A 35 AÑOS DEL GOLPE MILITAR DE GARCIA MEZA 

1980 - 2015

COMISIÓN DE LA VERDAD YA!!!!!!

Página/12 En Italia 
 En Roma también se juzga el Plan Cóndor 

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto; el subsecretario de Derechos Humanos, Luis Alén, y Patricia Bernardi, del EAAF, fueron algunos de los testigos. Se juzga a 32 militares y civiles de Uruguay, Chile, Bolivia y Perú.

Por Elena Llorente
Desde Roma

Mientras en Argentina el juicio por los crímenes del Plan Cóndor está en la etapa de alegatos, en Italia también se está llevando a cabo un proceso –el primero que se está haciendo en Europa– contra esta organización orquestada por las dictaduras latinoamericanas de los años ’70 para eliminar opositores. Esta semana fueron convocados a declarar Estela Carloto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo; Luis Alén, subsecretario de Derechos Humanos argentino, y Patricia Bernardi, del Equipo Argentino de Antropología Forense, además de nietos y familiares. El tribunal está tratando los casos de algunos argentinos y uruguayos desaparecidos. Varios de ellos pasaron por la cárcel clandestina Automotores Orletti y desaparecieron en otros países. Entre ellos el caso de la uruguaya María Emilia Islas Gatti de Zaffaroni, secuestrada en Buenos Aires en 1976 junto a su marido Jorge Zaffaroni y su hijita de 11 meses Mariana. Mariana, que nació en Argentina y recuperó su identidad en 1993, estuvo entre los testigos de ayer. También declaró la argentina Carla Artés Company, que vive en España, nieta recuperada e hija de Graciela Rutila Artés, arrestada en Bolivia y trasladada a Orletti, como le sucedió al argentino, que también vivió en Bolivia, Luis Stamponi, compañero del Che Guevara, cuyo caso se trató la semana pasada. La nieta reencontrada del fallecido escritor argentino Juan Gelman, Macarena, que estaba también entre los declarantes, no pudo viajar a Roma por razones de salud.

El proceso Cóndor de Roma ha llevado a juicio a 32 militares y civiles de Uruguay, Chile, Bolivia y Perú –no hay militares argentinos acusados porque Argentina los está procesando por su lado–, por la desaparición y muerte de 43 ítalo-argentinos, ítalo-uruguayos, ítalo-chilenos y uruguayos. Los militares y civiles acusados, algunos de ellos en la cárcel en sus respectivos países, son juzgados en ausencia, a excepción del uruguayo Jorge Troccoli, que vive en Italia en libertad y con ciudadanía italiana.

El subsecretario Alén, que declaró el jueves, contó a Página/12 que su intervención estuvo principalmente centrada en Orletti, porque, dijo, es “donde estuvieron la mayoría de los uruguayos”. “Mi declaración no fue sobre casos puntuales, sino como experto y sobre los juicios en general que se están haciendo en la Argentina.” Los jueces le preguntaron, entre otras cosas, cómo se llegó a la conclusión de que existía el Plan Cóndor. Entonces “yo expliqué –agregó– que existen numerosos documentos e investigaciones que permitieron llegar a esa conclusión, incluso algunos documentos desclasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos”. También, añadió, gracias a la tarea que han llevado a cabo los distintos organismos de derechos humanos del país y del Mercosur, que desde 2010 cuenta con un grupo técnico en materia de cooperación y de intercambio de archivos de derechos humanos. “Actualmente hay 219 archivos que están en custodia del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur. Esa es una base documental que permite sin duda alguna demostrar la existencia del Plan Cóndor que, por lo demás, no podría haber pasado sin tener la aprobación de los Estados Unidos y sin el conocimiento de las autoridades que estaban en cada país miembro”, concluyó.

Por su parte, Estela Carlotto contó a Página/12 que habló “con mucha emoción, aunque el lugar era siniestro” (la sala de tribunales de la cárcel de Rebibbia). “Lo que quisieron saber fue mi trayectoria y cómo llegué a ser presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, cosa que reseñé lo más sintéticamente posible. Y todas las actividades que realizamos para encontrar a los nietos. Me preguntaron sobre algunos casos de nietos, emblemáticos porque con ellos se puede demostrar que hubo un Plan Cóndor. Se trató de los nietos Carlos D’Elía Casco, María Victoria Moyano Artigas, los hermanos Anatole y Victoria Julien Grisonas (encontrados en Chile), Carmen Gallo Sanz, y Mariana Zaffaroni, todos hijos de uruguayos desaparecidos. En casi una hora de interrogatorio, en el que varias veces tomó la palabra el principal fiscal de este proceso, Giancarlo Capaldo, Carlotto dijo que habló “con la sensibilidad de una abuela y con sencillez, sobre todo para sensibilizar al jurado popular que está también en la sala”.

A Mariana Zaffaroni los jueces le pidieron que contara lo que sabía sobre la desaparición de sus padres y la apropiación de su persona por un miembro de los servicios de Inteligencia. “Lo que me comentó el fiscal fue que ellos pueden tomar como prueba sólo las sentencias definitivas y las únicas definitivas en el caso de mi familia es la de mi juicio por apropiación realizado en Argentina donde se demostró que mi mamá estuvo arrestada en Orletti.” “Considero este juicio una muestra de que efectivamente los derechos humanos son universales y que su violación merece justicia. Si bien se lleva a cabo sólo respecto a los descendientes de italianos, de alguna manera es un mensaje claro de que esas cosas no pueden quedar impunes”, concluyó.

Patricia Bernardi, del Equipo Argentino de Antropología Forense, fue la encargada de contar a los jueces, mostrando fotos de los hallazgos, los casos de algunas personas asesinadas que fueron encontradas en unos bidones en el Canal San Fernando del Tigre en octubre de 1976. La prefectura en aquel momento les tomó las huellas digitales y los enterró en una fosa común. Gracias a documentos encontrados en 1989, se pudo llegar a esos cuerpos y identificarlos. Todos habían pasado por la cárcel clandestina de Automotores Orletti. Entre ellos estaba el hijo de Gelman, Marcelo. Bernardi mostró fotos de los cráneos, atravesados por una bala en la nuca, y de las costillas rotas, por lo menos 15 días antes de la muerte, dijo.
El compañero del Che

Luis Stamponi, nacido en 1935 en Punta Alta, conoció al Che en Cuba. Fue arrestado en Bolivia en 1976 durante la dictadura de Banzer y trasladado a Argentina. Fue encerrado en Orletti y luego desapareció, posiblemente en Uruguay, como otros de Orletti. Stamponi es “un personaje fascinante por su largo compromiso que empieza con la lucha estudiantil por la enseñanza ‘laica o libre’ de 1955-56 hasta atravesar toda la historia de la guerrilla guevarista. Estuvo en 1962 en Cuba y conoció al Che Guevara pero según las investigación históricas que he hecho, no creo que lo haya vuelto a ver”, contó a Página/12 Gustavo Rodríguez Ostria, actual embajador boliviano en Perú e historiador. Rodríguez Ostria, que dijo hablar a nivel personal, ha escrito dos libros referidos a la experiencia de Stamponi y sus compañeros y fue convocado por la Justicia italiana como estudioso. “Stamponi participó de la reconstrucción de la guerrilla guevarista en Bolivia luego de la muerte del Che en 1968”, contó.

Nila Heredia, médica, ex ministra de Salud del gobierno de Evo Morales y presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Mártires de la Revolución Nacional (Asofamd), declaró también ante los jueces como compañera en la vida y en la militancia de Stamponi. “Yo era la compañera de Luis desde 1971 y hasta que desapareció –contó a Página/ 12–. Yo era militante del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y ahí conocí a Luis, que nosotros llamábamos Gerardo, porque él aparecía como Gerardo Bermúdez. En 1976 nos agarraron, a mí en abril, a Luis en septiembre. Desde que me apresaron, estuve totalmente aislada, primero en la cárcel de Achocaya y luego en Viacha y nunca más lo volví a ver.”

Enriqueta Stamponi, prima de Luis, atestiguó como familiar, aun cuando, como contó, para poder hablar de su primo tuvo que remitirse a su tía, la madre de Luis, Mafalda Corilandesi, también desaparecida. “Mi tía fue de Punta Alta a Buenos Aires y de ahí a Bolivia, cuando le dijeron que habían agarrado a mi primo. Era noviembre de 1976. Pero en la cárcel de Bolivia no estaba. Así es que se volvió a Buenos Aires y de allí nos llamó a Punta Alta para contarnos además que creía que la seguían. Ella salió del hotel donde se hospedaba y cuando volvió, la arrestaron. Nunca más supimos nada de mi tía y tampoco de Luis. Y ella no tenía ningún tipo de militancia. Era simplemente una madre que buscaba a su hijo”, contó.

Italia juzga a los represores del Plan Cóndor

 

Jorge Néstor Troccoli es el único imputado en la causa detendio en Italia. También están acusados, aunque ausentes, 31 militares y civiles de Uruguay, Chile, Bolivia y Perú por la desaparición de 43 personas.

Por Elena Llorente

Desde Roma

Ante la presencia de un solo imputado, Jorge Néstor Troccoli, ex miembro del Servicio de Inteligencia de la marina uruguaya, la Justicia italiana dio comienzo ayer en Roma al primer juicio contra el Plan Cóndor en Europa. También están acusados, aunque ausentes, 31 militares y civiles de Uruguay, Chile, Bolivia y Perú, nueve de los cuales están presos en sus respectivos países y el resto libres, todo ellos acusados por la desaparición o asesinato de 43 personas (6 ítalo-argentinos, 4 ítalo-chilenos, 13 ítalo-uruguayos y 20 uruguayos) durante las dictaduras militares que dominaron esas naciones latinoamericanas en la década del ’70.

Presidida por Evelina Canale y un jurado de 12 jueces populares como estila la Justicia italiana, la primera audiencia duró seis horas para resolver formalidades y rechazar todas las objeciones que presentaron los defensores de los acusados. Pero también fijó la próxima audiencia para el 12 de marzo. Y para el 13, una nueva audiencia por el caso del general boliviano Luis García Meza, implicado en el Plan Cóndor y detenido en La Paz por estar acusado de asesinato y complicidad con el narcotráfico. Sobre el caso de este golpista, que entre otras cosas derrocó al gobierno democrático de Lidia Guelier en 1980, la Justicia italiana no ha podido decidir todavía si incorporarlo o no al proceso Cóndor.

“Después de 40 años de los hechos, este proceso tiene un valor moral y trata de conocer la verdad o parte de la verdad de lo que ocurrió en América latina. Debe demostrar lo que ocurrió de modo autónomo, independiente, imparcial”, dijo a la prensa el fiscal Giancarlo Capaldo, que comenzó a reunir pruebas hace más de 12 años. Ante la falta de imputados argentinos en este proceso –cuando la dictadura argentina, como se sabe, formó parte del Plan Cóndor para la eliminación de opositores políticos junto a las de Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile y Perú–, el fiscal había declarado precedentemente que se trataba de una “elección política” del gobierno argentino. Fuentes de la embajada argentina reiteraron por su parte que el “gobierno argentino, al haber eliminado las leyes de impunidad que existían, ha garantizado que los juicios de lesa humanidad puedan realizarse de manera absolutamente abierta. Los que han iniciado acciones legales fuera de su país lo hacen porque tienen dificultades para hacerlo en su propia nación”.

Sólo dos familiares estuvieron presentes en la audiencia de ayer, ambas residentes en Italia, las uruguayas Cristina Mihura, viuda de Bernardo Arnone, desaparecido en Buenos Aires en 1976; y Aurora Meloni, cuyo marido, Daniel Banfi, fue arrestado (y luego apareció muerto) por fuerzas policiales uruguayas y argentinas en Buenos Aires en 1974. “Estamos comenzando después de tantos años de lucha. No va a ser fácil, porque no es fácil probar cosas después de tanto tiempo. La mayor parte de las pruebas las hemos recogido nosotros, los familiares, con muy poca ayuda de los Estados, porque los archivos estaban cerrados y por motivos varios, y de personas que han tenido miedo y que recién ahora se están arrimando. Pero mantendremos la misma tenacidad que hasta ahora”, dijo Mihura a Página/12. Y Meloni por su parte comentó: “La emoción es fuerte. Pero el agradecimiento a quien permite que esto suceda, también. Me refiero al Estado italiano, a la fiscalía, al trabajo que hizo el fiscal Capaldo, al de todos los familiares que representamos a estas víctimas. Creo que está llegando al mundo lo que está sucediendo. ¿Qué espero de esto? Espero respuestas, noticias, informaciones que no tengo y, sobre todo, justicia”.

Las primeras 10 o 15 filas de mesas de la sala de audiencias judiciales de la Cárcel de Rebibbia (conocida como “el bunker”, porque ahí se hacen juicios penales peligrosos) estuvieron ocupadas por un numeroso grupo de abogados, muchos de oficio, que defenderán a acusados y a familiares. No sólo los familiares se han constituido como partes querellantes sino también el gobierno de Uruguay, las Abuelas de Plaza de Mayo y dos asociaciones de familiares, una de Chile y la otra de Bolivia. “La presencia de las Abuelas de Plaza de Mayo será un soporte importante en este proceso –dijo a Página/12 la abogada que las defiende, Simona Filippi–. Porque los casos más atroces, a mi modo de ver, son los de esas mujeres embarazadas que no sólo fueron torturadas y luego asesinadas sino a quienes antes les fueron quitados sus hijos pequeños. Estela Carlotto estará entre los testigos del proceso.” Los testigos son 149, de distintos países, y dentro de algunos días se conocerá el calendario para esas presencias.

Para Giancarlo Maniga, uno de los abogados que desde hace años defiende a los latinoamericanos en materia de derechos humanos, “aunque ha pasado mucho tiempo desde que se presentaron las primeras denuncias, por suerte estamos comenzando. Lamentablemente varios de los acusados han muerto. Pero lo que cuenta es llegar a una conclusión, espero, de condena”. “Estos procesos tienen tres puntos relevantes –agregó–: hacer justicia, que es nuestra obligación, mantener la memoria y contribuir a que en los países donde estos hechos se produjeron, madure una Justicia verdadera como paso importante de la democracia.”

Vestido de marrón y cabizbajo casi todo el tiempo, Troccoli estaba sentado junto a sus defensores. Pero no quiso hacer declaraciones, indicando a su abogado, Francesco Saverio Guzzo, para que hablara. “Troccoli no ha tenido jamás un rol determinante en las cosas de las que se lo acusa, y será demostrado durante el proceso –dijo–. No se puede negar que fue parte de una organización militar. Pero desde 1996 ha tomado distancia de sus viejos conocidos, reiterando su total no responsabilidad en los hechos que se le atribuyen. Además hay que recordar que Troccoli llegó a Italia en 2007, fue arrestado por unos meses y que la Justicia luego lo dejó en libertad. Y esto es un buen punto de partida para él.”

Las embajadas de Chile, Uruguay, Perú y Bolivia enviaron sus representantes a la audiencia. El embajador boliviano Antolín Gómez, el único embajador presente, dijo a Página/12 que su gobierno está dispuesto a colaborar con las autoridades italianas “pese a que las personas acusadas están ya en la cárcel y condenadas. Pero estamos aquí porque no sólo es importante para nuestro gobierno sino para las familias afectadas”.

Entre los acusados se encuentran los uruguayos Juan Carlos Blanco (ex ministro de Exteriores del gobierno de facto 1973-76); el general Iván Paulós, jefe del Servicio de Informaciones de la Defensa (SID), y el coronel Pedro Antonio Mato Narbondo, acusado de haber sido uno de los organizadores de la represión y las torturas en el centro de detención clandestina de Buenos Aires conocido como Automotores Orletti. También los chilenos Sergio Arellano Stark, famoso por haber dirigido la Caravana de la Muerte que fue asesinando presos políticos por todo el país; Manuel Contreras, que dirigía la DINA, el servicio secreto de la dictadura de Augusto Pinochet; y Daniel Aguirre Mora, dirigente de la terrorífica CNI (Central Nacional de Inteligencia). Entre los peruanos se destaca la figura del general Francisco Morales Bermúdez, presidente de Perú de 1975 a 1980; el jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) Martín Martínez Garay y el general y ex primer ministro Pedro Richter Prada.