Río de Janeiro, Reuters
Hace un mes, el coronel retirado del Ejército brasileño Paulo Malhães declaró con orgullo que durante la dictadura militar que gobernó su país entre 1964 y 1985 torturó hasta la muerte a personas de izquierda, a quienes les cortaron las manos para evitar que sus cuerpos fueran identificados.
"Torturé a todos los que tenía que hacerlo", dijo Malhaes, de 76 años, a una comisión especial que investiga los crímenes cometidos por los militares durante la época.
"Es difícil decir cuántos (víctimas) fueron, pero fueron muchos", agregó.
A última hora del jueves, Malhães fue encontrado muerto, boca abajo y con signos de asfixia, después de que tres hombres irrumpieron en su casa en las afueras de Río de Janeiro.
La policía investiga si el crimen fue resultado de un robo o de un acto de venganza política. Sin embargo, los miembros de la denominada Comisión Nacional de la Verdad, que investiga abusos de militares en dictadura, ya temen que la muerte de Malhães disuadirá a otros testigos a presentarse ante la justicia.
"Algunas personas ahora tienen miedo", dijo la abogada Rosa Cardoso, una de las líderes de la comisión.
"Va a hacer que nuestro trabajo sea más difícil, al menos por un tiempo", agregó.
La comisión fue creada en el 2011 por la presidenta
Dilma Rousseff, una ex guerrillera izquierdista que fue encarcelada y torturada por los militares durante la década de 1970.
La misión del grupo es descubrir nueva información sobre la muerte de más de 300 brasileños durante la dictadura y sobre los miles de personas que fueron torturadas. La comisión no puede enjuiciar penalmente a nadie en base a sus resultados debido a una ley de amnistía de 1979.
Pero a pesar de sus limitadas facultades, las tensiones han ido en aumento, en momentos en que la Comisión de la Verdad se prepara para presentar formalmente sus conclusiones en diciembre.
El grupo ha escuchado los testimonios y documentos que indican que la tortura fue mucho más generalizada que lo conocido, según investigadores.
Cardoso y otros abogados han cuestionado la validez de la ley de amnistía de 1979 y han expresado su esperanza de que las conclusiones de su informe aumentarán la presión del público para que pueda ser modificada o revocada.
En ese contexto, el testimonio de Malhães y otros podría representar un peligro para los numerosos ex soldados que todavía están vivos. A diferencia de otros países sudamericanos como Argentina o Chile, los militares brasileños nunca enfrentaron juicio por torturas o muertes.
CASA DE LA MUERTE
Malhães, quien dijo que trabajó en un centro de tortura militar conocido como la Casa de la Muerte, en las afueras de Río de Janeiro, nombró a por lo menos dos de los oficiales superiores que le daban órdenes al testificar durante varias horas ante la comisión el 25 de marzo.
"El tenía mucho más qué contar. Mucha gente tenía razones para querer cerrarle la boca", dijo Alvaro Caldas, un ex periodista y miembro de una comisión paralela que analiza sólo los delitos en el estado de Río de Janeiro.
La Comisión Nacional de la Verdad ha pedido a la Policía Federal ayudar a los funcionarios locales en su investigación y determinar si el ataque tuvo motivaciones políticas.
Los tres asaltantes estaban esperando dentro de la casa cuando Malhães y su esposa regresaron la tarde del jueves, dijo la policía. Después de pasar más de ocho horas en la vivienda, dejaron el cadáver del coronel retirado en el piso y se llevaron las armas, dinero en efectivo y computadoras, informó la policía.
Los asaltantes utilizaron radios para comunicarse entre sí y hablaron abiertamente de "una orden de matar" a Malhães, dijo a periodistas este fin de semana su ahijado Joaquim Souza, quien reveló que esta información la recibió de la esposa de Malhães, la que sobrevivió al ataque.
Un informe de la autopsia publicado el sábado indicó que Malhães pudo haber muerto de un ataque al corazón durante el asalto, aunque los médicos y la policía dijeron que era necesaria tener más antecedentes.
Rosa Cardoso, integrante de Comisión de la Verdad, dijo que el grupo cree que el ataque podría haber sido ordenado por soldados en retiro o podría haber sido una venganza de alguien molesto por la aparente falta de remordimiento de Malhães durante su testimonio el mes pasado.
También podría tratarse de un delito común, agregó.
"Ahora tenemos que esperar a ver qué encuentra la policía",sostuvo Cardoso. "Mientras tanto, nuestro trabajo no será fácil".