El pleno de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles 7 la creación de la Comisión de la Verdad, cuyo objetivo es esclarecer los asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias y violencia sexual, “entendidas como violaciones graves de derechos humanos, fundadas en motivos políticos e ideológicos”.
“Ojalá la Comisión pueda en estos dos años que les va a tocar trabajar, darle la mayor retribución que seguramente ustedes están buscando y que es acabar con la impunidad en nuestro país”, manifestó la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, dirigiéndose a los familiares de las personas desaparecidas y torturadas durante las dictaduras militares y que estuvieron presentes en el hemiciclo parlamentario durante todo el debate.
El Proyecto de Ley 305 establece que la Comisión de la Verdad investigará esas violaciones de los derechos humanos ocurridos entre el 4 de noviembre de 1964 y el 10 de octubre de 1982. Además, revisará y analizará las condiciones geopolíticas, políticas, sociales, económicas y culturales en las que se cometió esos delitos de lesa humanidad.
Asimismo, buscará esclarecer estos hechos para no dejarlos en la impunidad, por lo que se investigará y recabará información y documentación que permitan establecer indicios de responsabilidades civiles y penales de los posibles autores intelectuales, materiales, instigadores, cómplices y encubridores de esos casos.
La Comisión de la Verdad estará compuesta por cinco personas que no percibirán remuneración alguna, y que serán elegidas en función a su acreditada imparcialidad, capacidad profesional, ética e integridad personal; además de su compromiso con la promoción de los derechos humanos y conocimiento de la realidad vivida durante el periodo de investigación.
Por otro lado, el Proyecto de Ley establece que los miembros de la Comisión no podrán ser juzgados penalmente por el ejercicio de sus funciones, por las acciones asumidas en la investigación y por los resultados de la misma, siempre y cuando su accionar se enmarque en las normas vigentes.
La Comisión podrá acceder a inmuebles privados, incluyendo ex casas de seguridad, y a centros y ex centros de privación de libertad, previa autorización de la autoridad competente. También podrá convocar y recibir testimonios de víctimas y familiares, autores mediatos e inmediatos, intelectuales y materiales, instigadores, cómplices y encubridores mediante entrevistas, audiencias u otros medios.
También podrá recopilar, analizar y sistematizar la información que contribuya a esclarecer la verdad sobre las violaciones graves de derechos humanos y sus presuntos responsables; y recomendar las reformas legales e institucionales para prevenir futuras faltas contra los derechos humanos.
El Proyecto de Ley que crea la Comisión de la Verdad también dispone la desclasificación de los documentos militares (físicos o digitales), policiales y otros clasificados o a los que no se pueda tener acceso. Los encargados de esa labor serán las máximas autoridades de las entidades que tienen bajo su custodia estos documentos.
“Con esta desclasificación vamos a poder encontrar a nuestros familiares; tal vez muchos de nosotros que no hemos podido velar a nuestros familiares, como mi persona, que no puedo poner una velita, una flor a mi padre, no lo he visto, por eso a mí me duele en el alma”, develó la jefa de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) de Tarija, diputada Norah Quisbert.
Recordó que durante las dictaduras militares se perseguía a los políticos peor que a los delincuentes, y que es por eso que se pensó en la conformación de la Comisión de la Verdad, para que estos crímenes de lesa humanidad no queden impunes.
Los miembros de la Comisión deberán presentar un informe final al cabo de sus funciones, es decir dos años, con posibilidad de alargue de seis meses. El documento que elaboren deberán entregarlo al Presidente del Estado, al de la Asamblea Legislativa Plurinacional, al Fiscal General, al Procurador y al Defensor del Pueblo.
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