaba en amores, cuándo no), este servidor y Picasso. No olvido la vez que nos colamos al comedor del embajador, sacamos su mejor vajilla para tomar pernod y pasamos toda la noche susurrando brindis, en los cuales el Basquito destacaba por su extraordinaria vena poética.
Su vida, como la de todos, era azarosa durante la dictadura, y no conocíamos más futuro que el presente, hoy libres, mañana detenidos, torturados, muertos o exiliados, como ocurrió cuando nos expulsaron a México.
Vivimos juntos primero en el hotel Francis y luego en Tlalpan. A diario buscábamos trabajo y siempre íbamos juntos. Mario Guzmán Galarza, ex embajador de Bolivia y muy allegado al PRI, nos recomendó a la directora del Museo del Chopo y del periódico Ovaciones, y fuimos a buscarla.
No podía contratarnos en el Museo ni en Ovaciones, pero nos mandó a una especie de Playboy mexicano, que se llamaba Su otro yo, y que en los siguientes meses nos compró relatos eróticos.
Esa mujer, hermosa, era nada menos que Ángeles Mastretta, ya famosa por sus librosMujeres de ojos grandes y Arráncame la vida, que con el Basquito decíamos riendo “Arráncamela, vida”, porque se ponía risueño y tenía un humor muy ocurrente.
René ganaba además, semana tras semana, un concurso de cuentos de El Nacional, donde yo también intervenía sin el menor resultado. René me decía que mis cuentos no eran malos, pero para ganar un concurso se necesitaba presentar caballos de carrera.
Él siguió ganando y yo perdiendo. Un tiempo trabajamos juntos como correctores en el Fondo de Cultura Económica, donde conseguimos un amigo de confianza, el escritor Felipe Garrido, gerente del Fondo y hoy Premio Xavier Villaurrutia por una vida dedicada a la literatura.
Luego René se fue a trabajar como redactor de El Día, y allí, Gregorio Selser le brindó su abundante archivo para que escribiera La veta blanca, la primera conexión del poder del Estado con el narcotráfico durante la dictadura de Banzer.
Cuando se fue a México creo que ya militaba en el Partido Socialista 1. Tenía una conciencia superlativa de sí mismo y me reprochaba que fuera escalera de base de un partido político.
Allá en México me hablaba de dos cuadros socialistas de primer orden, que enarbolaban las banderas de Marcelo: Cayetano Llobet y Roger Cortez. El primero murió en las antípodas de su antiguo izquierdismo y del segundo no sé nada, quizás porque vivo en Cochabamba.
El René, Basquito, Travolta, Clark Kent, pertenecía a un grupo que se llamaba con humor Los Iracundos, porque todos eran cortos de vista y usaban lentes de grueso carey, entre ellos Jaime Nisttahuz, Édgar Arandia Quiroga, Alfonso Gumucio Dagron, Manuel Vargas y el propio René, que con lentes parecía el ser más inofensivo, pero se los quitaba, como Clark Kent, y tenía una capacidad innata para seducir a las muchachas que se aventuraban a su vera.
La última vez que lo vi gobernaba la UDP y festejábamos en el Hotel Sheraton el primer aniversario del restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba. En el banquete había todas las tendencias de la izquierda partidista y sindical de entonces.
En ese escenario, René me confesó que no había dejado la literatura, pese al momento político, y que había presentado una novela al Premio Erich Guttentag que titulaba La tumba infecunda. Le dije sin asomo de lamento que otra vez me ganaría, como lo había hecho en México, pues yo también había presentado una novela, titulada El run run de la calavera.
El jurado fue inclemente, declaró desierto el primer premio y compartimos el segundo con René. Pasaron unas semanas y murió. La editorial se apuró en editar su novela, pero recuerdo que al año publiqué una columna en la cual invitaba a la misa de cabo de año de mi novela, porque todavía no había sido editada.
Recibí de inmediato una llamada de Werner Guttentag y a poco nos entregaron el premio, tan devaluado, que de los mil dólares originales apenas recibimos al cambio alrededor de 37 pesos bolivianos. En realidad, los recibí yo y la viuda de René, nuestra buena amiga Rosmery Guzmán, a quien le pedí que con el importe le comprara al menos flores, si el monto exiguo alcanzaba para un ramo.

COMUNICADO 17 DE JULIO

MARCHA RECORDANDO 34 AÑOS DEL COBARDE GOLPE 

DE LUIS GARCÍA MEZA TEJADA EN 1980

NI OLVIDO NI PERDÓN...   ¡JUSTICIA!

30 años del EAAF

“Estos 30 años del EAAF son un hito en nuestra historia de militancia”


Lo dijo la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, en la conmemoración por los treinta años del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en la Biblioteca Nacional. Del acto participaron Luis Frondebrider, presidente del EAAF y Martín Fresneda, secretario de Derechos Humanos.

Sol Vazquez


Por: Hernando Flórez

Un murmullo de voces esperaba a Estela de Carlotto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, en la sala Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional. Más de cien personas estaban reunidas para conmemorar los 30 años del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Desde arriba, sólo se veían pañoletas y cabezas blancas en la primera fila. Era como una reunión de viejos amigos donde todos se saludaban efusivos. Cuando Estela comenzó a hablar, el murmullo se apagó. “La alegría de festejar estos 30 es un hito en nuestra historia de militancia para hacer posible el Nunca más”. La gente aplaudió durante varios segundos.

Ella estaba impecable: Un tapado rojo con un prendedor brillante al lado izquierdo, el pelo blanco y una sonrisa imborrable. La acompañaban Luis Frondebrider, Presidente del Equipo Argentino de Antropología Forense; Maribel García, vicepresidenta de Madres de plaza de Mayo, línea fundadora; Raúl Carnese, profesor de la Universidad de Buenos Aires; Martín Fresneda, secretario de Derechos Humanos de la Nación y David Morales, procurador general de Derechos Humanos de El Salvador.





Todos iban a celebrar el trabajo deL EAAF, una asociación civil sin ánimos de lucro que tiene como fin practicar “la antropología forense aplicada a los casos de violencia de Estado, violación de derechos humanos y delitos de lesa humanidad”. Desde su constitución, en 1984, han trabajado en más de 50 países cumpliendo su misión, y aunque prefieren el bajo perfil, su nombre ha emergido en casos célebres como el de El Che Guevara, Azucena Villaflor y Marcelo Gelman.

“Hoy me toca hablar como secretario pero hace diez años hablé como hijo”, dijo Martín Fresneda. “En ese entonces dije: qué curioso, un grupo de personas recopilando huesos. Qué difícil que tengamos que recuperar la memoria de la propia muerte”.

“En El Salvador, investigar las violaciones de los militares era un tabú. Cuando llegaron los miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense, gracias a el llamado de la histórica luchadora Julia Hernández, recibimos una lección”, contó el Procurador salvadoreño David Morales.





“Ellos nos enseñaron que hay que vincular a los familiares de las víctimas y que el trabajo forense se hace con mucha rigurosidad científica, pero también con humanidad”.

El profesor Raúl Carnese habló sobre la década del 80. “Se comenzaron a denunciar cementerios donde se observaban restos de N.N., entonces el poder judicial y la policía disparaban balas mecánicas sobre los cuerpos para deshacer cualquier evidencia. Uno de los aportes del EAAF fue incluir métodos de la antropología biológica y la arqueología para conservar los restos y permitir una futura investigación”.





Los huesos que hablan

Sobre las cabezas de los invitados habían pasado las imágenes de Clyde Snow, el fundador del EAAF, quien murió este año. Las fotografías lo mostraban excavando, instruyendo, escuchando y siempre rodeado de jóvenes. En Argentina, 1986; Bolivia, 1987 y Cementerio de Avellaneda, 1988 se veía a un hombre maduro, y vigoroso, con la energía de quien avanza.

Luis Frondebrider, quien estuvo en el grupo desde los primeros meses y hoy ejerce como presidente, lo recordó como un maestro. “Snow nos contuvo emocionalmente en los primeros años de incertidumbre. Siempre fue un hombre que creía profundamente en que su objetividad científica ayudaba en la búsqueda de la verdad”.

La primera de las fotos mostraba jóvenes risueños empuñando palustres en lo alto. Tras ellos, Snow, un hombre grande con lentes. Era una foto veraniega. “Clyde Snow siempre manifestó el deseo de hacer algo por identificar a los hijos. Él exhumó el cuerpo de mi hija Laura en el Cementerio de La Plata en1985. Clyde me llamó aparte y me dijo: ‘Estela, tú eres abuela’. No me pude contener”.





“Durante los primeros años no contamos con el apoyo del Estado ni de la Universidad. Recién en el 2003 la política de verdad y justicia se hizo presente”, contó Frondebrider. “Creemos que esta tarea es un proceso colectivo de la sociedad civil y el Estado. Si bien sabemos que destruir es más fácil que reconstruir, no podemos desalentarnos y no podemos renunciar a la búsqueda de la verdad”. Concluyó y el publicó volvió a reventar en aplausos.

Al final, cuando abrieron el micrófono al publico, un señor grande de pelo blanco sentado en la primera fila volvió a dejar la sala en silencio: “Todos coinciden en que los huesos hablan y tienen razón, cómo no van a hablar si a mi hijo de 17 años le pegaron seis tiros en la cara y gracias al reconocimiento de sus huesos pudimos enjuiciar a los culpables”.

CINE 6 DE AGOSTO del 24 al 26 de Junio

CICLO DE CINE 

PLAN CÓNDOR: UNA DEUDA PENDIENTE EN AMÉRICA LATINA Y BOLIVIA

ACTO DE INAUGURACIÓN CON LA PRESENCIA DE LAS EMBAJADAS HERMANAS DE ARGENTINA Y URUGUAY

COMUNIDAD INTI PAXSI AMENIZANDO 

LA INAUGURACIÓN CON PERCUSIONES EN VIVO

EL DÚO NEGRO Y BLANCO 

OFRECIENDO CANCIONES DE CONTENIDO SOCIAL

LOS ESTUDIANTES VIENDO LA MUESTRA DE 

AFICHES DE ASOFAMD

FUNCIÓN MATINAL COMPLETAMENTE LLENA

ALGUNAS IMPRESIONES AL FINALIZAR LAS PELÍCULAS

Programa:

AVISO NECROLOGICO

COMUNICADO 02/2014

Murió Clyde Snow, el fundador del Equipo Argentino de Antropología Forense

El experto estadounidense falleció a los 86 años. Las exhumaciones que hizo fueron cruciales para la búsqueda de nietos y los juicios por delitos de lesa humanidad.

El  Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) expresó su pesar por la muerte del antropólogo estadounidense Clyde Snow, miembro fundador del grupo que trabaja en la identificación de los restos de víctimas de violaciones de Derechos Humanos. .

"Con profundo pesar el EAAF desea informar que el 16 de mayo, en horas de la madrugada, falleció el doctor Clyde Snow, antropólogo forense norteamericano que dedicó su vida a la aplicación de las ciencias forenses a la investigación de violaciones de Derechos Humanos, su visión y su gran corazón cambió el mundo", informó el Equipo en un comunicado.

El EAAF subrayó el "privilegio de haber sido entrenados por Snow" y por "haber compartido con él 30 años de trabajo en Argentina, Chile, Perú, El Salvador y Guatemala, entre otros" países.

"Familias de personas desaparecidas y asesinadas en conflictos alrededor del mundo encontraron en Snow laposibilidad de una investigación forense independiente, la identificación de los restos de sus seres queridos y el aporte de pruebas a la justicia", agregó el documento.

Abuelas de Plaza de Mayo también despidieron a su "amigo Clyde Snow". Fue "un hombre comprometido con nuestra lucha y que, con su saber, realizó un aporte fundamental para la identificación de nuestros hijos e hijas desaparecidas. A mediados de los ochenta, Clyde Snow fundó el Equipo Argentino de Antropología Forense y nos dio, entonces, herramientas para comprobar científicamente si nuestras hijas embarazadas habían dado a luz a nuestros nietos", explicaron.

Snow, nacido en Texas en 1928, trabajó en las investigaciones de casos como el asesinato del presidente John F. Kennedy, el faraón Tutankamón o de víctimas de Josef Mengele.

A principios de los años 80, centró su trabajo en la colaboración con organizaciones de Derechos Humanos, con especial atención a la situación de la Argentina tras la dictadura militar (1976-1983), y en 1984, a iniciativa de las Madres de Plaza de Mayo, fundó el grupo inicial del Equipo Argentino de Antropología Forense, cuyo éxito llevó a la creación de uno similar en Guatemala en 1991.

Participó también, en Bolivia, en la búsqueda de los restos de Butch Cassidy y Sundance Kid, y en la identificación de cuerpos hallados en fosas comunes en Yugoslavia.

COMISIONES DE LA VERDAD EN
AMÉRICA LATINA

PERU 
COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN:
INFORME Y CONCLUSIONES

Ecuador: 

Archivos de la Comisión de la Verdad

ACTIVIDADES

REUNION DE ASOFAMD CON EL ALCALDE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE LA PAZ
LUIS REVILLA.

SEMANA INTERNACIONAL DEL DETENIDO - DESAPARECIDO
26 - 30 DE MAYO 2014

ACTIVIDADES ASOFAMD

Brasil: Matan a coronel que confesó torturas durante dictadura

Paulo Malhães reveló sus asesinatos hace un mes ante la Comisión Nacional de la Verdad

Foto: Reuters.

Río de Janeiro, Reuters

Hace un mes, el coronel retirado del Ejército brasileño Paulo Malhães declaró con orgullo que durante la dictadura militar que gobernó su país entre 1964 y 1985 torturó hasta la muerte a personas de izquierda, a quienes les cortaron las manos para evitar que sus cuerpos fueran identificados.

"Torturé a todos los que tenía que hacerlo", dijo Malhaes, de 76 años, a una comisión especial que investiga los crímenes cometidos por los militares durante la época.

"Es difícil decir cuántos (víctimas) fueron, pero fueron muchos", agregó.

A última hora del jueves, Malhães fue encontrado muerto, boca abajo y con signos de asfixia, después de que tres hombres irrumpieron en su casa en las afueras de Río de Janeiro.

La policía investiga si el crimen fue resultado de un robo o de un acto de venganza política. Sin embargo, los miembros de la denominada Comisión Nacional de la Verdad, que investiga abusos de militares en dictadura, ya temen que la muerte de Malhães disuadirá a otros testigos a presentarse ante la justicia.

"Algunas personas ahora tienen miedo", dijo la abogada Rosa Cardoso, una de las líderes de la comisión.

"Va a hacer que nuestro trabajo sea más difícil, al menos por un tiempo", agregó.

La comisión fue creada en el 2011 por la presidenta Dilma Rousseff, una ex guerrillera izquierdista que fue encarcelada y torturada por los militares durante la década de 1970.

La misión del grupo es descubrir nueva información sobre la muerte de más de 300 brasileños durante la dictadura y sobre los miles de personas que fueron torturadas. La comisión no puede enjuiciar penalmente a nadie en base a sus resultados debido a una ley de amnistía de 1979.

Pero a pesar de sus limitadas facultades, las tensiones han ido en aumento, en momentos en que la Comisión de la Verdad se prepara para presentar formalmente sus conclusiones en diciembre.

El grupo ha escuchado los testimonios y documentos que indican que la tortura fue mucho más generalizada que lo conocido, según investigadores.

Cardoso y otros abogados han cuestionado la validez de la ley de amnistía de 1979 y han expresado su esperanza de que las conclusiones de su informe aumentarán la presión del público para que pueda ser modificada o revocada.

En ese contexto, el testimonio de Malhães y otros podría representar un peligro para los numerosos ex soldados que todavía están vivos. A diferencia de otros países sudamericanos como Argentina o Chile, los militares brasileños nunca enfrentaron juicio por torturas o muertes.

CASA DE LA MUERTE

Malhães, quien dijo que trabajó en un centro de tortura militar conocido como la Casa de la Muerte, en las afueras de Río de Janeiro, nombró a por lo menos dos de los oficiales superiores que le daban órdenes al testificar durante varias horas ante la comisión el 25 de marzo.

"El tenía mucho más qué contar. Mucha gente tenía razones para querer cerrarle la boca", dijo Alvaro Caldas, un ex periodista y miembro de una comisión paralela que analiza sólo los delitos en el estado de Río de Janeiro.

La Comisión Nacional de la Verdad ha pedido a la Policía Federal ayudar a los funcionarios locales en su investigación y determinar si el ataque tuvo motivaciones políticas.

Los tres asaltantes estaban esperando dentro de la casa cuando Malhães y su esposa regresaron la tarde del jueves, dijo la policía. Después de pasar más de ocho horas en la vivienda, dejaron el cadáver del coronel retirado en el piso y se llevaron las armas, dinero en efectivo y computadoras, informó la policía.

Los asaltantes utilizaron radios para comunicarse entre sí y hablaron abiertamente de "una orden de matar" a Malhães, dijo a periodistas este fin de semana su ahijado Joaquim Souza, quien reveló que esta información la recibió de la esposa de Malhães, la que sobrevivió al ataque.

Un informe de la autopsia publicado el sábado indicó que Malhães pudo haber muerto de un ataque al corazón durante el asalto, aunque los médicos y la policía dijeron que era necesaria tener más antecedentes.

Rosa Cardoso, integrante de Comisión de la Verdad, dijo que el grupo cree que el ataque podría haber sido ordenado por soldados en retiro o podría haber sido una venganza de alguien molesto por la aparente falta de remordimiento de Malhães durante su testimonio el mes pasado.

También podría tratarse de un delito común, agregó.

"Ahora tenemos que esperar a ver qué encuentra la policía",sostuvo Cardoso. "Mientras tanto, nuestro trabajo no será fácil".