Seminario de Derechos Humanos
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domingo, 11 de octubre de 2015
viernes, 25 de septiembre de 2015
ASOFAMD acuerda proyecto de ley para crear comisión que investigue período dictatorial
Las organizaciones de defensa de los derechos humanos, que agrupan a las víctimas de las dictaduras, acordaron proponer de forma conjunta un proyecto de ley, cuya meta principal es crear una comisión de la verdad. Dicha entidad, según el documento, tendría el objetivo de “esclarecer las graves violaciones de derechos humanos y hechos de violencia política acontecidos en Bolivia del 4 de noviembre de 1964 al 10 de octubre 1982”, día en que concluyó el último gobierno militar en el país.
La comisión de la verdad estaría conformada por siete personalidades destacadas, que tendrían que ser seleccionadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), de una lista elaborada por las organizaciones de derechos humanos.
El proyecto de ley ha previsto un periodo de dos años para que la comisión concluya su trabajo, aunque este plazo podría ampliarse, de acuerdo a las circunstancias, por 12 meses más. La comisión se encargará no solo de recuperar la memoria histórica de Bolivia en los 18 años señalados, sino también de identificar a los responsables de los atentados contra la vida. El segmento más cuestionador del proyecto de ley tiene que ver con este tema: la comisión se ocupará de la “identificación y participación de los posibles autores mediatos e inmediatos, intelectuales y materiales, instigadores, cómplices y encubridores de violación de derechos humanos y violencia política en Bolivia, para su juzgamiento por tribunal competente”.
ASOFAMD acuerda proyecto de ley para crear Comisión de la Verdad
Investigará el periodo de las dictaduras militares. La comisión estaría formada por siete personalidades que serán elegidas por el Legislativo.
02/09/2015
ANF / La Paz. pagina siete
Las organizaciones de defensa de los derechos humanos, que agrupan a las víctimas de las dictaduras, acordaron proponer de forma conjunta un proyecto de ley, cuya meta principal es crear una comisión de la verdad. Dicha entidad, según el documento, tendría el objetivo de "esclarecer las graves violaciones de derechos humanos y hechos de violencia política acontecidos en Bolivia del 4 de noviembre de 1964 al 10 de octubre 1982", día en que concluyó el último gobierno militar en el país.
La comisión de la verdad estaría conformada por siete personalidades destacadas, que tendrían que ser seleccionadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), de una lista elaborada por las organizaciones de derechos humanos. El proyecto de ley ha previsto un periodo de dos años para que la comisión concluya su trabajo, aunque este plazo podría ampliarse, de acuerdo a las circunstancias, por 12 meses más.
La comisión se encargará no solo de recuperar la memoria histórica de Bolivia en los 18 años señalados, sino también de identificar a los responsables de los atentados contra la vida. El segmento más cuestionador del proyecto de ley tiene que ver con este tema: la comisión se ocupará de la "identificación y participación de los posibles autores mediatos e inmediatos, intelectuales y materiales, instigadores, cómplices y encubridores de violación de derechos humanos y violencia política en Bolivia, para su juzgamiento por tribunal competente".
El documento textual es el siguiente: Proyecto de ley de la comisión de la verdad, memoria, justicia y reparación.
Artículo 1. Objeto y alcance de la Ley Crease la Comisión de la Verdad, Memoria, Justicia y Reparación como entidad independiente con autonomía funcional, financiera, descentralizada y administrativa para esclarecer las graves violaciones de derechos humanos y hechos de violencia política acontecidos en Bolivia del 4 de noviembre de 1964 al 10 de octubre 1982.
Artículo 2. Objetivos de la Comisión de la Verdad, Memoria, Justicia y Reparación. La Comisión de la Verdad, Memoria, Justicia y Reparación tendrá los siguientes objetivos: a) Establecer la memoria histórica, señalando las condiciones geopolíticas, políticas, sociales, económicas y culturales que dieron lugar a la violencia política, violación de derechos humanos y comisión de delitos de lesa humanidad contra toda la población boliviana. b) Conocer y establecer la verdad acerca de los casos de violación de derechos humanos y comisión de delitos de lesa humanidad c) Investigar y recabar información y documentación que permita la identificación y participación de los posibles autores mediatos e inmediatos, intelectuales y materiales, instigadores, cómplices y encubridores de violación de derechos humanos y violencia política en Bolivia, para su juzgamiento por tribunal competente. d) Esclarecer las violaciones a los derechos humanos para el juzgamiento de los autores y reparación integral a las víctimas por parte del Estado e) Recomendar la creación de políticas públicas y normativas de no repetición.
Articulo 3.- Composición de la Comisión de la Verdad, Memoria, Justicia y Reparación La Comisión de la Verdad, Memoria, Justicia y Reparación estará conformada por siete miembros, con equidad de género de acuerdo a las normas nacionales, que deberán ser personalidades destacadas, idóneas, respetadas y comprometidas con una sociedad respetuosa de los derechos humanos y conocedoras de la realidad vivida durante el periodo establecido en el artículo 1 de la presente Ley.
Artículo 4.- Forma de Elección de los Miembros de la Comisión de la Verdad, Memoria, Justicia y Reparación Los Comisionados serán elegidos por la Asamblea Legislativa exclusivamente de propuestas presentadas por las organizaciones de víctimas y de derechos humanos.
Artículo 5.- Estructura de la Comisión de la Verdad, Memoria, Justicia y Reparación La Comisión de la Verdad, Memoria, Justicia y Reparación tendrá la siguiente estructura de funcionamiento: 1. Plenario compuesto por los siete miembros que conforman la Comisión 2. Presidencia será ejercida por uno de los miembros del plenario a través del voto de los y las Comisionadas 3. Secretaría técnica será nombrada por la Comisión y responde a los lineamientos de ésta. Su elección será a través de un concurso de méritos, de un perfil presentado por las organizaciones de víctimas en un plazo de 30 días de promulgada la ley. Sus funciones se establecerán por la Comisión de la Verdad, Memoria, Justicia y Reparación en un plazo de 30 días desde el nombramiento de la Comisión.
Artículo 6.- Sede de la Comisión de la Verdad, Memorial, Justicia y Reparación La Comisión de la Verdad, Memoria, Justicia y Reparación tendrá su sede en la ciudad de La Paz y oficinas regionales donde se requiera.
Artículo 7.- Atribuciones de la Comisión de la Verdad, Memoria, Justicia y Reparación La Comisión de la Verdad, Memorial, Justicia y Reparación en el marco de la presente Ley, tendrá las siguientes atribuciones: 1. Denunciar ante el Ministerio Publico, cualquier acto de ocultamiento, sustracción o destrucción de información relacionada con los hechos investigados. 2. Previa orden judicial acceder a inmuebles privados, incluyendo ex casas de seguridad. 3. Acceder, sin necesidad de permiso especial, a centros y ex centros de privación de libertad. 4. Convocar y recibir testimonios de víctimas y familiares, testigos y presuntos autores. 5. Solicitar medidas de seguridad para la protección de testigos, víctimas y miembros de la Comisión, que se encuentren en situación de amenaza sobre su vida o integridad personal.
6. Remitir los resultados y conclusiones de su investigación al Ministerio Publico para el inicio de acciones penales para la investigación, enjuiciamiento y sanción de los responsables de violaciones de derechos humanos. 7. Revisar los procesos penales abiertos por violaciones de derechos humanos acontecidos en el período determinado en el artículo 1 de la presente Ley, verificando los obstáculos, exigiendo su continuidad y su conclusión. 8. Coordinar acciones con entidades públicas, privadas y organismos internacionales para el esclarecimiento, ubicación y entrega de los cuerpos, producto de desapariciones forzadas de personas, a sus familiares. 9. Preparar y suscribir convenios internacionales con entidades técnicas especializadas para el cumplimiento de los objetivos de la Comisión. 10. Recomendar la adopción de políticas públicas destinadas a la reparación integral por parte del Estado a las víctimas y/o sus familiares de conformidad a la Resolución No. 60/147 aprobada en la Asamblea General de Naciones Unidas de 16 de Diciembre 2005, Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otras normas internacionales de derechos humanos.
11. Recomendar reformas legales e institucionales para prevenir futuras violaciones de derechos humanos y para implementar de forma efectiva sus recomendaciones. 12. Recomendar al Ministerio de Educación incluir en la curricula educativa la historia de los 18 años de dictadura en el país para que no se repita. 13. Elaborar y difundir el informe final en el que se contemplen las conclusiones y recomendaciones de su trabajo. 14. Establecer mecanismos de seguimiento de sus recomendaciones. 15. Elaborar un plan de trabajo y un presupuesto para el cumplimiento de sus funciones. 16. Elaborar y aprobar su reglamento interno para el efectivo cumplimiento de sus funciones. 17. Elaborar el registro nacional oficial de víctimas de violencia política.
Artículo 8.- Acceso a la Información por parte de la Comisión de la Verdad, Memoria, Justicia y Reparación. La Comisión de la Verdad, Memoria, Justicia y Reparación solicitará, accederá y obtendrá toda la información que se requiera, sin limitación ni reserva alguna, de entidades públicas y privadas, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, incluyendo la información militar clasificada de los periodos determinados en el artículo 1 de la presente, bajo sanciones administrativas y del Código Penal.
La Comisión de la Verdad, Memoria, Justicia y Reparación tendrá acceso a los expedientes sobre solicitudes de resarcimiento excepcional presentadas ante la Comisión Nacional para el Resarcimiento Excepcional a Víctimas de Violencia Política (CONREVIP) y a la Comisión Técnica de Calificación (COMTECA), que actualmente se encuentran en el Ministerio de Justicia, al objeto de la presente Ley.
Artículo 9.- Confidencialidad. La Comisión de la Verdad, Memoria, Justicia y Reparación guardará confidencialidad sobre la identidad de quienes proporcionen información y participen en las tareas que realice conforme a sus objetivos y atribuciones.
Artículo 10.- Personas que pueden acudir a la Comisión de la Verdad, Memoria, Justicia y Reparación. Todas las personas que se consideren víctimas de violencia política o de violación de derechos humanos en el periodo determinado en el artículo 1 de la presente Ley, pueden acudir a la Comisión de la Verdad, Memoria, Justicia y Reparación.
Artículo 11.- Informes de la Comisión de la Verdad, Memoria, Justicia y Reparación. La Comisión de la Verdad, Memoria, Justicia y Reparación, en el marco de la presente Ley, deberá presentar los siguientes informes a conocimiento de la Presidencia el Órgano Ejecutivo, el Órgano Legislativo, el Fiscal General del Estado, el Procurador General del Estado y la sociedad civil: I. Informes Semestrales del trabajo realizado, donde expondrá los avances, las dificultades y los requerimientos que el Estado deberá cumplir para superar los obstáculos presentados. II. Informes de cada caso cuando considere que su investigación amerita el inicio de acciones legales. III. Informe final con sus recomendaciones, que deberá ser publicado y presentado en un acto público y posteriormente difundido ampliamente por los medios de comunicación a la ciudadanía en general.
Este documento formará parte del Archivo Histórico, deberá ser enviado además a todas las bibliotecas universitarias, municipales y organismos internacionales. IV. Los archivos de respaldo de los informes de la Comisión deberán ser entregados a una entidad especializada nacional o internacional que considere la misma Comisión y que cumpla los criterios de confidencialidad para las personas que participaron en sus investigaciones, además de la conservación y seguridad de todo el material.
Artículo 12.- Cumplimiento de las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad, Memoria, Justicia y Reparación. Las recomendaciones emitidas por la Comisión de la Verdad, Memoria, Justicia y Reparación serán de estricto cumplimiento por todas las autoridades y funcionarios del Estado.
Artículo 13.- Vigencia. La Comisión de la Verdad, Memoria, Justicia y Reparación tendrá una vigencia de 24 meses (2 años) computables a partir de la aprobación de su Reglamento Interno. Su plazo podrá ser ampliado por un máximo de 12 meses (1 año) de manera extraordinaria en base a la evaluación de los Comisionados y mediante resolución del plenario previa exposición de motivos y justificación técnica y legal.
Artículo 14.- Financiamiento. El funcionamiento de la Comisión de la Verdad, Memoria, Justicia y Reparación, de su equipo técnico, su movilización y equipamiento se financiará con recursos del Tesoro General de la Nación.
Artículo 15.- Responsabilidad. Los integrantes de la Comisión de la Verdad, Memoria, Justicia y Reparación responderán por sus actos de acuerdo al ordenamiento jurídico administrativo, estando sujetos a la Ley de Administración y Control Gubernamentales, Ley No. 1178 de 20 de julio de 1999 y normativa legal vigente. Disposiciones Transitorias Disposición Transitoria Primera.
Entrega de Información. Toda la información, documentación, bienes y equipamiento del Consejo Interinstitucional para el Esclarecimiento de Desapariciones Forzadas (CIEDEF) que se encontraban en el Ministerio de Justicia, Ministerio de la Presidencia e IDIF se entregarán a la Comisión de la Verdad, Memoria, Justicia y Reparación al objeto de la presente Ley y bajo inventario. Disposición Transitoria Segunda. Reglamento de la Ley.
El Ministerio de Justicia será responsable de redactar el Reglamento a la presente ley, en consenso con las organizaciones de víctimas en un plazo de 30 días desde la promulgación de esta norma. Disposiciones abrogatorias y derogatorias. Disposición Única. Se abrogan los Decreto Supremos No. 27089 de 18 de junio de 2003, Decreto Supremo No. 27309 de 9 de enero de 2004 y Decreto Supremo No. 27556 de 5 de junio de 2004. Se deroga el parágrafo segundo del artículo 53 del Decreto Supremo No. 28631 de 8 de marzo de 2006, respecto a la presidencia del Ministerio de Justicia del Consejo Interinstitucional para el Esclarecimiento de Desapariciones Forzadas.
sábado, 19 de septiembre de 2015
Nila Heredia: Dictaduras: Bolivia es la única sin Comisión de la Verdad.
Las organizaciones de Derechos Humanos acaban de presentar un proyecto de ley de creación de la Comisión de la Verdad, Memoria, Justicia y Reparación para esclarecer los hechos de violencia política de los que fueron objeto cientos de bolivianos en 18 años de dictadura militar, de 1964 a 1982.
La primera semana de septiembre, las organizaciones de derechos humanos ingresaron en la Asamblea Legislativa Plurinacional el proyecto de ley de creación y funcionamiento de la Comisión de la Verdad, Memoria, Justicia y Reparación, entidad independiente, descentralizada y financiada con recursos del Estado que buscará, detalla el proyecto, “esclarecer las graves violaciones de derechos humanos y hechos de violencia política acontecidos en Bolivia del 4 de noviembre de 1964 al 10 de octubre de 1982”. ¿Por qué una Comisión de la Verdad hoy, a 34 años del fin de la dictadura de Luis García Meza, 37 de la de Hugo Banzer, 46 de la de René Barrientos, entre otros?
Sencillamente porque es una deuda que nos tenemos como país, por no haber investigado, revelado y hecho justicia sobre esos 18 años de violencia política bajo la dictadura militar, especialmente en lo referido a los “detenidos desaparecidos”; tiene un fin práctico, además: que el Estado boliviano deje de estar en entredicho ante la justicia continental, cuando varios familiares de las víctimas presentaron su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al no encontrar respuesta en Bolivia. Por lo demás, señala la presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (Asofamd), Nila Heredia, Bolivia es el único país en la región que no ha creado esta importante Comisión de la Verdad.
— En 23 años el país no ha logrado crear propiamente una Comisión de la Verdad.
— No, no se ha logrado constituir; en realidad, (Bolivia) es una excepción en todos los países; prácticamente todos han constituido una Comisión de la Verdad. La que lo hizo de manera más completa fue Argentina.
— ¿Por qué Bolivia tiene todavía esta deuda?
— Porque hasta ahora no se ha hecho la investigación y porque hay una suerte de impunidad aceptada a partir del Estado. Excepto el juicio a Luis García Meza, ‘trabajado’ de manera tozuda por Asofamd, cuando se sumó el hecho de que ese gobierno estaba teñido de narcotráfico y el propio Ejército trató de separarse afirmando que ‘ése es un gobierno del narcotráfico, nosotros somos militares puros’. Además, entre otras cosas, a García Meza lo han imputado por la masacre de la calle Harrington, pero no está imputado por los desaparecidos, hay más de 20 desaparecidos en su gobierno. Lo que no se explica es que con un proceso tan combativo en Bolivia, hasta ahora no exista una investigación.
— Ese es el punto hoy: con el MAS cambió mucho el país…
— Con el MAS cambió harto, indudablemente. Pero para el actual Gobierno, del cual yo he formado parte y seguiré apoyando, esto no es lo más importante; la prioridad era el cambio del modelo neoliberal; para Evo y para todos nosotros, más importante era construir antes que poner primero este problema (de los desaparecidos bajo la dictadura).
— Aunque al parecer siguen siendo núcleo duro las Fuerzas Armadas.
— Por supuesto, suma a aquello. La lectura del Presidente es ‘para qué hoy nos vamos a enfrentar con el Ejército’, estoy hablando de hace siete años; ‘cómo enfrentarnos con el Ejército si tiene toda una estructura’, además la oposición, el nudo opositor crítico está en el Ejército; mejor no toquemos’.
— Ahora, la desaparición es de lesa humanidad, por eso se puede revisar hacia atrás...
— Es de lesa humanidad, por eso se puede revisar hacia atrás. Por otra parte, nosotros, familiares de detenidos desaparecidos, siempre nos hemos rehusado a aceptar de que están muertos; aceptar que han sido fusilados, por ejemplo, sería aceptar que han muerto; pero no, por eso decimos, ‘vivos se los llevaron, vivos los queremos’.
— Es una tensión irresuelta del ‘proceso de cambio’.
— Al Estado le conviene resolver este tema (de los desaparecidos). ¿Qué está ocurriendo desde hace diez o doce años? Que diferentes compañeros y compañeras han tenido que denunciar ante la Corte Interamericana (de Derechos Humanos) su caso; el primero fue el impulsado por Gladys Solón, sobre su hijo Juan Carlos Trujillo; luego vino el caso de la familia Ibsen. Como aquí no se ha logrado avanzar la investigación, el caso es llevado a la Corte Interamericana, y la Corte ha fallado contra Bolivia; y no solo es que el Estado tenga que pagar, eso es secundario; sino que además, y está en la sanción emitida por la Corte, Bolivia tiene que terminar la investigación hasta encontrar los restos y a los culpables; y hasta ahora no se ha hallado nada; gana Ibsen, igualito; gana Ticona-Estrada, igual; y (el Estado boliviano) tiene en puertas por lo menos tres o cuatro casos más. Entonces, lo que nosotros decimos es: ‘no tiene sentido que el Estado reaccione por cada caso, se va a ahogar buscando caso por caso en vez de hacer lo más lógico, una investigación completa; eso le va a evitar sanciones, además de quedar mal.
— Claro, como que se lo están resolviendo un problema por fuera que el Estado debió encarar por dentro, digamos.
— Pero claro. Por ejemplo, ahorita estamos en un juicio por el Plan Cóndor, en Argentina y en Italia, por los desaparecidos descendientes o de origen italiano, y en la lista están García Meza y Arce Gómez; ocurre que los van a sancionar y el proceso está en esos países, pero no aquí. Es un absurdo, entonces, el Estado boliviano queda mal. Luego, tenemos a los compañeros que están en El Prado; podemos estar de acuerdo o no, para nosotros el resarcimiento económico no es la prioridad, pero no pueden mantenerlos allí tres años...
— Las sanciones implican también compromisos…
— Pagar, poner nombre a una calle, nombre a una escuela, varias cosas; pero además, hacer una investigación, y saber qué ha pasado. Ahorita la familia Quiroga Santa Cruz está llevando el caso a la Corte Interamericana; recién (en reparticiones estatales) están correteando, dando mayor importancia, porque aquello está llegando a la Corte Interamericana.
— Es de propio interés del Estado impulsar esta Comisión.
— Vamos a decir que le interesa a este Gobierno, por las características que tiene, pero el Estado está obligado a resolver estos temas y explicar, a restituir los nombres, por eso se llama Comisión de la Verdad, Memoria, Justicia y Reparación.
— Ustedes piden que la Comisión la elija la Asamblea, pero de nombres propuestos por las asociaciones de víctimas. ¿No es tender a ser juez y parte?
— El temor de varios compañeros es que pudieran ponerse nombres de gente no neutral, que quisieran proteger; pero también otros decimos que no estén en representación de las víctimas; ha sido una discusión interna. Ahora, puede estar una personalidad que hubiera sido víctima, pero debería estar en función de sus méritos, no en ‘representación de’. Tienen que ser personas, personalidades, que realmente garanticen que la investigación y las conclusiones sean equilibradas.
— Sugieren que la Comisión sea financiada por el Estado (TGN).
— Debe ser del Estado, porque es el Estado el responsable; si no, olvídese; hasta que se consiga un apoyo económico, nunca va a funcionar.
— Es una entidad investigadora, de libre acceso a fuentes informativas, incluso las militares.
— Tiene que investigar, por eso tiene un equipo técnico, porque pueden haber personas probas, pero que no tienen experiencia en investigación. Pero la Comisión de conjunto investiga, hace el informe a la Asamblea Legislativa y ésta decide pasar a la Fiscalía. No es una comisión ejecutiva ni está por encima del Estado; es independiente de los poderes del Estado, pero tampoco puede juzgar.
— Ya hubo experiencia con los militares, sobre sus archivos. Ahí tendrá que ser muy clara la norma.
— Tiene que ser muy clara. No es posible que todo lo del Ministerio de Gobierno se hubiera perdido, no es posible que los ministerios no tengan algo. No es que no sea importante incidir, presionar, probablemente no quieran abrir (sus archivos), pero después la presión va a hacer que los abran. Pero además hay que saber buscar, hay expertos en archivos.
— ¿Y si se ha perdido información?
— Es imposible que el Ejército pierda un papel, sería perder su Inteligencia, la mucha o la poca que tenga; es imposible que la CIA, por ejemplo, no tenga copia digitalizada.
— Demandan además que la Comisión centralice toda la información sobre la represión en dictaduras; solo esto ya sería un gran logro.
— Claro, ahí ya tenemos un montón. Los que han pedido el resarcimiento, han entregado documentos originales, una base riquísima; por eso nosotros hemos pedido una copia de aquello, nos han dicho que están digitalizando, pero esa documentación es riquísima, porque ahí están las declaraciones, y trabajar estas declaraciones es fundamental.
— También hablan de la confidencialidad en cuanto a nombres.
— Es que hay personas que dicen ‘yo voy a declarar, pero no quiero que salga mi nombre’; así, el equipo tiene que asegurar que hay confidencialidad; por eso mismo, los archivos deberán ponerse a buen recaudo; pero que esto tampoco signifique que nadie lo va a abrir, alguien tendrá que hacerse cargo. La Comisión tendrá que evaluar este tema.
— Usted ha sido o es parte de este Gobierno. ¿Qué perspectiva le ve a esta Comisión, al proyecto de ley?
— Creo que el Gobierno y el Estado necesitan resolver este tema por compromiso internacional, por el mismo Gobierno que es (popular), y las razones políticas, que hacen de este proceso como que ha ido trabajando siempre en el tema de la verdad en función de los grupos luchadores, sociales. Es una deuda que tiene el Estado. Creo que la perspectiva, más que la expectativa, la tendencia, es que (el Estado) tiene que tomar este tema; probablemente en la Asamblea se discuta quiénes constituirán la Comisión; lo que no podría hacer es poner a un miembro que puede ser cuestionable.
— Un tema no menor de vuestra demanda es que todo esto se incluya en la currícula educativa.
— Exactamente. Es parte de la memoria. Se debe conocer y estudiar esta parte de la historia; el actual proceso (de cambio) ha nacido hace mucho tiempo: las víctimas (de las dictaduras) han sembrado lo que es este proceso. Esas víctimas no están pidiendo compensación económica, están pidiendo que el actual proceso no se vaya a la deriva y no vuelva a ocurrir otra dictadura; y eso desde la escuela tiene que saberse. Por eso la investigación que haga la Comisión debe ser lo suficientemente seria y coherente, para que (aquello) no vuelva a ocurrir, que no se repita nunca más; por eso es verdad y justicia, conocer la verdad y hacer justicia.
Perfil
Nombre: Nila Heredia Miranda
Nació: 21 de septiembre de 1943
Profesión: Médica
Cargo: Presidenta de Asofamd
Vida
En los ‘70, Heredia fue militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores de Bolivia (PRT-B); secuestrada el 2 de abril de 1976 de su casa, fue torturada en la entonces Prefectura de Cochabamba; su caso fue denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, la que tras solicitar informes al Gobierno boliviano de entonces (1977), declaró que la administración gubernamental de entonces violó los derechos a su integridad y al debido proceso.
La Razón (Edición Impresa) / Iván Bustillos Zamorano / La Paz
ANIMAL POLÍTICO - RAZA POLÍTICA
00:03 / 13 de septiembre de 2015
00:03 / 13 de septiembre de 2015
Las organizaciones de Derechos Humanos acaban de presentar un proyecto de ley de creación de la Comisión de la Verdad, Memoria, Justicia y Reparación para esclarecer los hechos de violencia política de los que fueron objeto cientos de bolivianos en 18 años de dictadura militar, de 1964 a 1982.
La primera semana de septiembre, las organizaciones de derechos humanos ingresaron en la Asamblea Legislativa Plurinacional el proyecto de ley de creación y funcionamiento de la Comisión de la Verdad, Memoria, Justicia y Reparación, entidad independiente, descentralizada y financiada con recursos del Estado que buscará, detalla el proyecto, “esclarecer las graves violaciones de derechos humanos y hechos de violencia política acontecidos en Bolivia del 4 de noviembre de 1964 al 10 de octubre de 1982”. ¿Por qué una Comisión de la Verdad hoy, a 34 años del fin de la dictadura de Luis García Meza, 37 de la de Hugo Banzer, 46 de la de René Barrientos, entre otros?
Sencillamente porque es una deuda que nos tenemos como país, por no haber investigado, revelado y hecho justicia sobre esos 18 años de violencia política bajo la dictadura militar, especialmente en lo referido a los “detenidos desaparecidos”; tiene un fin práctico, además: que el Estado boliviano deje de estar en entredicho ante la justicia continental, cuando varios familiares de las víctimas presentaron su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al no encontrar respuesta en Bolivia. Por lo demás, señala la presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (Asofamd), Nila Heredia, Bolivia es el único país en la región que no ha creado esta importante Comisión de la Verdad.
— En 23 años el país no ha logrado crear propiamente una Comisión de la Verdad.
— No, no se ha logrado constituir; en realidad, (Bolivia) es una excepción en todos los países; prácticamente todos han constituido una Comisión de la Verdad. La que lo hizo de manera más completa fue Argentina.
— ¿Por qué Bolivia tiene todavía esta deuda?
— Porque hasta ahora no se ha hecho la investigación y porque hay una suerte de impunidad aceptada a partir del Estado. Excepto el juicio a Luis García Meza, ‘trabajado’ de manera tozuda por Asofamd, cuando se sumó el hecho de que ese gobierno estaba teñido de narcotráfico y el propio Ejército trató de separarse afirmando que ‘ése es un gobierno del narcotráfico, nosotros somos militares puros’. Además, entre otras cosas, a García Meza lo han imputado por la masacre de la calle Harrington, pero no está imputado por los desaparecidos, hay más de 20 desaparecidos en su gobierno. Lo que no se explica es que con un proceso tan combativo en Bolivia, hasta ahora no exista una investigación.
— Ese es el punto hoy: con el MAS cambió mucho el país…
— Con el MAS cambió harto, indudablemente. Pero para el actual Gobierno, del cual yo he formado parte y seguiré apoyando, esto no es lo más importante; la prioridad era el cambio del modelo neoliberal; para Evo y para todos nosotros, más importante era construir antes que poner primero este problema (de los desaparecidos bajo la dictadura).
— Aunque al parecer siguen siendo núcleo duro las Fuerzas Armadas.
— Por supuesto, suma a aquello. La lectura del Presidente es ‘para qué hoy nos vamos a enfrentar con el Ejército’, estoy hablando de hace siete años; ‘cómo enfrentarnos con el Ejército si tiene toda una estructura’, además la oposición, el nudo opositor crítico está en el Ejército; mejor no toquemos’.
— Ahora, la desaparición es de lesa humanidad, por eso se puede revisar hacia atrás...
— Es de lesa humanidad, por eso se puede revisar hacia atrás. Por otra parte, nosotros, familiares de detenidos desaparecidos, siempre nos hemos rehusado a aceptar de que están muertos; aceptar que han sido fusilados, por ejemplo, sería aceptar que han muerto; pero no, por eso decimos, ‘vivos se los llevaron, vivos los queremos’.
— Es una tensión irresuelta del ‘proceso de cambio’.
— Al Estado le conviene resolver este tema (de los desaparecidos). ¿Qué está ocurriendo desde hace diez o doce años? Que diferentes compañeros y compañeras han tenido que denunciar ante la Corte Interamericana (de Derechos Humanos) su caso; el primero fue el impulsado por Gladys Solón, sobre su hijo Juan Carlos Trujillo; luego vino el caso de la familia Ibsen. Como aquí no se ha logrado avanzar la investigación, el caso es llevado a la Corte Interamericana, y la Corte ha fallado contra Bolivia; y no solo es que el Estado tenga que pagar, eso es secundario; sino que además, y está en la sanción emitida por la Corte, Bolivia tiene que terminar la investigación hasta encontrar los restos y a los culpables; y hasta ahora no se ha hallado nada; gana Ibsen, igualito; gana Ticona-Estrada, igual; y (el Estado boliviano) tiene en puertas por lo menos tres o cuatro casos más. Entonces, lo que nosotros decimos es: ‘no tiene sentido que el Estado reaccione por cada caso, se va a ahogar buscando caso por caso en vez de hacer lo más lógico, una investigación completa; eso le va a evitar sanciones, además de quedar mal.
— Claro, como que se lo están resolviendo un problema por fuera que el Estado debió encarar por dentro, digamos.
— Pero claro. Por ejemplo, ahorita estamos en un juicio por el Plan Cóndor, en Argentina y en Italia, por los desaparecidos descendientes o de origen italiano, y en la lista están García Meza y Arce Gómez; ocurre que los van a sancionar y el proceso está en esos países, pero no aquí. Es un absurdo, entonces, el Estado boliviano queda mal. Luego, tenemos a los compañeros que están en El Prado; podemos estar de acuerdo o no, para nosotros el resarcimiento económico no es la prioridad, pero no pueden mantenerlos allí tres años...
— Las sanciones implican también compromisos…
— Pagar, poner nombre a una calle, nombre a una escuela, varias cosas; pero además, hacer una investigación, y saber qué ha pasado. Ahorita la familia Quiroga Santa Cruz está llevando el caso a la Corte Interamericana; recién (en reparticiones estatales) están correteando, dando mayor importancia, porque aquello está llegando a la Corte Interamericana.
— Es de propio interés del Estado impulsar esta Comisión.
— Vamos a decir que le interesa a este Gobierno, por las características que tiene, pero el Estado está obligado a resolver estos temas y explicar, a restituir los nombres, por eso se llama Comisión de la Verdad, Memoria, Justicia y Reparación.
— Ustedes piden que la Comisión la elija la Asamblea, pero de nombres propuestos por las asociaciones de víctimas. ¿No es tender a ser juez y parte?
— El temor de varios compañeros es que pudieran ponerse nombres de gente no neutral, que quisieran proteger; pero también otros decimos que no estén en representación de las víctimas; ha sido una discusión interna. Ahora, puede estar una personalidad que hubiera sido víctima, pero debería estar en función de sus méritos, no en ‘representación de’. Tienen que ser personas, personalidades, que realmente garanticen que la investigación y las conclusiones sean equilibradas.
— Sugieren que la Comisión sea financiada por el Estado (TGN).
— Debe ser del Estado, porque es el Estado el responsable; si no, olvídese; hasta que se consiga un apoyo económico, nunca va a funcionar.
— Es una entidad investigadora, de libre acceso a fuentes informativas, incluso las militares.
— Tiene que investigar, por eso tiene un equipo técnico, porque pueden haber personas probas, pero que no tienen experiencia en investigación. Pero la Comisión de conjunto investiga, hace el informe a la Asamblea Legislativa y ésta decide pasar a la Fiscalía. No es una comisión ejecutiva ni está por encima del Estado; es independiente de los poderes del Estado, pero tampoco puede juzgar.
— Ya hubo experiencia con los militares, sobre sus archivos. Ahí tendrá que ser muy clara la norma.
— Tiene que ser muy clara. No es posible que todo lo del Ministerio de Gobierno se hubiera perdido, no es posible que los ministerios no tengan algo. No es que no sea importante incidir, presionar, probablemente no quieran abrir (sus archivos), pero después la presión va a hacer que los abran. Pero además hay que saber buscar, hay expertos en archivos.
— ¿Y si se ha perdido información?
— Es imposible que el Ejército pierda un papel, sería perder su Inteligencia, la mucha o la poca que tenga; es imposible que la CIA, por ejemplo, no tenga copia digitalizada.
— Demandan además que la Comisión centralice toda la información sobre la represión en dictaduras; solo esto ya sería un gran logro.
— Claro, ahí ya tenemos un montón. Los que han pedido el resarcimiento, han entregado documentos originales, una base riquísima; por eso nosotros hemos pedido una copia de aquello, nos han dicho que están digitalizando, pero esa documentación es riquísima, porque ahí están las declaraciones, y trabajar estas declaraciones es fundamental.
— También hablan de la confidencialidad en cuanto a nombres.
— Es que hay personas que dicen ‘yo voy a declarar, pero no quiero que salga mi nombre’; así, el equipo tiene que asegurar que hay confidencialidad; por eso mismo, los archivos deberán ponerse a buen recaudo; pero que esto tampoco signifique que nadie lo va a abrir, alguien tendrá que hacerse cargo. La Comisión tendrá que evaluar este tema.
— Usted ha sido o es parte de este Gobierno. ¿Qué perspectiva le ve a esta Comisión, al proyecto de ley?
— Creo que el Gobierno y el Estado necesitan resolver este tema por compromiso internacional, por el mismo Gobierno que es (popular), y las razones políticas, que hacen de este proceso como que ha ido trabajando siempre en el tema de la verdad en función de los grupos luchadores, sociales. Es una deuda que tiene el Estado. Creo que la perspectiva, más que la expectativa, la tendencia, es que (el Estado) tiene que tomar este tema; probablemente en la Asamblea se discuta quiénes constituirán la Comisión; lo que no podría hacer es poner a un miembro que puede ser cuestionable.
— Un tema no menor de vuestra demanda es que todo esto se incluya en la currícula educativa.
— Exactamente. Es parte de la memoria. Se debe conocer y estudiar esta parte de la historia; el actual proceso (de cambio) ha nacido hace mucho tiempo: las víctimas (de las dictaduras) han sembrado lo que es este proceso. Esas víctimas no están pidiendo compensación económica, están pidiendo que el actual proceso no se vaya a la deriva y no vuelva a ocurrir otra dictadura; y eso desde la escuela tiene que saberse. Por eso la investigación que haga la Comisión debe ser lo suficientemente seria y coherente, para que (aquello) no vuelva a ocurrir, que no se repita nunca más; por eso es verdad y justicia, conocer la verdad y hacer justicia.
Perfil
Nombre: Nila Heredia Miranda
Nació: 21 de septiembre de 1943
Profesión: Médica
Cargo: Presidenta de Asofamd
Vida
En los ‘70, Heredia fue militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores de Bolivia (PRT-B); secuestrada el 2 de abril de 1976 de su casa, fue torturada en la entonces Prefectura de Cochabamba; su caso fue denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, la que tras solicitar informes al Gobierno boliviano de entonces (1977), declaró que la administración gubernamental de entonces violó los derechos a su integridad y al debido proceso.
jueves, 20 de agosto de 2015
ABOGADO DE CORONEL MELEAN RENDÓN PRESENTA CROQUIS DE LA UBICACIÓN DE LOS RESTOS DE MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ
miércoles, 12 de agosto de 2015
ESPSEREMOS NO PASE LO MISMO CON GARCÍA MEZA
AGRUPACIÓN DE FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS. CHILE
Conferencia de prensa realizada esta mañana de sábado 08 de agosto en la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, sobre la muerte de Juan Manuel Contreras Sepulveda
DECLARACIÓN PÚBLICA
Rodeado por sus familiares más cercanos, sedado para evitarle dolores físicos, conservando su grado de General de la República, asistido en uno de los hospitales con mayor cantidad de recursos técnicos para la sobrevivencia, muere el genocida Manuel Contreras Sepúlveda.
Para la Agrupación de Familiares de Detenid@s Desaparecid@s, la breve descripción anterior, deja en evidencia lo que aún es Chile a más de 42 años del golpe de estado y a 25 años de transición a la democracia y hablamos de transición pues si esta fuera una verdadera democracia, otro sería el tenor de este encabezado.
529 años acumulados por condenas por violaciónes a los derechos humanos, por crímenes de lesa humanidad. Desapariciones forzadas, ejecuciones políticas, torturas son el prontuario de quien fuera el creador de la DINA , Dirección de Inteligencia Nacional, mano derecha del dictador con quien sostenía reuniones diarias para informarle del genocidio.
Cabecilla de la coordinación en América Latina del extermino no solo de connacionales, sino también de luchadores por la libertad de esta América sitiada por el golpismo en los años 70. Bajo su responsabilidad operan los servicios de inteligencia responsables de miles de víctimas que hasta hoy claman por justicia.
Nada diremos de su muerte, solo queremos analizar y entregar nuestra opinión acerca de las circunstancias que la rodean. A pesar de ser condenado bajo los cánones de justicia tradicionales, muere sin ser degradado; muere sometido a tratamientos especiales de reclusión; muere en una sofisticada impunidad que ni le impide reunirse con su familia ni amistades; muere, hasta hace poco, asistido por abogados costeados mediante descuentos por planilla a funcionarios de las FFAA; muere como el máximo representante del llamado pacto de silencio, todo esto con la anuencia de quienes aceptaron la creación de cárceles especiales para los violadores de derechos humanos, por quienes se han negado a degradarlos a pesar de los crímenes horrendos cometidos, por quienes ha aceptado se les realicen homenajes y gratifique con medallas alusivas al golpe a quienes se suponen merecedores por servicios a la Patria, por quienes en una actitud que refuerza el pacto de silencio, legislan a favor del mismo imponiendo 50 años de resguardo de los nombres de los perpetradores.
La muerte de Manuel Contreras Sepúlveda nos conecta con el Chile que no quiere más impunidad, que siente que las autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial tienen el imperativo moral de articular todas las medidas necesarias para que NUNCA MAS, el país se vea enfrentado a una dictadura cívico militar como la que sufrimos.
Creemos que no se cierra una etapa, más bien se abre otra cuya responsabilidad histórica está en sus manos. Es el momento de implementar las medidas legislativas, políticas, militares, éticas y humanas que den la seguridad a las presentes y futuras generaciones, que den la certeza que hechos de la naturaleza practicada por Manuel Contreras Sepúlveda y otros, serán imposible de repetirse.
AGRUPACIÓN DE FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS
Santiago, 7 de agosto de 2015
Conferencia de prensa realizada esta mañana de sábado 08 de agosto en la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, sobre la muerte de Juan Manuel Contreras Sepulveda
DECLARACIÓN PÚBLICA
Rodeado por sus familiares más cercanos, sedado para evitarle dolores físicos, conservando su grado de General de la República, asistido en uno de los hospitales con mayor cantidad de recursos técnicos para la sobrevivencia, muere el genocida Manuel Contreras Sepúlveda.
Para la Agrupación de Familiares de Detenid@s Desaparecid@s, la breve descripción anterior, deja en evidencia lo que aún es Chile a más de 42 años del golpe de estado y a 25 años de transición a la democracia y hablamos de transición pues si esta fuera una verdadera democracia, otro sería el tenor de este encabezado.
529 años acumulados por condenas por violaciónes a los derechos humanos, por crímenes de lesa humanidad. Desapariciones forzadas, ejecuciones políticas, torturas son el prontuario de quien fuera el creador de la DINA , Dirección de Inteligencia Nacional, mano derecha del dictador con quien sostenía reuniones diarias para informarle del genocidio.
Cabecilla de la coordinación en América Latina del extermino no solo de connacionales, sino también de luchadores por la libertad de esta América sitiada por el golpismo en los años 70. Bajo su responsabilidad operan los servicios de inteligencia responsables de miles de víctimas que hasta hoy claman por justicia.
Nada diremos de su muerte, solo queremos analizar y entregar nuestra opinión acerca de las circunstancias que la rodean. A pesar de ser condenado bajo los cánones de justicia tradicionales, muere sin ser degradado; muere sometido a tratamientos especiales de reclusión; muere en una sofisticada impunidad que ni le impide reunirse con su familia ni amistades; muere, hasta hace poco, asistido por abogados costeados mediante descuentos por planilla a funcionarios de las FFAA; muere como el máximo representante del llamado pacto de silencio, todo esto con la anuencia de quienes aceptaron la creación de cárceles especiales para los violadores de derechos humanos, por quienes se han negado a degradarlos a pesar de los crímenes horrendos cometidos, por quienes ha aceptado se les realicen homenajes y gratifique con medallas alusivas al golpe a quienes se suponen merecedores por servicios a la Patria, por quienes en una actitud que refuerza el pacto de silencio, legislan a favor del mismo imponiendo 50 años de resguardo de los nombres de los perpetradores.
La muerte de Manuel Contreras Sepúlveda nos conecta con el Chile que no quiere más impunidad, que siente que las autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial tienen el imperativo moral de articular todas las medidas necesarias para que NUNCA MAS, el país se vea enfrentado a una dictadura cívico militar como la que sufrimos.
Creemos que no se cierra una etapa, más bien se abre otra cuya responsabilidad histórica está en sus manos. Es el momento de implementar las medidas legislativas, políticas, militares, éticas y humanas que den la seguridad a las presentes y futuras generaciones, que den la certeza que hechos de la naturaleza practicada por Manuel Contreras Sepúlveda y otros, serán imposible de repetirse.
AGRUPACIÓN DE FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS
Santiago, 7 de agosto de 2015
viernes, 17 de julio de 2015
martes, 14 de julio de 2015
lunes, 13 de julio de 2015
Página/12 En Italia
En Roma también se juzga el Plan Cóndor
La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto; el subsecretario de Derechos Humanos, Luis Alén, y Patricia Bernardi, del EAAF, fueron algunos de los testigos. Se juzga a 32 militares y civiles de Uruguay, Chile, Bolivia y Perú.
Por Elena Llorente
Desde Roma
Mientras en Argentina el juicio por los crímenes del Plan Cóndor está en la etapa de alegatos, en Italia también se está llevando a cabo un proceso –el primero que se está haciendo en Europa– contra esta organización orquestada por las dictaduras latinoamericanas de los años ’70 para eliminar opositores. Esta semana fueron convocados a declarar Estela Carloto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo; Luis Alén, subsecretario de Derechos Humanos argentino, y Patricia Bernardi, del Equipo Argentino de Antropología Forense, además de nietos y familiares. El tribunal está tratando los casos de algunos argentinos y uruguayos desaparecidos. Varios de ellos pasaron por la cárcel clandestina Automotores Orletti y desaparecieron en otros países. Entre ellos el caso de la uruguaya María Emilia Islas Gatti de Zaffaroni, secuestrada en Buenos Aires en 1976 junto a su marido Jorge Zaffaroni y su hijita de 11 meses Mariana. Mariana, que nació en Argentina y recuperó su identidad en 1993, estuvo entre los testigos de ayer. También declaró la argentina Carla Artés Company, que vive en España, nieta recuperada e hija de Graciela Rutila Artés, arrestada en Bolivia y trasladada a Orletti, como le sucedió al argentino, que también vivió en Bolivia, Luis Stamponi, compañero del Che Guevara, cuyo caso se trató la semana pasada. La nieta reencontrada del fallecido escritor argentino Juan Gelman, Macarena, que estaba también entre los declarantes, no pudo viajar a Roma por razones de salud.
El proceso Cóndor de Roma ha llevado a juicio a 32 militares y civiles de Uruguay, Chile, Bolivia y Perú –no hay militares argentinos acusados porque Argentina los está procesando por su lado–, por la desaparición y muerte de 43 ítalo-argentinos, ítalo-uruguayos, ítalo-chilenos y uruguayos. Los militares y civiles acusados, algunos de ellos en la cárcel en sus respectivos países, son juzgados en ausencia, a excepción del uruguayo Jorge Troccoli, que vive en Italia en libertad y con ciudadanía italiana.
El subsecretario Alén, que declaró el jueves, contó a Página/12 que su intervención estuvo principalmente centrada en Orletti, porque, dijo, es “donde estuvieron la mayoría de los uruguayos”. “Mi declaración no fue sobre casos puntuales, sino como experto y sobre los juicios en general que se están haciendo en la Argentina.” Los jueces le preguntaron, entre otras cosas, cómo se llegó a la conclusión de que existía el Plan Cóndor. Entonces “yo expliqué –agregó– que existen numerosos documentos e investigaciones que permitieron llegar a esa conclusión, incluso algunos documentos desclasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos”. También, añadió, gracias a la tarea que han llevado a cabo los distintos organismos de derechos humanos del país y del Mercosur, que desde 2010 cuenta con un grupo técnico en materia de cooperación y de intercambio de archivos de derechos humanos. “Actualmente hay 219 archivos que están en custodia del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur. Esa es una base documental que permite sin duda alguna demostrar la existencia del Plan Cóndor que, por lo demás, no podría haber pasado sin tener la aprobación de los Estados Unidos y sin el conocimiento de las autoridades que estaban en cada país miembro”, concluyó.
Por su parte, Estela Carlotto contó a Página/12 que habló “con mucha emoción, aunque el lugar era siniestro” (la sala de tribunales de la cárcel de Rebibbia). “Lo que quisieron saber fue mi trayectoria y cómo llegué a ser presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, cosa que reseñé lo más sintéticamente posible. Y todas las actividades que realizamos para encontrar a los nietos. Me preguntaron sobre algunos casos de nietos, emblemáticos porque con ellos se puede demostrar que hubo un Plan Cóndor. Se trató de los nietos Carlos D’Elía Casco, María Victoria Moyano Artigas, los hermanos Anatole y Victoria Julien Grisonas (encontrados en Chile), Carmen Gallo Sanz, y Mariana Zaffaroni, todos hijos de uruguayos desaparecidos. En casi una hora de interrogatorio, en el que varias veces tomó la palabra el principal fiscal de este proceso, Giancarlo Capaldo, Carlotto dijo que habló “con la sensibilidad de una abuela y con sencillez, sobre todo para sensibilizar al jurado popular que está también en la sala”.
A Mariana Zaffaroni los jueces le pidieron que contara lo que sabía sobre la desaparición de sus padres y la apropiación de su persona por un miembro de los servicios de Inteligencia. “Lo que me comentó el fiscal fue que ellos pueden tomar como prueba sólo las sentencias definitivas y las únicas definitivas en el caso de mi familia es la de mi juicio por apropiación realizado en Argentina donde se demostró que mi mamá estuvo arrestada en Orletti.” “Considero este juicio una muestra de que efectivamente los derechos humanos son universales y que su violación merece justicia. Si bien se lleva a cabo sólo respecto a los descendientes de italianos, de alguna manera es un mensaje claro de que esas cosas no pueden quedar impunes”, concluyó.
Patricia Bernardi, del Equipo Argentino de Antropología Forense, fue la encargada de contar a los jueces, mostrando fotos de los hallazgos, los casos de algunas personas asesinadas que fueron encontradas en unos bidones en el Canal San Fernando del Tigre en octubre de 1976. La prefectura en aquel momento les tomó las huellas digitales y los enterró en una fosa común. Gracias a documentos encontrados en 1989, se pudo llegar a esos cuerpos y identificarlos. Todos habían pasado por la cárcel clandestina de Automotores Orletti. Entre ellos estaba el hijo de Gelman, Marcelo. Bernardi mostró fotos de los cráneos, atravesados por una bala en la nuca, y de las costillas rotas, por lo menos 15 días antes de la muerte, dijo.
El compañero del Che
Luis Stamponi, nacido en 1935 en Punta Alta, conoció al Che en Cuba. Fue arrestado en Bolivia en 1976 durante la dictadura de Banzer y trasladado a Argentina. Fue encerrado en Orletti y luego desapareció, posiblemente en Uruguay, como otros de Orletti. Stamponi es “un personaje fascinante por su largo compromiso que empieza con la lucha estudiantil por la enseñanza ‘laica o libre’ de 1955-56 hasta atravesar toda la historia de la guerrilla guevarista. Estuvo en 1962 en Cuba y conoció al Che Guevara pero según las investigación históricas que he hecho, no creo que lo haya vuelto a ver”, contó a Página/12 Gustavo Rodríguez Ostria, actual embajador boliviano en Perú e historiador. Rodríguez Ostria, que dijo hablar a nivel personal, ha escrito dos libros referidos a la experiencia de Stamponi y sus compañeros y fue convocado por la Justicia italiana como estudioso. “Stamponi participó de la reconstrucción de la guerrilla guevarista en Bolivia luego de la muerte del Che en 1968”, contó.
Nila Heredia, médica, ex ministra de Salud del gobierno de Evo Morales y presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Mártires de la Revolución Nacional (Asofamd), declaró también ante los jueces como compañera en la vida y en la militancia de Stamponi. “Yo era la compañera de Luis desde 1971 y hasta que desapareció –contó a Página/ 12–. Yo era militante del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y ahí conocí a Luis, que nosotros llamábamos Gerardo, porque él aparecía como Gerardo Bermúdez. En 1976 nos agarraron, a mí en abril, a Luis en septiembre. Desde que me apresaron, estuve totalmente aislada, primero en la cárcel de Achocaya y luego en Viacha y nunca más lo volví a ver.”
Enriqueta Stamponi, prima de Luis, atestiguó como familiar, aun cuando, como contó, para poder hablar de su primo tuvo que remitirse a su tía, la madre de Luis, Mafalda Corilandesi, también desaparecida. “Mi tía fue de Punta Alta a Buenos Aires y de ahí a Bolivia, cuando le dijeron que habían agarrado a mi primo. Era noviembre de 1976. Pero en la cárcel de Bolivia no estaba. Así es que se volvió a Buenos Aires y de allí nos llamó a Punta Alta para contarnos además que creía que la seguían. Ella salió del hotel donde se hospedaba y cuando volvió, la arrestaron. Nunca más supimos nada de mi tía y tampoco de Luis. Y ella no tenía ningún tipo de militancia. Era simplemente una madre que buscaba a su hijo”, contó.
Italia juzga a los represores del Plan Cóndor
Jorge Néstor Troccoli es el único imputado en la
causa detendio en Italia. También están acusados, aunque ausentes, 31
militares y civiles de Uruguay, Chile, Bolivia y Perú por la
desaparición de 43 personas.
Por Elena Llorente
Desde Roma
Ante la presencia de un solo imputado, Jorge Néstor Troccoli, ex miembro del Servicio de Inteligencia de la marina uruguaya, la Justicia italiana dio comienzo ayer en Roma al primer juicio contra el Plan Cóndor en Europa. También están acusados, aunque ausentes, 31 militares y civiles de Uruguay, Chile, Bolivia y Perú, nueve de los cuales están presos en sus respectivos países y el resto libres, todo ellos acusados por la desaparición o asesinato de 43 personas (6 ítalo-argentinos, 4 ítalo-chilenos, 13 ítalo-uruguayos y 20 uruguayos) durante las dictaduras militares que dominaron esas naciones latinoamericanas en la década del ’70.
Presidida por Evelina Canale y un jurado de 12 jueces populares como estila la Justicia italiana, la primera audiencia duró seis horas para resolver formalidades y rechazar todas las objeciones que presentaron los defensores de los acusados. Pero también fijó la próxima audiencia para el 12 de marzo. Y para el 13, una nueva audiencia por el caso del general boliviano Luis García Meza, implicado en el Plan Cóndor y detenido en La Paz por estar acusado de asesinato y complicidad con el narcotráfico. Sobre el caso de este golpista, que entre otras cosas derrocó al gobierno democrático de Lidia Guelier en 1980, la Justicia italiana no ha podido decidir todavía si incorporarlo o no al proceso Cóndor.
“Después de 40 años de los hechos, este proceso tiene un valor moral y trata de conocer la verdad o parte de la verdad de lo que ocurrió en América latina. Debe demostrar lo que ocurrió de modo autónomo, independiente, imparcial”, dijo a la prensa el fiscal Giancarlo Capaldo, que comenzó a reunir pruebas hace más de 12 años. Ante la falta de imputados argentinos en este proceso –cuando la dictadura argentina, como se sabe, formó parte del Plan Cóndor para la eliminación de opositores políticos junto a las de Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile y Perú–, el fiscal había declarado precedentemente que se trataba de una “elección política” del gobierno argentino. Fuentes de la embajada argentina reiteraron por su parte que el “gobierno argentino, al haber eliminado las leyes de impunidad que existían, ha garantizado que los juicios de lesa humanidad puedan realizarse de manera absolutamente abierta. Los que han iniciado acciones legales fuera de su país lo hacen porque tienen dificultades para hacerlo en su propia nación”.
Sólo dos familiares estuvieron presentes en la audiencia de ayer, ambas residentes en Italia, las uruguayas Cristina Mihura, viuda de Bernardo Arnone, desaparecido en Buenos Aires en 1976; y Aurora Meloni, cuyo marido, Daniel Banfi, fue arrestado (y luego apareció muerto) por fuerzas policiales uruguayas y argentinas en Buenos Aires en 1974. “Estamos comenzando después de tantos años de lucha. No va a ser fácil, porque no es fácil probar cosas después de tanto tiempo. La mayor parte de las pruebas las hemos recogido nosotros, los familiares, con muy poca ayuda de los Estados, porque los archivos estaban cerrados y por motivos varios, y de personas que han tenido miedo y que recién ahora se están arrimando. Pero mantendremos la misma tenacidad que hasta ahora”, dijo Mihura a Página/12. Y Meloni por su parte comentó: “La emoción es fuerte. Pero el agradecimiento a quien permite que esto suceda, también. Me refiero al Estado italiano, a la fiscalía, al trabajo que hizo el fiscal Capaldo, al de todos los familiares que representamos a estas víctimas. Creo que está llegando al mundo lo que está sucediendo. ¿Qué espero de esto? Espero respuestas, noticias, informaciones que no tengo y, sobre todo, justicia”.
Las primeras 10 o 15 filas de mesas de la sala de audiencias judiciales de la Cárcel de Rebibbia (conocida como “el bunker”, porque ahí se hacen juicios penales peligrosos) estuvieron ocupadas por un numeroso grupo de abogados, muchos de oficio, que defenderán a acusados y a familiares. No sólo los familiares se han constituido como partes querellantes sino también el gobierno de Uruguay, las Abuelas de Plaza de Mayo y dos asociaciones de familiares, una de Chile y la otra de Bolivia. “La presencia de las Abuelas de Plaza de Mayo será un soporte importante en este proceso –dijo a Página/12 la abogada que las defiende, Simona Filippi–. Porque los casos más atroces, a mi modo de ver, son los de esas mujeres embarazadas que no sólo fueron torturadas y luego asesinadas sino a quienes antes les fueron quitados sus hijos pequeños. Estela Carlotto estará entre los testigos del proceso.” Los testigos son 149, de distintos países, y dentro de algunos días se conocerá el calendario para esas presencias.
Para Giancarlo Maniga, uno de los abogados que desde hace años defiende a los latinoamericanos en materia de derechos humanos, “aunque ha pasado mucho tiempo desde que se presentaron las primeras denuncias, por suerte estamos comenzando. Lamentablemente varios de los acusados han muerto. Pero lo que cuenta es llegar a una conclusión, espero, de condena”. “Estos procesos tienen tres puntos relevantes –agregó–: hacer justicia, que es nuestra obligación, mantener la memoria y contribuir a que en los países donde estos hechos se produjeron, madure una Justicia verdadera como paso importante de la democracia.”
Vestido de marrón y cabizbajo casi todo el tiempo, Troccoli estaba sentado junto a sus defensores. Pero no quiso hacer declaraciones, indicando a su abogado, Francesco Saverio Guzzo, para que hablara. “Troccoli no ha tenido jamás un rol determinante en las cosas de las que se lo acusa, y será demostrado durante el proceso –dijo–. No se puede negar que fue parte de una organización militar. Pero desde 1996 ha tomado distancia de sus viejos conocidos, reiterando su total no responsabilidad en los hechos que se le atribuyen. Además hay que recordar que Troccoli llegó a Italia en 2007, fue arrestado por unos meses y que la Justicia luego lo dejó en libertad. Y esto es un buen punto de partida para él.”
Las embajadas de Chile, Uruguay, Perú y Bolivia enviaron sus representantes a la audiencia. El embajador boliviano Antolín Gómez, el único embajador presente, dijo a Página/12 que su gobierno está dispuesto a colaborar con las autoridades italianas “pese a que las personas acusadas están ya en la cárcel y condenadas. Pero estamos aquí porque no sólo es importante para nuestro gobierno sino para las familias afectadas”.
Entre los acusados se encuentran los uruguayos Juan Carlos Blanco (ex ministro de Exteriores del gobierno de facto 1973-76); el general Iván Paulós, jefe del Servicio de Informaciones de la Defensa (SID), y el coronel Pedro Antonio Mato Narbondo, acusado de haber sido uno de los organizadores de la represión y las torturas en el centro de detención clandestina de Buenos Aires conocido como Automotores Orletti. También los chilenos Sergio Arellano Stark, famoso por haber dirigido la Caravana de la Muerte que fue asesinando presos políticos por todo el país; Manuel Contreras, que dirigía la DINA, el servicio secreto de la dictadura de Augusto Pinochet; y Daniel Aguirre Mora, dirigente de la terrorífica CNI (Central Nacional de Inteligencia). Entre los peruanos se destaca la figura del general Francisco Morales Bermúdez, presidente de Perú de 1975 a 1980; el jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) Martín Martínez Garay y el general y ex primer ministro Pedro Richter Prada.
martes, 26 de mayo de 2015
jueves, 21 de mayo de 2015
Argentina abre Sitio de Memoria en extinto centro de tortura
"Es un sitio de memoria y no un museo porque en el museo se guarda el pasado mientras que en sitios de memoria se guarda la Justicia y la verdad". La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, inauguró este martes un sitio de memoria histórica en el extinto centro clandestino de la ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada), uno de los principales centros de tortura y exterminio por donde pasaron personas, generalmente perseguidas por su militancia política, social y sindical, la mayoría de las cuales permanecen desaparecidas. En el acto, la Mandataria manifestó: “Hay una victoria de la vida sobre la muerte, de la patria sobre la antipatria” y recordó que en el año 2004, el entonces presidente Néstor Kirchner, se trasladó hasta esta edificación para prometer la recuperación del mismo. “Aquí no estamos sólo recuperando una infraestructura, sino rescatando la memoria y la historia de los argentinos", enfatizó.
El llamado Sitio de Memoria es una propuesta museográfica del Directorio del Ente del Espacio para la Memoria; Organismos de Derechos Humanos; y la Secretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación. Este es el primer acto de una serie de actividades que realizará el Gobierno argentino para conmemorar un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, actividades que se ejecutarán bajo el lema "El mismo Sol, la misma Patria".
Este contenido ha sido publicado originalmente por teleSUR bajo la siguiente dirección: http://www.telesurtv.net/news/Argentina-abre-Sitio-de-Memoria-en-extinto-centro-de-tortura-20150519-0033.html. Si piensa hacer uso del mismo, por favor, cite la fuente y coloque un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. www.teleSURtv.net
“Yo creo que este es un acto de resistencia de la memoria y de la vida que como el sol, siempre aparece”.
El llamado Sitio de Memoria es una propuesta museográfica del Directorio del Ente del Espacio para la Memoria; Organismos de Derechos Humanos; y la Secretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación. Este es el primer acto de una serie de actividades que realizará el Gobierno argentino para conmemorar un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, actividades que se ejecutarán bajo el lema "El mismo Sol, la misma Patria".
Este contenido ha sido publicado originalmente por teleSUR bajo la siguiente dirección: http://www.telesurtv.net/news/Argentina-abre-Sitio-de-Memoria-en-extinto-centro-de-tortura-20150519-0033.html. Si piensa hacer uso del mismo, por favor, cite la fuente y coloque un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. www.teleSURtv.net
martes, 24 de marzo de 2015
lunes, 23 de marzo de 2015
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