viernes, 17 de julio de 2015
martes, 14 de julio de 2015
lunes, 13 de julio de 2015
Página/12 En Italia
En Roma también se juzga el Plan Cóndor
La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto; el subsecretario de Derechos Humanos, Luis Alén, y Patricia Bernardi, del EAAF, fueron algunos de los testigos. Se juzga a 32 militares y civiles de Uruguay, Chile, Bolivia y Perú.
Por Elena Llorente
Desde Roma
Mientras en Argentina el juicio por los crímenes del Plan Cóndor está en la etapa de alegatos, en Italia también se está llevando a cabo un proceso –el primero que se está haciendo en Europa– contra esta organización orquestada por las dictaduras latinoamericanas de los años ’70 para eliminar opositores. Esta semana fueron convocados a declarar Estela Carloto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo; Luis Alén, subsecretario de Derechos Humanos argentino, y Patricia Bernardi, del Equipo Argentino de Antropología Forense, además de nietos y familiares. El tribunal está tratando los casos de algunos argentinos y uruguayos desaparecidos. Varios de ellos pasaron por la cárcel clandestina Automotores Orletti y desaparecieron en otros países. Entre ellos el caso de la uruguaya María Emilia Islas Gatti de Zaffaroni, secuestrada en Buenos Aires en 1976 junto a su marido Jorge Zaffaroni y su hijita de 11 meses Mariana. Mariana, que nació en Argentina y recuperó su identidad en 1993, estuvo entre los testigos de ayer. También declaró la argentina Carla Artés Company, que vive en España, nieta recuperada e hija de Graciela Rutila Artés, arrestada en Bolivia y trasladada a Orletti, como le sucedió al argentino, que también vivió en Bolivia, Luis Stamponi, compañero del Che Guevara, cuyo caso se trató la semana pasada. La nieta reencontrada del fallecido escritor argentino Juan Gelman, Macarena, que estaba también entre los declarantes, no pudo viajar a Roma por razones de salud.
El proceso Cóndor de Roma ha llevado a juicio a 32 militares y civiles de Uruguay, Chile, Bolivia y Perú –no hay militares argentinos acusados porque Argentina los está procesando por su lado–, por la desaparición y muerte de 43 ítalo-argentinos, ítalo-uruguayos, ítalo-chilenos y uruguayos. Los militares y civiles acusados, algunos de ellos en la cárcel en sus respectivos países, son juzgados en ausencia, a excepción del uruguayo Jorge Troccoli, que vive en Italia en libertad y con ciudadanía italiana.
El subsecretario Alén, que declaró el jueves, contó a Página/12 que su intervención estuvo principalmente centrada en Orletti, porque, dijo, es “donde estuvieron la mayoría de los uruguayos”. “Mi declaración no fue sobre casos puntuales, sino como experto y sobre los juicios en general que se están haciendo en la Argentina.” Los jueces le preguntaron, entre otras cosas, cómo se llegó a la conclusión de que existía el Plan Cóndor. Entonces “yo expliqué –agregó– que existen numerosos documentos e investigaciones que permitieron llegar a esa conclusión, incluso algunos documentos desclasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos”. También, añadió, gracias a la tarea que han llevado a cabo los distintos organismos de derechos humanos del país y del Mercosur, que desde 2010 cuenta con un grupo técnico en materia de cooperación y de intercambio de archivos de derechos humanos. “Actualmente hay 219 archivos que están en custodia del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur. Esa es una base documental que permite sin duda alguna demostrar la existencia del Plan Cóndor que, por lo demás, no podría haber pasado sin tener la aprobación de los Estados Unidos y sin el conocimiento de las autoridades que estaban en cada país miembro”, concluyó.
Por su parte, Estela Carlotto contó a Página/12 que habló “con mucha emoción, aunque el lugar era siniestro” (la sala de tribunales de la cárcel de Rebibbia). “Lo que quisieron saber fue mi trayectoria y cómo llegué a ser presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, cosa que reseñé lo más sintéticamente posible. Y todas las actividades que realizamos para encontrar a los nietos. Me preguntaron sobre algunos casos de nietos, emblemáticos porque con ellos se puede demostrar que hubo un Plan Cóndor. Se trató de los nietos Carlos D’Elía Casco, María Victoria Moyano Artigas, los hermanos Anatole y Victoria Julien Grisonas (encontrados en Chile), Carmen Gallo Sanz, y Mariana Zaffaroni, todos hijos de uruguayos desaparecidos. En casi una hora de interrogatorio, en el que varias veces tomó la palabra el principal fiscal de este proceso, Giancarlo Capaldo, Carlotto dijo que habló “con la sensibilidad de una abuela y con sencillez, sobre todo para sensibilizar al jurado popular que está también en la sala”.
A Mariana Zaffaroni los jueces le pidieron que contara lo que sabía sobre la desaparición de sus padres y la apropiación de su persona por un miembro de los servicios de Inteligencia. “Lo que me comentó el fiscal fue que ellos pueden tomar como prueba sólo las sentencias definitivas y las únicas definitivas en el caso de mi familia es la de mi juicio por apropiación realizado en Argentina donde se demostró que mi mamá estuvo arrestada en Orletti.” “Considero este juicio una muestra de que efectivamente los derechos humanos son universales y que su violación merece justicia. Si bien se lleva a cabo sólo respecto a los descendientes de italianos, de alguna manera es un mensaje claro de que esas cosas no pueden quedar impunes”, concluyó.
Patricia Bernardi, del Equipo Argentino de Antropología Forense, fue la encargada de contar a los jueces, mostrando fotos de los hallazgos, los casos de algunas personas asesinadas que fueron encontradas en unos bidones en el Canal San Fernando del Tigre en octubre de 1976. La prefectura en aquel momento les tomó las huellas digitales y los enterró en una fosa común. Gracias a documentos encontrados en 1989, se pudo llegar a esos cuerpos y identificarlos. Todos habían pasado por la cárcel clandestina de Automotores Orletti. Entre ellos estaba el hijo de Gelman, Marcelo. Bernardi mostró fotos de los cráneos, atravesados por una bala en la nuca, y de las costillas rotas, por lo menos 15 días antes de la muerte, dijo.
El compañero del Che
Luis Stamponi, nacido en 1935 en Punta Alta, conoció al Che en Cuba. Fue arrestado en Bolivia en 1976 durante la dictadura de Banzer y trasladado a Argentina. Fue encerrado en Orletti y luego desapareció, posiblemente en Uruguay, como otros de Orletti. Stamponi es “un personaje fascinante por su largo compromiso que empieza con la lucha estudiantil por la enseñanza ‘laica o libre’ de 1955-56 hasta atravesar toda la historia de la guerrilla guevarista. Estuvo en 1962 en Cuba y conoció al Che Guevara pero según las investigación históricas que he hecho, no creo que lo haya vuelto a ver”, contó a Página/12 Gustavo Rodríguez Ostria, actual embajador boliviano en Perú e historiador. Rodríguez Ostria, que dijo hablar a nivel personal, ha escrito dos libros referidos a la experiencia de Stamponi y sus compañeros y fue convocado por la Justicia italiana como estudioso. “Stamponi participó de la reconstrucción de la guerrilla guevarista en Bolivia luego de la muerte del Che en 1968”, contó.
Nila Heredia, médica, ex ministra de Salud del gobierno de Evo Morales y presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Mártires de la Revolución Nacional (Asofamd), declaró también ante los jueces como compañera en la vida y en la militancia de Stamponi. “Yo era la compañera de Luis desde 1971 y hasta que desapareció –contó a Página/ 12–. Yo era militante del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y ahí conocí a Luis, que nosotros llamábamos Gerardo, porque él aparecía como Gerardo Bermúdez. En 1976 nos agarraron, a mí en abril, a Luis en septiembre. Desde que me apresaron, estuve totalmente aislada, primero en la cárcel de Achocaya y luego en Viacha y nunca más lo volví a ver.”
Enriqueta Stamponi, prima de Luis, atestiguó como familiar, aun cuando, como contó, para poder hablar de su primo tuvo que remitirse a su tía, la madre de Luis, Mafalda Corilandesi, también desaparecida. “Mi tía fue de Punta Alta a Buenos Aires y de ahí a Bolivia, cuando le dijeron que habían agarrado a mi primo. Era noviembre de 1976. Pero en la cárcel de Bolivia no estaba. Así es que se volvió a Buenos Aires y de allí nos llamó a Punta Alta para contarnos además que creía que la seguían. Ella salió del hotel donde se hospedaba y cuando volvió, la arrestaron. Nunca más supimos nada de mi tía y tampoco de Luis. Y ella no tenía ningún tipo de militancia. Era simplemente una madre que buscaba a su hijo”, contó.
Italia juzga a los represores del Plan Cóndor
Jorge Néstor Troccoli es el único imputado en la
causa detendio en Italia. También están acusados, aunque ausentes, 31
militares y civiles de Uruguay, Chile, Bolivia y Perú por la
desaparición de 43 personas.
Por Elena Llorente
Desde Roma
Ante la presencia de un solo imputado, Jorge Néstor Troccoli, ex miembro del Servicio de Inteligencia de la marina uruguaya, la Justicia italiana dio comienzo ayer en Roma al primer juicio contra el Plan Cóndor en Europa. También están acusados, aunque ausentes, 31 militares y civiles de Uruguay, Chile, Bolivia y Perú, nueve de los cuales están presos en sus respectivos países y el resto libres, todo ellos acusados por la desaparición o asesinato de 43 personas (6 ítalo-argentinos, 4 ítalo-chilenos, 13 ítalo-uruguayos y 20 uruguayos) durante las dictaduras militares que dominaron esas naciones latinoamericanas en la década del ’70.
Presidida por Evelina Canale y un jurado de 12 jueces populares como estila la Justicia italiana, la primera audiencia duró seis horas para resolver formalidades y rechazar todas las objeciones que presentaron los defensores de los acusados. Pero también fijó la próxima audiencia para el 12 de marzo. Y para el 13, una nueva audiencia por el caso del general boliviano Luis García Meza, implicado en el Plan Cóndor y detenido en La Paz por estar acusado de asesinato y complicidad con el narcotráfico. Sobre el caso de este golpista, que entre otras cosas derrocó al gobierno democrático de Lidia Guelier en 1980, la Justicia italiana no ha podido decidir todavía si incorporarlo o no al proceso Cóndor.
“Después de 40 años de los hechos, este proceso tiene un valor moral y trata de conocer la verdad o parte de la verdad de lo que ocurrió en América latina. Debe demostrar lo que ocurrió de modo autónomo, independiente, imparcial”, dijo a la prensa el fiscal Giancarlo Capaldo, que comenzó a reunir pruebas hace más de 12 años. Ante la falta de imputados argentinos en este proceso –cuando la dictadura argentina, como se sabe, formó parte del Plan Cóndor para la eliminación de opositores políticos junto a las de Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile y Perú–, el fiscal había declarado precedentemente que se trataba de una “elección política” del gobierno argentino. Fuentes de la embajada argentina reiteraron por su parte que el “gobierno argentino, al haber eliminado las leyes de impunidad que existían, ha garantizado que los juicios de lesa humanidad puedan realizarse de manera absolutamente abierta. Los que han iniciado acciones legales fuera de su país lo hacen porque tienen dificultades para hacerlo en su propia nación”.
Sólo dos familiares estuvieron presentes en la audiencia de ayer, ambas residentes en Italia, las uruguayas Cristina Mihura, viuda de Bernardo Arnone, desaparecido en Buenos Aires en 1976; y Aurora Meloni, cuyo marido, Daniel Banfi, fue arrestado (y luego apareció muerto) por fuerzas policiales uruguayas y argentinas en Buenos Aires en 1974. “Estamos comenzando después de tantos años de lucha. No va a ser fácil, porque no es fácil probar cosas después de tanto tiempo. La mayor parte de las pruebas las hemos recogido nosotros, los familiares, con muy poca ayuda de los Estados, porque los archivos estaban cerrados y por motivos varios, y de personas que han tenido miedo y que recién ahora se están arrimando. Pero mantendremos la misma tenacidad que hasta ahora”, dijo Mihura a Página/12. Y Meloni por su parte comentó: “La emoción es fuerte. Pero el agradecimiento a quien permite que esto suceda, también. Me refiero al Estado italiano, a la fiscalía, al trabajo que hizo el fiscal Capaldo, al de todos los familiares que representamos a estas víctimas. Creo que está llegando al mundo lo que está sucediendo. ¿Qué espero de esto? Espero respuestas, noticias, informaciones que no tengo y, sobre todo, justicia”.
Las primeras 10 o 15 filas de mesas de la sala de audiencias judiciales de la Cárcel de Rebibbia (conocida como “el bunker”, porque ahí se hacen juicios penales peligrosos) estuvieron ocupadas por un numeroso grupo de abogados, muchos de oficio, que defenderán a acusados y a familiares. No sólo los familiares se han constituido como partes querellantes sino también el gobierno de Uruguay, las Abuelas de Plaza de Mayo y dos asociaciones de familiares, una de Chile y la otra de Bolivia. “La presencia de las Abuelas de Plaza de Mayo será un soporte importante en este proceso –dijo a Página/12 la abogada que las defiende, Simona Filippi–. Porque los casos más atroces, a mi modo de ver, son los de esas mujeres embarazadas que no sólo fueron torturadas y luego asesinadas sino a quienes antes les fueron quitados sus hijos pequeños. Estela Carlotto estará entre los testigos del proceso.” Los testigos son 149, de distintos países, y dentro de algunos días se conocerá el calendario para esas presencias.
Para Giancarlo Maniga, uno de los abogados que desde hace años defiende a los latinoamericanos en materia de derechos humanos, “aunque ha pasado mucho tiempo desde que se presentaron las primeras denuncias, por suerte estamos comenzando. Lamentablemente varios de los acusados han muerto. Pero lo que cuenta es llegar a una conclusión, espero, de condena”. “Estos procesos tienen tres puntos relevantes –agregó–: hacer justicia, que es nuestra obligación, mantener la memoria y contribuir a que en los países donde estos hechos se produjeron, madure una Justicia verdadera como paso importante de la democracia.”
Vestido de marrón y cabizbajo casi todo el tiempo, Troccoli estaba sentado junto a sus defensores. Pero no quiso hacer declaraciones, indicando a su abogado, Francesco Saverio Guzzo, para que hablara. “Troccoli no ha tenido jamás un rol determinante en las cosas de las que se lo acusa, y será demostrado durante el proceso –dijo–. No se puede negar que fue parte de una organización militar. Pero desde 1996 ha tomado distancia de sus viejos conocidos, reiterando su total no responsabilidad en los hechos que se le atribuyen. Además hay que recordar que Troccoli llegó a Italia en 2007, fue arrestado por unos meses y que la Justicia luego lo dejó en libertad. Y esto es un buen punto de partida para él.”
Las embajadas de Chile, Uruguay, Perú y Bolivia enviaron sus representantes a la audiencia. El embajador boliviano Antolín Gómez, el único embajador presente, dijo a Página/12 que su gobierno está dispuesto a colaborar con las autoridades italianas “pese a que las personas acusadas están ya en la cárcel y condenadas. Pero estamos aquí porque no sólo es importante para nuestro gobierno sino para las familias afectadas”.
Entre los acusados se encuentran los uruguayos Juan Carlos Blanco (ex ministro de Exteriores del gobierno de facto 1973-76); el general Iván Paulós, jefe del Servicio de Informaciones de la Defensa (SID), y el coronel Pedro Antonio Mato Narbondo, acusado de haber sido uno de los organizadores de la represión y las torturas en el centro de detención clandestina de Buenos Aires conocido como Automotores Orletti. También los chilenos Sergio Arellano Stark, famoso por haber dirigido la Caravana de la Muerte que fue asesinando presos políticos por todo el país; Manuel Contreras, que dirigía la DINA, el servicio secreto de la dictadura de Augusto Pinochet; y Daniel Aguirre Mora, dirigente de la terrorífica CNI (Central Nacional de Inteligencia). Entre los peruanos se destaca la figura del general Francisco Morales Bermúdez, presidente de Perú de 1975 a 1980; el jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) Martín Martínez Garay y el general y ex primer ministro Pedro Richter Prada.
martes, 26 de mayo de 2015
jueves, 21 de mayo de 2015
Argentina abre Sitio de Memoria en extinto centro de tortura
"Es un sitio de memoria y no un museo porque en el museo se guarda el pasado mientras que en sitios de memoria se guarda la Justicia y la verdad". La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, inauguró este martes un sitio de memoria histórica en el extinto centro clandestino de la ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada), uno de los principales centros de tortura y exterminio por donde pasaron personas, generalmente perseguidas por su militancia política, social y sindical, la mayoría de las cuales permanecen desaparecidas. En el acto, la Mandataria manifestó: “Hay una victoria de la vida sobre la muerte, de la patria sobre la antipatria” y recordó que en el año 2004, el entonces presidente Néstor Kirchner, se trasladó hasta esta edificación para prometer la recuperación del mismo. “Aquí no estamos sólo recuperando una infraestructura, sino rescatando la memoria y la historia de los argentinos", enfatizó.
El llamado Sitio de Memoria es una propuesta museográfica del Directorio del Ente del Espacio para la Memoria; Organismos de Derechos Humanos; y la Secretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación. Este es el primer acto de una serie de actividades que realizará el Gobierno argentino para conmemorar un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, actividades que se ejecutarán bajo el lema "El mismo Sol, la misma Patria".
Este contenido ha sido publicado originalmente por teleSUR bajo la siguiente dirección: http://www.telesurtv.net/news/Argentina-abre-Sitio-de-Memoria-en-extinto-centro-de-tortura-20150519-0033.html. Si piensa hacer uso del mismo, por favor, cite la fuente y coloque un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. www.teleSURtv.net
“Yo creo que este es un acto de resistencia de la memoria y de la vida que como el sol, siempre aparece”.
El llamado Sitio de Memoria es una propuesta museográfica del Directorio del Ente del Espacio para la Memoria; Organismos de Derechos Humanos; y la Secretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación. Este es el primer acto de una serie de actividades que realizará el Gobierno argentino para conmemorar un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, actividades que se ejecutarán bajo el lema "El mismo Sol, la misma Patria".
Este contenido ha sido publicado originalmente por teleSUR bajo la siguiente dirección: http://www.telesurtv.net/news/Argentina-abre-Sitio-de-Memoria-en-extinto-centro-de-tortura-20150519-0033.html. Si piensa hacer uso del mismo, por favor, cite la fuente y coloque un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. www.teleSURtv.net
martes, 24 de marzo de 2015
lunes, 23 de marzo de 2015
ASOFAMD ANUNCIA UN NUEVO JUICIO A LUIS GARCÍA MEZA
La Paz, 20 de marzo (ANF).- La Asociación de Familiares de Detenidos, Desparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (ASOFAMD) anunció que iniciará un nuevo juicio contra el exdictador Luis García Meza, por la desaparición de 23 personas durante el régimen presidido por el ahora condenado a 30 años de presidio.
“El día del golpe a la débil democracia boliviana, con inusitada violencia, disparos y uso de ambulancias provenientes de la Caja Nacional de Salud, asaltaron la sede de la FSTMB y COB, donde tomaron presos a dirigentes sindicales, sociales, políticos y de derechos humanos, quienes fueron trasladados en ambulancias al Estado Mayor donde fueron torturados por militares, paramilitares y extranjeros de origen argentino y brasilero”, dice una parte de un comunicado emitido por ASOFAMD.
La medida fue anunciada después de conocer las declaraciones del exdictador, sobre el anuncio del paradero de los restos del líder socialista, Marcelo Quiroga Santa Cruz, que estarían enterrados en la hacienda fallecido expresidente Hugo Banzer Suárez.
En conferencia de prensa, los miembros de ASOFAMD consideraron las declaraciones de García Meza como “desaprensivas”, porque pretenden escudar sus actos y responsabilidades “en órdenes de muertos o a subalternos, como si él no hubiera sido el gobernante y por tanto responsable de todo lo acontecido antes y durante su dictadura”.
Por su lado, la Cámara de Diputados rindió homenaje al padre Luis Espinal, destacado periodista, cineasta y docente universitario, conmemorando los 35 años de su asesinato a manos de paramilitares, el 22 de marzo de 1980.
La Cámara de Diputados rindió homenaje al padre Luis Espinal.
La Paz, 20 de marzo (ANF).- La Asociación de Familiares de Detenidos, Desparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (ASOFAMD) anunció que iniciará un nuevo juicio contra el exdictador Luis García Meza, por la desaparición de 23 personas durante el régimen presidido por el ahora condenado a 30 años de presidio.
“El día del golpe a la débil democracia boliviana, con inusitada violencia, disparos y uso de ambulancias provenientes de la Caja Nacional de Salud, asaltaron la sede de la FSTMB y COB, donde tomaron presos a dirigentes sindicales, sociales, políticos y de derechos humanos, quienes fueron trasladados en ambulancias al Estado Mayor donde fueron torturados por militares, paramilitares y extranjeros de origen argentino y brasilero”, dice una parte de un comunicado emitido por ASOFAMD.
La medida fue anunciada después de conocer las declaraciones del exdictador, sobre el anuncio del paradero de los restos del líder socialista, Marcelo Quiroga Santa Cruz, que estarían enterrados en la hacienda fallecido expresidente Hugo Banzer Suárez.
En conferencia de prensa, los miembros de ASOFAMD consideraron las declaraciones de García Meza como “desaprensivas”, porque pretenden escudar sus actos y responsabilidades “en órdenes de muertos o a subalternos, como si él no hubiera sido el gobernante y por tanto responsable de todo lo acontecido antes y durante su dictadura”.
Por su lado, la Cámara de Diputados rindió homenaje al padre Luis Espinal, destacado periodista, cineasta y docente universitario, conmemorando los 35 años de su asesinato a manos de paramilitares, el 22 de marzo de 1980.
ASOFAMD LE RECUERDA A GARCÍA MEZA QUE ERA COMANDANTE DEL EJÉRCITO CUANDO MATARON A MARCELO
El hecho de que haya jurado como Presidente unas horas después no lo exime de la co-responsabilidad en el crimen del líder socialista, dijo el entrevistado.
La Paz, 19 de marzo (ANF)..
El hecho de que haya jurado como Presidente unas horas después no lo exime de la co-responsabilidad en el crimen del líder socialista, dijo el entrevistado.
El abogado Roberto Quiroz Guillén, quien fuera miembro del equipo jurídico que impulsó el Juicio de Responsabilidades contra la dictadura de Luis García Meza y sus colaboradores, señaló a ANF que las últimas declaraciones del exdictador preso y condenado a 30 años de presidio, alteran la verdad de los hechos.
García Meza le dijo a la red ERBOL que cuando Marcelo Quiroga fue asesinado, él no era todavía Presidente y que todo fue organizado antes por el general Banzer, entonces jefe de un partido político, ya fallecdo, y por el que iba a ser su Ministro del Interior, Luis Arce Gómez. El militar juró a la Presidencia el 18 de julio de 1980 a las 17:00 horas, cuando Quiroga ya habría sido desaparecido. Arce Gómez le habría informado al flamante presidente que hubo "una baja", refiriéndose al líder socialista. El cadáver habría sido entonces incinerado parcialmente y luego trasladado en un avión del Prefecto de Santa Cruz a la hacienda de Banzer en San Javier.
Quiroz Guillén le recordó a García Meza que cuando ocurrieron los hechos sangrientos, él se desempeñaba como Comandante del Ejército y que bajo su mando, los detenidos y sobrevivientes del asalto al edificio de la Central Obrera Boliviana (COB) fueron llevados al Estado Mayor, entre ellos, el malherido Marcelo Quiroga. "Si lo que dice García Meza es cierto, entonces es culpable por omisión, porque sabiendo que se cometió el crimen, no hizo nada por denunciarlo y castigar a los culpables. Además es corresponable porque el Estado Mayor estaba bajo su jurisdicción", anotó el jurista.
Con relación al paradero de los restos de Quiroga Santa Cruz, Roberto Quiroz recordó que hasta ahora se ha hablado hasta de cuatro localizaciones: el Alto Beni, la Avenida Zavaleta, el Estado Mayor y la Hacienda de San Javier de propiedad del fallecido General Banzer. El sitio más mencionado y probable hasta ahora es este último. En sus recientes declaraciones, García Meza ratificó la hipótesis de la hacienda.
Quiroz exigió que el ex dictador proporcione una información más precisa. "Ya que ha empezado a hablar, ya que ha comenzado a recuperar la memoria, qué diga dónde está exactamente", demandó. El abogado subrayó que si García Meza sabe del lugar, está incurriendo en un nuevo delito denominado "comisión por omisión", porque sabiendo, esconde la verdad. Recordó que en su libro, el exdictador propone entregar el dato a cambio de que lo liberen de su condena. "El chantaje es otro delito", recordó. (RA)
García Meza le dijo a la red ERBOL que cuando Marcelo Quiroga fue asesinado, él no era todavía Presidente y que todo fue organizado antes por el general Banzer, entonces jefe de un partido político, ya fallecdo, y por el que iba a ser su Ministro del Interior, Luis Arce Gómez. El militar juró a la Presidencia el 18 de julio de 1980 a las 17:00 horas, cuando Quiroga ya habría sido desaparecido. Arce Gómez le habría informado al flamante presidente que hubo "una baja", refiriéndose al líder socialista. El cadáver habría sido entonces incinerado parcialmente y luego trasladado en un avión del Prefecto de Santa Cruz a la hacienda de Banzer en San Javier.
Quiroz Guillén le recordó a García Meza que cuando ocurrieron los hechos sangrientos, él se desempeñaba como Comandante del Ejército y que bajo su mando, los detenidos y sobrevivientes del asalto al edificio de la Central Obrera Boliviana (COB) fueron llevados al Estado Mayor, entre ellos, el malherido Marcelo Quiroga. "Si lo que dice García Meza es cierto, entonces es culpable por omisión, porque sabiendo que se cometió el crimen, no hizo nada por denunciarlo y castigar a los culpables. Además es corresponable porque el Estado Mayor estaba bajo su jurisdicción", anotó el jurista.
Con relación al paradero de los restos de Quiroga Santa Cruz, Roberto Quiroz recordó que hasta ahora se ha hablado hasta de cuatro localizaciones: el Alto Beni, la Avenida Zavaleta, el Estado Mayor y la Hacienda de San Javier de propiedad del fallecido General Banzer. El sitio más mencionado y probable hasta ahora es este último. En sus recientes declaraciones, García Meza ratificó la hipótesis de la hacienda.
Quiroz exigió que el ex dictador proporcione una información más precisa. "Ya que ha empezado a hablar, ya que ha comenzado a recuperar la memoria, qué diga dónde está exactamente", demandó. El abogado subrayó que si García Meza sabe del lugar, está incurriendo en un nuevo delito denominado "comisión por omisión", porque sabiendo, esconde la verdad. Recordó que en su libro, el exdictador propone entregar el dato a cambio de que lo liberen de su condena. "El chantaje es otro delito", recordó. (RA)
miércoles, 18 de marzo de 2015
ITALIA ENVÍA A JUICIO AL EXDICTADOR BOLIVIANO GARCÍA MEZA POR EL PLAN CÓNDOR
17/03/2015 (16:29)
Roma, 17 mar.- La Justicia italiana decretó hoy el enjuiciamiento del ex-dictador de Bolivia Luis García Meza (1980-1981), imputado en este país en el caso que investiga la desaparición de ciudadanos italianos en el marco del Plan Cóndor en las décadas de 1970 y 1980.
El juez Alessandro Arturi lo decidió durante la última de las vistas de la fase preliminar del proceso, que tuvo lugar hoy en el Tribunal de Roma, informaron a Efe fuentes próximas al caso.
Italia juzga en primera instancia desde el pasado 12 de febrero a un total de 32 antiguos miembros de las Juntas Militares de Bolivia (1), Chile (11), Perú (4) y Uruguay (16) por la muerte y desaparición de ciudadanos italianos en la Operación Cóndor.
García Meza estaba presente en la lista de imputados durante la audiencia preliminar pero no pudo ser enviado a juicio como los otros 32 debido a que había sido imposible entregarle la requisitoria de la Justicia italiana.
Sin embargo, esto finalmente se produjo después de que funcionarios de La Paz le entregaran la denuncia en el hospital militar en el que permanece ingresado actualmente por su precario estado de salud.
Lo lograron pasándole el documento por debajo de la puerta de la habitación, debido a su negativa a abrirla, algo que legitima a Italia a enjuiciarle dado que Arturi considera que ya está al corriente del juicio, que en su caso se celebrará "in absentia".
Este es un requisito indispensable debido a que la legislación establece que para que una persona sea juzgada debe estar enterada del proceso que pretende abrirse en su contra.
La próxima audiencia del proceso en primera instancia ha sido fijada para el 9 de abril a las 8.00 GMT y en ella ya figurará como acusado García Meza, de 85 años.
El otro boliviano acusado es el que fue su ministro de Interior, Luis Arce Gómez.
Los acusados uruguayos son Jorge Alberto Silveira, Ernesto Avelino Ramas, Ricardo José Medina, Gilberto Valentín Vasquez Bisio, Luis Alfredo Maurente, José Felipe Sande, José Horacio Gavazzo, José Rica Arab, Juan Carlos Larcebeau, Gregorio Conrado Alvarez y Ernesto Soca.
También Juan Carlos Blanco, el teniente Ricardo Eliseo Chávez Domínguez, el general Iván Paulós, Pedro Antonio Mato Narbondo y Jorge Néstor Fernández Troccoli.
Los peruanos son el expresidente Francisco Morales Bermúdez, el coronel Martín Martínez Garay y los generales Germán Ruiz Figueroa y Pedro Richter Prada.
Los chilenos son Juan Manuel Guillermo Sepúlveda Contreras, jefe de la DINA (aparato represor de Pinochet), Daniel Aguirre Mora, exprefecto de la Policía, y el militar Sergio Víctor Arellano Stark.
Además, Pedro Octavio Espinoza Bravo (brigadier), el expolicía Carlos Luco Astroza, el coronel Marcelo Luis Moren Brito, el suboficial Orlando Moreno Vásquez, el coronel Hernán Jerónimo Ramírez, el coronel Rafael Francisco Ahumada Valderrama, el excomandante Luis Joaquín Ramírez Pineda y el brigadier Manuel Vásquez Chahuan.
En el juicio, instruido en la III Corte Penal del Tribunal de Roma, participan numerosas partes civiles como la Asociación de Familiares de Detenidos de Bolivia (ASOFAMD), la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chile (AFDD) o el Partido Comunista del país andino.
La Operación Cóndor fue un plan ideado por el general chileno Augusto Pinochet que orquestó la represión de la oposición política en las décadas de 1970 y 1980 por parte, sobre todo, de los regímenes dictatoriales de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia. EFE
martes, 17 de marzo de 2015
Asofamd es parte en juicio por Plan Cóndor
La Asofamd es parte en juicio por Plan Cóndor
Dictadura. La agrupación sigue el litigio de Italia contra Arce Gómez
Notifican a García Meza sobre un juicio en Italia por Plan Cóndor
La notificación fue el miércoles en Cossmil donde el exdictador está internado. Pasaron la notificación por debajo de la puerta.
jueves, 12 de marzo de 2015
EFE / La Paz
La Asociación de Familiares de Desaparecidos de Bolivia (Asofamd) y un agente judicial notificaron al exdictador Luis García Meza (1980-1981) la denuncia en su contra sobre violación de los derechos humanos en un juicio en Italia por la Operación Cóndor, informó hoy una abogada del caso.
La abogada de Asofamd, Nadia Cruz, dijo a Efe que la notificación fue realizada de una forma poco usual el miércoles en el hospital militar de La Paz donde García Meza lleva meses internado, pese a que su sentencia señala que debe cumplir en prisión su condena por los delitos cometidos durante su régimen.
El agente judicial y la abogada no pudieron entregar la notificación al exdictador en persona porque no abrió la puerta de su habitación, custodiada por guardias militares y situada en el quinto piso del hospital militar Cossmil. Por ello, debieron pasar la notificación por debajo de la puerta, y él la devolvió de igual forma.
Cruz señaló que ese procedimiento es válido en Bolivia, porque el agente puso en conocimiento de García Meza que existe una notificación judicial para él sobre el proceso en Italia, al margen de que él quiera o no recibir el documento.
"Si la autoridad da fe de que eso se ha cumplido, la notificación está realizada", dijo Cruz. El documento notifica al exdictador que hoy y mañana se celebrarán audiencias en Roma sobre la Operación Cóndor, en un proceso que trata de esclarecer el asesinato de una veintena de italianos en Latinoamérica durante las décadas de los años 70 y 80.
En cambio, Luis Arce Gómez, que fue ministro del Interior de García Meza, sí recibió en el penal de alta seguridad de Chonchocoro a los abogados, firmó su notificación y dijo que mañana asistiría a una sala preparada en una oficina del Gobierno boliviano para seguir el proceso en Roma por medio de una videoconferencia.
No obstante, la abogada precisó que "no hay una obligación de que los imputados estén" para las videoconferencias de las audiencias preliminares, pero agregó que harán todas las gestiones para concretar la asistencia de Arce Gómez.
La presidenta de Asofamd, Nila Heredia, y esa misma entidad han sido admitidas hoy como parte civil del proceso en Italia para denunciar violaciones de los derechos humanos en las dictaduras. Heredia declaró a Efe que su esposo, el italiano Luis Stamponi Corinaldeci, desapareció en 1976, durante la dictadura de Hugo Banzer (1971-1978), después de haber sido detenido por el Ejército boliviano en la localidad minera de Llallagua.
Stamponi fue torturado en La Paz e interrogado por argentinos y fue entregado a las autoridades de Argentina en octubre de 1976. De forma colateral, la madre de Luis Stamponi, Mafalda Corinaldeci, llegó entonces a La Paz para averiguar lo sucedido a su hijo, pero al volver a Buenos Aires ella también desapareció, supuestamente como parte de la coordinación que existía entre las policías de los regímenes dictatoriales, según Heredia.
La Operación Cóndor fue un plan ideado por el general chileno Augusto Pinochet que orquestó la represión de la oposición política en las décadas de los 70 y 80 por parte, sobre todo, de los regímenes dictatoriales de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia. En la audiencia celebrada este jueves en Roma, la Justicia italiana continuó con el juicio y aceptó como partes civiles a numerosos familiares de víctimas y varias organizaciones sociales.
A juicio dictador boliviano Luis García Meza por el Plan Cóndor
Dictadura. La agrupación sigue el litigio de Italia contra Arce Gómez
La Razón (Edición Impresa) / Juan José Cusicanqui / La Paz
03:34 / 13 de marzo de 2015
Detenido. El exministro Luis Arce Gómez, cuando llegó desde Estados Unidos en 2009. ABI.
La Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional y Social (Asofamd) se constituyó ayer en parte civil en el juicio instaurado en Italia por la desaparición de italianos durante la aplicación del Plan Cóndor (1970-1980) en Latinoamérica.
La jueza de la III Sección Penal, Evelina Canale, aceptó a todos los familiares de las víctimas, antiguos miembros de la disidencia política de las juntas militares de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay, según un reporte de la agencia EFE desde Roma. Además de la Asofamd, es parte civil la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chile (AFDD).
Uno de los procesados en este caso es Luis Arce Gómez, encarcelado actualmente en Chonchocoro. Además de él están imputadas 31 personas miembros y civiles vinculados a las juntas militares de Chile (11), Perú (4) y Uruguay (16).
La presidenta de la Asofamd, Nila Heredia, informó que en el caso de Bolivia el juicio es seguido a través de videoconferencias, con la intermediación de la representación diplomática de Italia y de la Cancillería.
Denunció que en las últimas horas el expresidente de facto Luis García Meza, que cumple una condena de 30 años de presidio sin derecho a indulto, se negó a recibir la notificación del juicio cursada a través de la Cancillería para asistir a la audiencia, debido a que también es acusado, al igual que Arce Gómez.
Sin embargo, el abogado de García Meza, Frank Campero, aseguró que su defendido no es acusado en este proceso. Para sustentar su afirmación mostró un documento que fue extendido por la Embajada de Italia en Bolivia, en el que se indica que el exdictador no es juzgado en este juicio instalado en Roma.
Arce Gómez, añadió Heredia, recibió la notificación para este proceso y señaló que está disponible para asistir a las audiencias. Negó que este exministro del Interior sea juzgado dos veces por un mismo delito, ya que recibió condena por genocidio y otros, mientras que el actual proceso es por la desaparición de un italiano. Campero informó que en este proceso se llevarán adelante más de una treintena de audiencias, vía teleconferencias, y que no se sabe cuándo debe declarar Arce Gómez.
La magistrada, según EFE, también permitió la constitución en parte civil del Partido Comunista de Chile, dado que “el fin de esta entidad se identifica con la defensa de los derechos humanos” que le legitiman a presenciar el juicio, después de perder a uno de sus dirigentes, el chileno Donato Avendaño.
No obstante, fue rechazada la presencia de la asociación argentina Abuelas de Plaza de Mayo, porque su finalidad —consideró la jueza— no corresponde con lo juzgado en este proceso penal.
Luis Arce Gómez
Condena
El exministro del Interior Luis Arce Gómez fue sentenciado a 30 años de presidio sin derecho a indulto, por los delitos de alzamiento armado y organización de grupos irregulares, entre otros.
03:34 / 13 de marzo de 2015
Detenido. El exministro Luis Arce Gómez, cuando llegó desde Estados Unidos en 2009. ABI.
La Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional y Social (Asofamd) se constituyó ayer en parte civil en el juicio instaurado en Italia por la desaparición de italianos durante la aplicación del Plan Cóndor (1970-1980) en Latinoamérica.
La jueza de la III Sección Penal, Evelina Canale, aceptó a todos los familiares de las víctimas, antiguos miembros de la disidencia política de las juntas militares de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay, según un reporte de la agencia EFE desde Roma. Además de la Asofamd, es parte civil la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chile (AFDD).
Uno de los procesados en este caso es Luis Arce Gómez, encarcelado actualmente en Chonchocoro. Además de él están imputadas 31 personas miembros y civiles vinculados a las juntas militares de Chile (11), Perú (4) y Uruguay (16).
La presidenta de la Asofamd, Nila Heredia, informó que en el caso de Bolivia el juicio es seguido a través de videoconferencias, con la intermediación de la representación diplomática de Italia y de la Cancillería.
Denunció que en las últimas horas el expresidente de facto Luis García Meza, que cumple una condena de 30 años de presidio sin derecho a indulto, se negó a recibir la notificación del juicio cursada a través de la Cancillería para asistir a la audiencia, debido a que también es acusado, al igual que Arce Gómez.
Sin embargo, el abogado de García Meza, Frank Campero, aseguró que su defendido no es acusado en este proceso. Para sustentar su afirmación mostró un documento que fue extendido por la Embajada de Italia en Bolivia, en el que se indica que el exdictador no es juzgado en este juicio instalado en Roma.
Arce Gómez, añadió Heredia, recibió la notificación para este proceso y señaló que está disponible para asistir a las audiencias. Negó que este exministro del Interior sea juzgado dos veces por un mismo delito, ya que recibió condena por genocidio y otros, mientras que el actual proceso es por la desaparición de un italiano. Campero informó que en este proceso se llevarán adelante más de una treintena de audiencias, vía teleconferencias, y que no se sabe cuándo debe declarar Arce Gómez.
La magistrada, según EFE, también permitió la constitución en parte civil del Partido Comunista de Chile, dado que “el fin de esta entidad se identifica con la defensa de los derechos humanos” que le legitiman a presenciar el juicio, después de perder a uno de sus dirigentes, el chileno Donato Avendaño.
No obstante, fue rechazada la presencia de la asociación argentina Abuelas de Plaza de Mayo, porque su finalidad —consideró la jueza— no corresponde con lo juzgado en este proceso penal.
Luis Arce Gómez
Condena
El exministro del Interior Luis Arce Gómez fue sentenciado a 30 años de presidio sin derecho a indulto, por los delitos de alzamiento armado y organización de grupos irregulares, entre otros.
Notifican a García Meza sobre un juicio en Italia por Plan Cóndor
La notificación fue el miércoles en Cossmil donde el exdictador está internado. Pasaron la notificación por debajo de la puerta.
jueves, 12 de marzo de 2015
EFE / La Paz
La Asociación de Familiares de Desaparecidos de Bolivia (Asofamd) y un agente judicial notificaron al exdictador Luis García Meza (1980-1981) la denuncia en su contra sobre violación de los derechos humanos en un juicio en Italia por la Operación Cóndor, informó hoy una abogada del caso.
La abogada de Asofamd, Nadia Cruz, dijo a Efe que la notificación fue realizada de una forma poco usual el miércoles en el hospital militar de La Paz donde García Meza lleva meses internado, pese a que su sentencia señala que debe cumplir en prisión su condena por los delitos cometidos durante su régimen.
El agente judicial y la abogada no pudieron entregar la notificación al exdictador en persona porque no abrió la puerta de su habitación, custodiada por guardias militares y situada en el quinto piso del hospital militar Cossmil. Por ello, debieron pasar la notificación por debajo de la puerta, y él la devolvió de igual forma.
Cruz señaló que ese procedimiento es válido en Bolivia, porque el agente puso en conocimiento de García Meza que existe una notificación judicial para él sobre el proceso en Italia, al margen de que él quiera o no recibir el documento.
"Si la autoridad da fe de que eso se ha cumplido, la notificación está realizada", dijo Cruz. El documento notifica al exdictador que hoy y mañana se celebrarán audiencias en Roma sobre la Operación Cóndor, en un proceso que trata de esclarecer el asesinato de una veintena de italianos en Latinoamérica durante las décadas de los años 70 y 80.
En cambio, Luis Arce Gómez, que fue ministro del Interior de García Meza, sí recibió en el penal de alta seguridad de Chonchocoro a los abogados, firmó su notificación y dijo que mañana asistiría a una sala preparada en una oficina del Gobierno boliviano para seguir el proceso en Roma por medio de una videoconferencia.
No obstante, la abogada precisó que "no hay una obligación de que los imputados estén" para las videoconferencias de las audiencias preliminares, pero agregó que harán todas las gestiones para concretar la asistencia de Arce Gómez.
La presidenta de Asofamd, Nila Heredia, y esa misma entidad han sido admitidas hoy como parte civil del proceso en Italia para denunciar violaciones de los derechos humanos en las dictaduras. Heredia declaró a Efe que su esposo, el italiano Luis Stamponi Corinaldeci, desapareció en 1976, durante la dictadura de Hugo Banzer (1971-1978), después de haber sido detenido por el Ejército boliviano en la localidad minera de Llallagua.
Stamponi fue torturado en La Paz e interrogado por argentinos y fue entregado a las autoridades de Argentina en octubre de 1976. De forma colateral, la madre de Luis Stamponi, Mafalda Corinaldeci, llegó entonces a La Paz para averiguar lo sucedido a su hijo, pero al volver a Buenos Aires ella también desapareció, supuestamente como parte de la coordinación que existía entre las policías de los regímenes dictatoriales, según Heredia.
La Operación Cóndor fue un plan ideado por el general chileno Augusto Pinochet que orquestó la represión de la oposición política en las décadas de los 70 y 80 por parte, sobre todo, de los regímenes dictatoriales de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia. En la audiencia celebrada este jueves en Roma, la Justicia italiana continuó con el juicio y aceptó como partes civiles a numerosos familiares de víctimas y varias organizaciones sociales.
A juicio dictador boliviano Luis García Meza por el Plan Cóndor
Todos los imputados han sido investigados desde el año 1999.
| Foto: Archivo Previous Next Publicado 17 marzo 2015
La Justicia italiana decretó este martes el enjuiciamiento del dictador de Bolivia Luis García Meza (1980-1981), imputado en ese país por el caso que investiga la desaparición de ciudadanos italianos en el marco del Plan Cóndor en las décadas de 1970 y 1980.
El juez Alessandro Arturi tomó la decisión durante la última de las vistas de la fase preliminar del proceso, que tuvo lugar este martes en el Tribunal de Roma. Italia juzga en primera instancia desde el pasado 12 de febrero a un total de 32 antiguos miembros de las Juntas Militares de Bolivia (uno), Chile (11), Perú (cuatro) y Uruguay (16) por la muerte y desaparición de ciudadanos italianos en la Operación Cóndor.
La próxima audiencia del proceso en primera instancia fue fijada para el próximo 9 de abril a las 08H00 GMT y en ella ya figurará como acusado García Meza, de 85 años.
La Operación Cóndor fue un plan ideado por el general chileno Augusto Pinochet que orquestó la represión de la oposición política en las décadas de 1970 y 1980, sobre todo, de los regímenes dictatoriales de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.
jueves, 15 de enero de 2015
miércoles, 14 de enero de 2015
lunes, 12 de enero de 2015
PAGINA SIETE
Domingo, 11 de enero de 2015
TODAVÍA NO SE ENCUENTRAN LOS RESTOS DE MÁS DE 100 DESAPARECIDOSDDHH y Asofamd piden que se cree una comisión de la verdad.
Ambas instancias preparan encuentros y seminarios para definir estrategias, con el objetivo de lograr resultados en la búsqueda de los desaparecidos en dictadura.
Nila Heredia, presidenta de la Asofamd. Página Siete / La Paz
La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) y la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Mártires por la liberación Nacional (Asofamd) piden que se cree una comisión de la verdad para encontrar los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz, así como los cuerpos de otros desaparecidos.
"Estamos pidiendo la estructuración de una comisión de la verdad. No sólo para este caso, sino para todos los casos”, afirma Nila Heredia, presidenta de la segunda institución.
Yolanda Herrera, presidenta de Derechos Humanos de Bolivia, asegura que la conformación de dicha instancia por parte del Estado representaría una acción de lucha contra la impunidad.
En el país aún no se encontraron los restos de más de 150 desaparecidos durante las dictaduras que vivió el país, según datos de Asofamd. Heredia mencionó que si bien hay casos de cuerpos encontrados, "no ha existido una investigación y sanción sobre quienes son los culpables”.
"Por ello es que nosotros estamos pidiendo la organización de una comisión de la verdad, para que se haga la investigación de todos los casos, para que se trate de encontrar a todos los desaparecidos”, sostiene Heredia.
Herrera identifica que en el tema "no hay una actuación más integral”, dado que "mucha información que se requiere está en los archivos militares”. Sobre el acceso de los familiares a esos documentos, la activista sostiene que "no hay avances”.
"No hay una posición política desde el Estado para efectivamente encontrar a los culpables y tener mayor información en relación con el lugar donde puedan estar los restos de los desaparecidos”, expresa Herrera.
Ambas instituciones alistan actividades para los primeros meses de esta gestión, con el fin de delinear una estrategia para encarar la problemática.
Herrera comenta que la APDHB tiene vínculo con Amnistía Internacional, y que especialistas de esa institución llegarán esta semana al país para sostener un encuentro con activistas y los familiares de las víctimas.
El objetivo de esta reunión, que se desarrollará entre el 12 y 13 de este mes, será desarrollar una "estrategia” con el fin de conseguir resultados en la búsqueda de los restos de los desaparecidos.
Heredia informó que la institución que lidera realizará un seminario-taller con el fin de elaborar un proyecto de ley para crear una comisión de la verdad. (PP)
Las acciones
Seminario. Nila Heredia, presidenta de Asofamd, informa que se espera que hasta febrero próximo se desarrolle un seminario-taller con el objetivo de elaborar un nuevo proyecto de ley sobre la creación de una comisión de la verdad. Lo presentará al Legislativo.
Encuentro. Yolanda Herrera, presidenta de la APDHB, informó que entre el 12 y el 13 de enero se desarrollará un encuentro entre activistas de DDHH, representantes de Asofamd y líderes de la plataforma de luchadores sociales, con el objetivo de contar con "una mejor estrategia”, desde la sociedad, para encarar el tema.
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