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Notas del 17 al 23 de febrero de 2014.
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INDICE
ARGENTINA: páginas 1 a 7
BOLIVIA: página 7 a 8
COLOMBIA: páginas 12 a 14
CHILE: páginas 8 a 12
ECUADOR: páginas 14 a 17
GUATEMALA: páginas 17 a 17
MÉXICO: páginas 17 a 21
PARAGUAY: páginas 21 a 22
ARGENTINA: Empezó el segundo juicio por el centro clandestino El Vesubio
20 de febrero de 2014
Empezó el segundo juicio por el centro clandestino El Vesubio Funcionó entre 1976 y 1978 y dependía del Primer Cuerpo del Ejército. Junto con la ESMA, está considerado como uno de los centros clandestinos con más actividad. Desde hoy serán juzgados cinco represores por hechos cometidos en perjuicio de
204 víctimas.
Por: Infojus Noticias
ANTECEDENTES
Lesa: detuvieron al director del ex centro de deten...
En febrero empezarán cuatro juicios de lesa humanidad
El Tribunal Oral Federal N°4 empezó hoy el segundo juicio oral por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino El Vesubio, ubicado en el municipio bonaerense de La Matanza. Cinco represores son juzgados por hechos cometidos en perjuicio de 204 víctimas. La audiencia arrancó después de las diez en la sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py, colmada de familiares de las víctimas y militantes.
El principal acusado es el ex oficial de Inteligencia del Ejército Gustavo Adolfo Cacivio, alias “El Francés”. También están imputados los represores Néstor Norberto Cendón, Federico Antonio Minicucci y Faustino José Svencionis. Respecto al quinto acusado, el ex teniente coronel Jorge Raúl Crespi, el tribunal resolvió que el Cuerpo Médico Forense junto a peritos de parte le realice una pericia psiquiátrica en su domicilio, donde cumple prisión domiciliaria. Para constatar si se encuentra en condiciones de afrontar el juicio. Es que hubo "sucesivos informes médicos que dieron cuenta del riesgo de un agravamiento del cuadro cerebro vascular del imputado", informaron fuentes judiciales.
Desde el público, escuchaba con atención el subsecretario de Promoción de Derechos Humanos de la Nación, Carlos “Charly” Pisoni.
Los imputados deberán responder por su actuación en el centro clandestino de detención que funcionó en Camino de Cintura y Riccheri, bajo dependencia operacional de la Brigada de InfanteríaMecanizada X con asiento en el barrio de Palermo.
Crespi, bajo el apodo de “Teco”, fue jefe de Inteligencia de la X Brigada de Infantería a cargo de la subzona 11, de la que
dependía El Vesubio. Minicucci Y Svencionis fueron jefes del Regimiento III General Belgrano con asiento en La Tablada, mientras que Cacivio actuó como jefe del centro clandestino de detención. El penitenciario Cendón fue operativo, bajo el apodo de “Castro”.
El TOF está integrado por los jueces subrogantes Néstor Costabel, Horacio Barberis y Eduardo Carlos Fernández. Ellos investigarán los delitos de privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidio. La fiscalia ad hoc estará a cargo de los abogados Alejandro Alagia y Gabriela Sosti.
Por unos minutos, mientras la fiscal Sosti leía la elevación a juicio con la reconstrucción de los distintos casos de víctimas, el abogado defensor Gerardo Ibáñez -famoso por defender represores en todo el país- no dejaba de escribir en su teléfonocelular. La actitud irritó a un sector del público, porque los policías de la Federal habían sido muy celosos con el ingreso de tecnología y durante la audiencia no dejaron a nadie utilizar los celulares.
El Vesubio funcionó entre abril de 1976 y noviembre de 1978 y dependía del Primer Cuerpo del Ejército. Junto con la ESMA está considerado como uno de los centros clandestinos con más actividad. Por allí pasaron 1500 detenidos-desaparecidos, entre ellos el guionista Héctor Oesterheld, el cineasta Raymundo Gleyzer y el escritor Haroldo Conti. Otros casos que se ventilarán son los de los detenidos desaparecidos Roberto Luis Cristina, máximo dirigente del partido Vanguardia Comunista; de María Teresa Trotta, Roberto Castelli y Laura Isabel Feldman. Los represores abrieron un anexo con condiciones de reclusión menos rigurosas en la comisaría de Villa Luzuriaga y por ello lo llamaron "El Sheraton", en referencia al supuesto bienestar.
El acceso al predio se realizaba por una calle de tierra que daba a la Autopista Ricchieri a través de una tranquera, con una instalación para la guardia. Otro acceso era por el Camino de Cintura. El espacio contaba con un jardín con plantas de adorno y árboles, y una pileta de natación revestida de azulejos blancos. Las construcciones consistían en tres casas másbien antiguas, tipo colonial, con tejas rojas.
El primer juicio del centro clandestino también estuvo a cargo del TOF 4 pero con los jueces originales. Los magistrados Leopoldo Oscar Bruglia, Jorge Luciano Gorini y Pablo Bertuzzi condenaron en 2011 a prisión perpetua al ex general Héctor Gamen y al ex coronel Hugo Pascarelli por los delitos de homicidio agravado, privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos a disidentes políticos.
También a José Néstor Maidana, Diego Salvador Chemes, Ricardo Néstor Martínez y Ramón Antonio Erlán y Roberto Carlos Zeolitti. Ambos militares fueron condenados junto a cinco ex agentes penitenciarios, cuyas penas oscilaron entre 18 y 22 años de prisión.
Investigarán en la Argentina la muerte de Goulart
20 de febrero de 2014
Investigarán en la Argentina la muerte de Goulart
La hipótesis es que el ex presidente no falleció por intoxicación, sino que fue envenenado en 1976 durante el Plan Cóndor.
Por pedido de Brasil, la justicia argentina comenzará a investigar el posible asesinato del ex presidente Joao Goulart, ocurrido en 1976 en una estancia de Corrientes, donde se encontraba refugiado tras el golpe de Estado que lo derrocó. La investigación, requerida por la justicia brasileña ante evidencias que indicarían que el deceso de Goulart no habría sido fortuito, fue impulsada por el fiscal federal Miguel Osorio, en el marco de la causa que investiga el Operativo Cóndor, el mecanismo represivo coordinado en la región.
El fiscal federal brasileño Iván Claudio Marx fue el encargado de efectuar la denuncia. Además, aportó documentos referidos a la persecución y seguimiento de que fueron objeto Goulart y otra decena de exiliados brasileños.
Ampliando el objeto procesal de la causa que se tramita ante el Juzgado Federal Nº 7 a cargo de Sebastián Casanello, Osorio imputó a personal de la Policía Federal Argentina (PFA) y del Ejército de la República Federativa de Brasil "respecto de los cuales hasta el momento se desconoce su identidad".
Joao Goulart presidió Brasil entre el 25 de agosto de 1961 y el 31 de marzo de 1964, fecha en que el mandatario fue derrocado por un golpe militar encabezado por el Mariscal Castello Branco. Tras la caída de su gobierno, Goulart se exilió en Uruguay hasta 1973, cuando se trasladó a la Argentina. El 6 de diciembre de 1976, falleció de manera sospechosa: se habría intoxicado en la estancia "La Villa", ubicada en la sección rural de la localidad correntina de Mercedes.
Hasta el momento, las pruebas recolectadas alientan una de las hipótesis de investigación: que la muerte se produjo tras haber sido envenenado, en un operativo con el sello del Plan Cóndor, mediante la medicación ingerida cuando se hospedó en el Hotel Liberty, de la Ciudad de Buenos Aires. Para reforzar esta línea, el testigo y periodista Jair Krischke aportó un prueba documento donde quedó en evidencia que en mayo de 1976 el Ministerio de Ejército de Brasil pidió a la policía argentina el seguimiento de Goulart.
Con estos elementos, el fiscal Osorio ya solicitó al juez federal de Paso de los Libres, donde su par brasileño radicó la denuncia, que se inhibiera de seguir entendiendo en la causa a favor del juzgado federal porteño a cargo de Casanello.
También pidió a la Comisión de la Verdad de Brasil que le envíe copias certificadas de la documentación relacionada.
ARGENTINA: "Mi papá estaba re morido, lleno de tiros"
20 de febrero de 2014
Su padre, Miguel Domingo Zabala Rodríguez, fue diputado nacional "Mi papá estaba re morido, lleno de tiros" Yamila Zabala Rodríguez tenía cuatro años cuando vio cómo unos hombres mataron a tiros a su padre y se llevaron de los pelos a su madre. Hoy, es abogada querellante en delitos de lesa humanidad. Ayer, asistió a la audiencia de la megacausa ESMA en calidad de testigo.
"Era la época de Navidad y veníamos de hacer las compras. Habíamos llegado a la vereda de nuestra casa en Lambaré y Corrientes, Almagro. Me acuerdo que nos cruzaron unos autos y se bajaron unoshombres y asesinaron a mi padre delante de nosotras. También se llevaron a mamá de los pelos. Nos quedamos con mi hermana hasta la noche, en el hall del edificio y alguien nos vino a buscar". La quecuenta esto es Yamila Zabala Rodríguez, que a los 40 años recupera lo que vio cuando era una nena y no sabía el camino que tendría que recorrer para llegar a este, el tercer juicio de la ESMA ante el Tribunal Oral Federal N° 6.
La tarde del 22 de diciembre de 1976 quedó fija en la memoria de Yamila. La recordaría miles de veces. A los cuatro años era la hermana mayor, Jimena tenía apenas dos en el momento en que vieron cómo una patota de la ESMA asesinó a tiros a Miguel Domingo Zabala Rodríguez y se llevó violentamente a su mamá Olga Irma Cañueto, que continúa desaparecida. Hoy Yamila es abogada querellante en delitos de lesa humanidad pero ayer asistió a la audiencia en calidad de testigo.
En el momento del hecho su madre, Olga “Morris”, tenía 27 años, era licenciada en Ciencias de la Educación y militaba en la Juventud Peronista. Miguel “El Colorado” era abogado egresado de la Universidad de La Plata y con 36 años llamaba la atención su trayectoria como militante. En 1969 había estado preso por defender a los militantes de Taco Ralo y en 1973 había asumido como diputado del FREJULI, cargo al que renunció meses más tarde por disidencias con el gobierno. Miguel fue uno de los fundadores del Partido Peronista Auténtico.
Después del asesinato de su papá, las hermanas Zabala Rodríguez fueron llevadas a una comisaría y más tarde al Instituto de Menores Riglos, en la localidad de Moreno. Estuvieron ahí hasta el 11 de marzo de 1977. “No tengo registro de lo que pasó esos tres meses, aunque estará en algún lugar de mi mente”, dijo Yamila al tribunal. No es la primera vez que declara en juicios de lesa humanidad, ya lo hizo en 2009 en la causa donde se juzgó al general Jorge Carlos Olivera Róvere (máxima autoridad militar en Capital Federal en 1976) y a otros cuatro jefes de las diferentes áreas en las que se divídia la ciudad.
De ojos celestes y pelo rubio por los hombros, Yamila a veces habla con voz temblorosa y otras con rapidez, quizás para no olvidarse de algún dato importante. Criada por sus abuelos maternos en Mar del Plata, egresó del mismo colegio al que fue su mamá, el San Vicente, y estudió Derecho como su papá. Hoy es abogada querellante en juicios contra represores. Es una estudiosa de la historia política del pasado reciente. Sabe quiénes fueron sus padres y sus compañeros de militancia, se acuerda detalles, fechas, lugares de fragmentos de la historia de los años ’70 como si los hubiera protagonizado. Por compañeros de militancia, Yamila supo que su mamá estuvo secuestrada en la Escuela de Mecánica de la Armada. Además de sus padres, también está desaparecida su tía Julia, hermana de Miguel. La secuestraron en noviembre de 1978 y testigos la vieron en el centro clandestino Olimpo y después en la ESMA.
Para reconstruir su identidad y la de su familia, a los 23 años Yamila fue a las hemerotecas a buscar información. En los diarios La Nación, La Razón y Clarín encontró noticias con grandes titulares de un supuesto tiroteo donde habían matado a su papá. “En esas crónicas no estábamos presentes mi mamá ni mi hermana ni yo. Inventaron que había habido un tiroteo y yo estaba ahí, no fue así”, dijo.
Cuando promediaba la declaración, Yamila pidió permiso para leer la renuncia de su papá como diputado nacional en septiembre de 1974. El juez Leopoldo Bruglia accedió y la testigo sacó de una bolsa transparente dos carillas con texto mecanografiado. El texto hablaba de la desocupación y el hambre de los chicos del interior, también del pinochetazo que se gestionaba día a día. Por alguna razón, esta renuncia nunca fue transcrita al diario de sesiones del Congreso y Yamila agradeció con lágrimas en los ojos que después de casi 40 años pudiera leerse otra vez en un ámbito público. Mientras tanto, en la pantalla de la sala se mostraba una foto de Olga y Miguel, vestían ropa de invierno y ella tenía un gorrito ruso de color blanco. Están abrazados y sonreían.
Para cerrar su declaración, Yamila contó que nunca hizo terapia y agregó dos anécdotas que señalan lo misterioso que puede resultar el mecanismo de la memoria en las personas. Cuando eran chicas Yamila y su hermana hicieron natación, llegaron a ser muy buenas nadadoras. Su entrenador de entonces le contó años atrás que en cada torneo para anunciar la largada se hacía un disparo al aire y que ella se quedaba paralizada unos segundos hasta que reaccionaba. La segunda historia se la narró hace poco la abuela de Plaza de Mayo, Chiqui Bendini. Le dijo que después del asesinato de Miguel, estaban las dos en la cocina de su casa y con el lenguaje de una nena de cuatro años ella dijo: "mi papá estaba re morido, lleno de tiros". Por alguna razón, Yamila no recuerda ninguna de esas historias.
LA JUSTICIA ARGENTINA PIDE LA PRIMERA EXHUMACIÓN DE UNA VÍCTIMA DEL FRANQUISMO
21 de Febrero de 2014
La magistrada María Servini de Cubría advierte que quiere ser avisada con antelación para viajar a España y ser testigo del desenterramiento.
Público.es / ANA DELICADO / 21-02-2014
La jueza argentina María Servini de Cubría ha tomado una de las decisiones más significativas que podían esperar çlas víctimas del franquismo. La magistrada ha enviado este jueves no uno, sino dos exhortos, para pedir la exhumación de una víctima de la guerra civil y para solicitar la toma del perfil genético de la familia, con el aviso de que quiere ser notificada un mes antes de que se concrete el desenterramiento a fin de viajar a España y estar presente.
"Líbrese exhorto diplomático al Titular del Juzgado Territorial, que por razones de turno corresponda, con jurisdicción en Guadalajara (...) a fin de solicitarle arbitre los medios necesarios para que en presencia de quien suscribe se proceda a la exhumación del cuerpo sin vida que se encontraría inhumado en la fosa n° 2, ubicada en el patio n° 4 del cementerio de Guadalajara, ocupando el penúltimo lugar, comenzando de arriba hacia abajo, o segundo lugar de abajo hacia arriba, de diecisiete cuerpos que se hallarían apilados en forma vertical", detalla en su pedido. La jueza ha dado a conocer la noticia de los exhortos el mismo día que terminaban sus videoconferencias con algunas de ellas, quienes han acudido al consulado argentino de Madrid a lo largo de cuatro días para ofrecerle su testimonio.
"Hágase conocer al señor Juez exhortado que la fecha que se establezca para la realización de la exhumación deberá ser notificada a esta Judicatura con la antelación debida (mínimo un mes de anticipo), a efectos que esta Magistrada obtenga los pertinentes permisos y autorizaciones para constituirse en el país ibérico", avisa Servini en su documento. La magistrada se encarga de indicar en su exhorto cómo debe ser el procedimiento de exhumación de Timoteo Mendieta, al punto de detallar que el uso obligatorio de guantes y al esterilización del material quirúrgico. También explicita qué tipo de restos deben extraerse, y cómo deben ser trasladados y conservados.
Una exhumación La petición de exhumación es para Timoteo Mendieta Alcalá, uno de los 822 republicanos que fue asesinado y enterrado en el cementerio de Guadalajara entre 1939 y 1944, y cuyos restos se presume están enterrados en una fosa común". La jueza, además, ha solicitado una muestra de ADN de su hija, Asunción Mendieta, y de sus "hermanos con vida o fallecidos de la nombrada, y su abuela y abuelo paternos, a partir de la toma de muestras biológicas de aquellos".
La hija de Timoteo Mendieta fue una de las querellantes que en noviembre del año pasado viajó en noviembre a Buenos Aires. En ese viaje cumplió 88 años. "Le voy a pedir a la jueza que a ver si puede ser que lo saquemos, porque queremos darle un entierro digno", contaba a Público por entonces. En aquella ocasión, Ascensión relataba que su padre, presidente de la UGT en el municipio de Sacedón, había sido enterrado junto con otras 17 personas.
"Lo ejecutaron con 37 años y siete hijos", recordaba desde Argentina hace dos meses. "Cuando avisaron a mi madre, ya lo habían enterrado en una fosa común junto a otros 17".
"Esta decisión es muy significativa porque la jueza trata de dar respuesta al primer grupo de víctimas, los que están vinculados a la Guerra Civil", explica a este diario uno de los abogados argentino que lleva la causa, Máximo Castex. "Es importantísimo porque este grupo de víctimas sólo tienen esta reparación. En la mayoría de los casos, no hay ninguna persona a la que imputar, así que lo único que puede hacerse es restituir los restos de sus seres queridos". El letrado subraya que estos exhortos se hayan producido justo después de las declaraciones testimoniales. "La jueza ha tomado una medida expeditiva para una persona que casi tiene 90 años. Ella misma lo dijo en su declaración: que se han muerto sus hermanos, y que lo último que le quedaba, el único sueño que tenía, era ver cumplida esta cuestión, tener algún hueso, algún resto para darle digna sepultura".
Servini acude en ayuda de una mujer que hasta ahora había intentado dar infructuosamente con la localización exacta de la fosa común donde están los restos de su padre. Asunción llegó incluso a poner una placa en el cementerio, pero se la sacaron, y según contó a la magistrada durante su declaración en Buenos Aires, hasta intentaron impedir con vallas su acceso a la zona.
Estos son el tercer y cuarto exhorto que la magistrada envía a la Cancillería española para avanzar en la causa en la que investiga desde abril de 2010 los delitos de lesa humanidad de la dictadura franquista. La jueza todavía está a la espera de que España resuelva su petición de extradición del ex inspector Juan Antonio González Pacheco, 'Billy el Niño', y al ex guardia civil Jesús MuñecasAguilar, reclamados por Servini desde septiembre de 2013.
http://www.publico.es/politica/503580/la-justicia-argentina-pide-la-primera-exhumacion-de-una-victima-del-franquismo
ARGENTINA: Tucumán, Confirman que restos hallados en Pozo de Vargas pertenecen al vicegobernador
Molina
La exhumación la hizo el CAMIT, pero el cotejo de ADN fue realizado por el EAAF Tucumán: Confirman que restos hallados en Pozo de Vargas pertenecen al vicegobernador Molina Tucumán.- Los restos óseos hallados en el Pozo de Vargas pertenecen al vicegobernador tucumano Dardo Francisco Molina, asesinado durante el terrorismo de Estado en Tucumán, informaron familiares del dirigente, luego de recibir un informe del juzgado federal número 2 que investiga el caso. Las autoridades judiciales informaron que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) entregó los resultados genéticos compatibles en relación a un conjunto de restos óseos exhumados por el Colectivo de Arqueología para la Memoria y la Identidad Tucumana (CAMIT) en el llamado Pozo de Vargas.
La noticia fue confirmada por Josefina Molina, hija del vicegobernador que acompañó la gestión del gobernador Amado Juri, destituido del cargo durante el golpe militar de 1976. "Papá está ahí", dijo a Télam la hija del dirigente, y destacó: "No se fue a España como decían, intentaron hacerlo desaparecer, pero no pudieron". "Hoy se puede decir que se cierra el circuito por donde él estuvo", indicó Josefina Molina y recordó que su padre "primero fue llevado a la Jefatura de Policía, donde ya fue visto en mal estado, luego a la Brigada de Investigaciones y finalmente trasladado al ex Arsenal de donde, según testimonios, lo sacaron en calidad de bulto para ser arrojado en el Pozo de Vargas". "Hoy reafirmo mi compromiso para lograr continuidad y finalización de esta investigación", expresó la hija del vicegobernador tucumano.
Molina fue secuestrado en diciembre de 1976 de su estudio jurídico por agentes armados que se identificaron como pertenecientes a la Policía Federal. El dirigente peronista nació en Simoca el 24 de agosto de 1919 y luego de desempeñarse en la política y ejercer cargos en la UniEn el período Constitucional de 1973/1976 fue elegido senador provincial y consagrado por unanimidad presidente del Senado y vicegobernador de Tucumán.
Molina fue el único político tucumano que integró la comitiva que acompañó desde España, en su retorno definitivo al país, a Juan Domingo Perón en el mes de junio de 1973. Poseedor de un singular carisma y activo defensor de los principios de justicia social y de los intereses de su pueblo, acompañó la gestión del gobernador Juri hasta que fue secuestrado el 15 de diciembre de 1976.
Según el relato de testigos, eL gobernador Molina fue trasladado al centro clandestino de la Jefatura y luego al que funcionó en el Arsenal, lugares donde fue visto antes de desaparecer. Desde un primer momento se sospechó que luego de ser asesinado fue arrojado al Pozo de Vargas, teoría que fue ratificada a partir de los estudios realizados que confirmaron que restos encontrados en ese lugar pertenecen a Molina.
El Pozo de Vargas es un ducto de agua profundo ubicado en una finca de Tafí Viejo, donde fueron arrojados los cuerpos de Molina y del ex senador provincial Guillermo Vargas Aignasse, entre otros. En esa fosa común ya fueron identificados restos de otros 12 desaparecidos durante la dictadura, entre ellos políticos, gremialistas y profesionales.
El caso Molina estaba originalmente incluido en la megacausa "Arsenales II-Jefatura II", juicio oral celebrado entre noviembre de 2012 y diciembre de 2013. El único imputado era el represor Luciano Benjamín Menéndez, jefe del III Cuerpo del Ejército, pero cuando este fue separado del proceso, el caso cayó.
El expediente sumó nuevos imputados y podría llegar a juicio durante este año, algo que la hija de Molina intentará concretar a partir de la confirmación de que los restos de su padre fueron arrojados al Pozo de Vargas. "Hay mucha gente que va al Pozo de Vargas para dejar banderas y fotos de sus seres queridos desaparecidos porque en el fondo uno necesita el duelo, pero el duelo no es un papel donde se confirma todo lo que uno supone que sucedió", indicó Molina, quien se comprometió a "acompañar a esas personas hasta que termine la investigación".
BOLIVIA
18 de febrero de 2014
Ref.: Nuevo Directorio de ASOFAMD
Estimadas organizaciones fraternas
Queridas compañeras
Queridos compañeros
Ref.: Nuevo Directorio de ASOFAMD
Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con el objetivo de informarles que el pasado sábado 25 de enero se desarrolló el XI Congreso de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional, ASOFAMD. El congreso fue en homenaje de nuestras compañeras Gladyz Oroza Solón y Martha Manzaneda Vda. de Frade, producto del mismo ha sido elegida una nueva directiva para la gestión 2014-2016 e integrada por:
Nila Heredia: Presidenta
Ruth Llanos Vda. de Navarro: Secretaria Ejecutiva
Gladiz Pérez: Secretaria de Relaciones
Edith Montecinos: Secretaria de Finanzas
Christian Frade Manzaneda: Secretario de Prensa
Suely Barreto: Secretaria de Coordinación Interdepartamental
Wara Mendiola: 2da Vocalía
Lena Vicente: 3ra. Vocalía
Tenemos muchos desafíos para fortalecer ASOFAMD, lograr nuevamente la apertura de nuestra oficina y la presencia de nuestra Asociación en el plano nacional e internacional, pero centralmente enfrentar los desafíos de la constitución de una Comisión de la Verdad, hoy en discusión de las cámaras de diputados y senadores. Manifestamos nuestro deseo de estrechar lazos de colaboración con todos ustedes y les solicitamos el apoyo a las actividades que ASOFAMD planifique para el presente año, todas ellas dirigidas a la recuperación de la memoria, a la investigación y sanción a los autores de las agresiones que sufrieron nuestros familiares. Nuestra misión en el plano internacional también será fortalecer nuestras acciones para la ratificación de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.
La Paz, 18 de enero de 2014
Reciban un saludo fraternal de,
Nila, Ruth, Gladyz. Edith, Christian, Suely, Wara, Lena
CHILE
AGRUPACION DE FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS
13 de febrero de 2014
Difundamos la opinión que a la Agrupación le merece el nombramiento en la Subsecretaría de las FFAA de la señora Echeverria y los dichos del senador Jaime Quintana.
Gracias
DECLARACIÓN PÚBLICA
Una vez más asistimos a una discusión, ante el nombramiento en la Subsecretaria de las Fuerzas Armadas de Carolina Echeverría, que no apunta al tema de fondo, centrando los cuestionamientos por su calidad de hija del Coronel ® Víctor Echeverría, reconocido por testigos como torturador en su paso por el Regimiento Buin de Santiago, centro de detención en dictadura.
La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos ha sido enfática en denunciar la impunidad, que es y será el tema de fondo que transversaliza la sociedad chilena. Veinticuatro años de transición llamada democrática en que favorecer a los violadores de los derechos humanos es la tendencia.
Ejemplos hay muchos: la mesa de diálogo; la ley de secreto por 50 años de los nombres de quienes participaron en la tortura; creación de cárceles especiales; las condenas sin correlato con la brutalidad del crimen; el llamado pacto de silencio de parte de las FFAA y de Orden; la ninguna persecución de responsabilidad de los civiles que participaron de las políticas de terrorismo de estado; la vigencia de la Ley de amnistía de 1978, solo por mencionar algunas.
El cuestionamiento a la Señora Echeverría o a cualquier funcionario público, no tiene que ver con sus lazos consanguíneos, tiene que ver con su quehacer, con responsabilidades políticas, con la condena explícita al terrorismo de estado y a quienes participaron y lo avalaron , tanto civiles como militares, con actos que ética y moralmente estén reñidos con la justicia y es ahí precisamente en donde el nombramiento, en este caso particular carece del sustento, que permita creer en la nuevalectura que se hace del país, más empoderado, crítico y participativo.
Una denuncia seria efectuada, por personas que nos merecen todo nuestro respeto, como lo son la Familia Celedón-Bulnes y una organización como la de Marinos Constitucionalistas, no merecen ser descalificados tan burdamente por autoridades actuales y futuras, como ejerciendo un “deporte veraniego”. Finalmente, no podemos sustraernos a los dichos del Senador Jaime Quintana que no solo nos parecen ofensivos, si no que nos retrotraen a la ideología y al lenguaje, que ya creíamos superado de tratar a las víctimas y a los crímenes cometidos como “presuntos”.
A 40 años del golpe de estado, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, proseguirá en su misma línea demandando por verdad y justicia y denunciando con toda la fuerza que nos dan los argumentos esgrimidos, a cualquier persona, venga de donde venga que favorezca la impunidad.
AGRUPACION DE FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS
Santiago, 13 de febrero de 2014
CHILE: Salas de Verano de Corte de Apelaciones estarían otorgando libertad a violadores de derechos humanos
14 de febrero 2014
Abogados y familiares denuncian:
Salas de Verano de Corte de Apelaciones estarían otorgando libertad a violadores de derechos humanos Fernando Seymour
Preocupación existe entre quienes se han relacionado por tanto tiempo con las denuncias de violaciones a los derechos humanos. Esta vez se trata del actuar de las Salas de Verano de la Corte de Apelaciones de Santiago, las que entre el tres y el diez de febrero de este año han decretado la libertad bajo fianza de seis importantes torturadores y cómplices de la dictadura.
La Justicia no descansa durante el periodo estival, al menos los tribunales que la imparten. Para ello, durante esta época del año se designan Salas de Verano en las distintas zonas del país, donde la Corte de Apelaciones de Santiago no es la excepción.
Con ese escenario y aprovechando la poco exposición que se produce particularmente en febrero,existe inquietud y molestia por parte de abogados ligados históricamente a causas de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet.
Es el caso del abogado Eduardo Contreras, quien manifestó su preocupación por lo que está ocurriendo durante esta época en el tribunal de alzada de Santiago.
“No puede dejar de llamarnos la atención, a quienes nos desenvolvemos en el campo de los derechos humanos, la actitud que han tenido en las Salas de Verano, siendo una facultad a su criterio, pero nos parece negativo que habiéndose pronunciado los jueces de las causas que conocen los hechos y tratándose en algunos casos de delincuentes de alta peligrosidad, se les dé tan fácilmente la libertad y se estén revocando las resoluciones de los jueces que la negaban”, afirmó el abogado.
Por ello, aseguró que “es una muy mala señal del Poder Judicial, justo en un momento que se avanzaba en el sentido contrario”.
En septiembre de 2013, la Corte Suprema anunció que destinaría recursos para otorgar dedicación exclusiva a las investigaciones de causas relacionadas con violaciones de derechos de lesa humanidad para así acelerar los respectivos procesos.
Esto, a propósito del reconocimiento por parte de su entonces presidente Rubén Ballesteros, de que el máximo tribunal incurrió en graves acciones y omisiones durante la dictadura militar.
En ese contexto, el abogado Contreras, si bien destacó el cambio de actitud del Poder Judicial en este ámbito, reiteró su molestia apuntando particularmente a uno de los casos emblemáticos en lo que respecta a la violación de derechos humanos en dictadura.
“A partir de octubre, cuando se les dio dedicación exclusiva a los jueces de derechos humanos, se ha avanzado notablemente en el listado de autoprocesamientos y una serie de actuaciones que durante años no se realizaron, pero esta actitud de las Salas de Verano francamente a los abogados nos preocupa”, reconoció Contreras, agregando que “se trata de un conjunto de personas, entre los que destaca Ricardo Lawrence, quien está implicado en varios casos de violaciones a los derechos humanos, y que sin embargo se le ha otorgado el beneficio de la libertad”.
Ricardo Víctor Lawrence Mires, oficial de Carabineros, participó en torturas y fusilamientos en el Estadio Nacional, para luego pasar a la DINA, donde fue jefe de la Agrupación “Halcón”, dependiente de la Brigada “Caupolicán”, ejerciendo funciones en los centros de detención y tortura Londres 38, Villa Grimaldi, José Domingo Cañas y Venecia 1722 en la comuna de Independencia, cuartel en el que incluso estuvo a la cabeza.
A él se suman Fernando Lauriani Maturana, Teresa Osorio Navarro, José Huaiquimil Uribe, José Soto Torres y Jaime Fuenzalida Bravo, todos ellos procesados por causas de violación a los derechos humanos y para quienes, sólo entre el tres y el diez de febrero del presente año, las Salas de Verano de la Corte de Apelaciones de Santiago han declarado la excarcelación bajo fianza.
En el caso de Lawrence, entre las distintas causas judiciales de las que forma parte, figura el secuestro y desaparición de la dirección clandestina del Partido Comunista, como parte de la operación “Calle Conferencia”, donde hasta hoy se encuentran desaparecidos, entre otros, Víctor Díaz López, padre de la ex presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) Viviana Díaz.
Precisamente, desde dicha organización, su actual presidenta, Lorena Pizarro, aseguró que se trata de una muestra más de la impunidad que se vive en el país respecto a los criminales procesados por violaciones a los derechos humanos.
“Si uno mira a los sujetos involucrados, como Ricardo Lawrence, se trata de delitos gravísimos en los que están en juego la desaparición, la tortura, el asesinato de hombres y mujeres, por distintas causas, y a lo largo de esta historia son nombres que se repiten y que son responsables de múltiples delitos sobre seres humanos. Sin embargo, siempre se encuentra una causa, un resquicio o un artículo que les permite gozar de libertad”, denunció la dirigenta.
Justamente en las sentencias que otorgan la libertad a los seis procesados mencionados se alude al “tiempo transcurrido desde la época de ocurrencia de los hechos”, así como a “lo dispuesto en el artículo 361 del Código de Procedimiento Penal”.
Además, la propia Lorena Pizarro, junto con apuntar a la necesidad de entender estos procesos en la magnitud y gravedad de los delitos y crímenes que se juzgan, criticó el actuar de las autoridades judiciales, aseverando que “es una constante que se repite a lo largo de estos 24 años de transición. El problema es que en Chile aún existe impunidad y los ministros o jueces no entienden que estamos frente a crímenes de genocidas y terroristas”, expresó.
Respecto de las estrategias de los abogados defensores de los procesados, denunció que “buscan la Sala de Verano, buscan a los jueces que sean más proclives a entregar libertades a estos sujetos, por lo que siempre estamos en riesgo, así es que en esa lógica por supuesto que es un retroceso”.
La Corte de Apelaciones de Santiago está presidida durante este periodo de verano por el ministro Juan Escobar, con la Primera Sala integrada por los ministros Miguel Vásquez, Javier Moya y Omar Astudillo, mientras que en el caso de la Segunda Sala por los ministros Alfredo Pfeiffer, Carlos Gajardo y Mario Carroza, además de algunos abogados integrantes que han reemplazado a aquellos jueces que se han inhabilitado en determinadas causas por conocer previamente los antecedentes.
CHILE: Víctimas de torturas y marinos exonerados piden aclarar antecedentes de la designada subsecretaria para las FF.AA. Carolina Echeverría
20 de febrero de 2014
Víctimas de torturas y marinos exonerados piden aclarar antecedentes de la designada subsecretaria para las FF.AA. Carolina Echeverría Víctimas de torturas y ex marinos exonerados durante la dictadura militar por dar a conocer la posibilidad de un Golpe de Estado piden se aclaren los oscuros antecedentes de la reciente designada Subsecretaria de las FF.AA, Carolina Echeverría (PPD). Antes la misma Carolina Echeverría habría sido investigada a través de un sumario administrativo por graves conflictos de intereses con el proyecto Termoeléctrica Barrancones, que finalmente detuvo Sebastián Piñera, dada la alta movilización social en contra del proyecto.
Según la información entregada por víctimas de la represión durante la dictadura de Pinochet, la reciente designada Subsecretaria de FF.AA., Carolina Echeverría Moya (PPD) es hija del Coronel ® del Ejército, Víctor Echeverría Henríquez, quien durante la dictadura se desempeñó como capitán a cargo del “Regimiento Buin”, ubicado en la comuna de Recoleta y que fue utilizado como centro de detención y tortura luego del Golpe.
Aunque Víctor Echeverría nunca ha sido procesado por violaciones a los derechos humanos, (fue citado a declarar por el juez Mario Carroza), existen diversos testigos que acreditan su colaboración y participación en sesiones de interrogatorios, torturas y otros vejámenes criminales.
Entre ellos está la conocida escritora Mónica Echeverría, quien no tiene nexos familiares con el general ni su hija y quien fuera detenida y trasladada al mismo regimiento. La investigadora se refirió a la figura del hombre que estaba a cargo de este centro de tortura.
“El capitán Echeverría fuera de detenerme y de llevarme al Regimiento Buin, detuvo a mucha gente e hizo toda clase de cosas horribles dentro de su regimiento. Ahora yo creo francamente que esta niña no sabe las atrocidades que cometió su padre, su padre fue un torturador que dirigía las torturas, fue un violador y un asesino”, señaló.
El teniente del Regimiento Buin, Carlos Pérez Tobar, afirmó que a Víctor Echeverría había sido enviado en calidad de funcionario de Inteligencia del ejército al regimiento ya que éste operó como neutralizador del llamado tanquetazo, previo al golpe de estado. El ex uniformado indicó que presentó una denuncia por tortura y el homicidio de un conscripto, el soldado Mario Gho Alarcón, a quien, asegura, le dispararon públicamente en el edificio de la Comandancia de la instalación.
La escritora Mónica Echeverría aseguró que la relación de parentesco es real y sostuvo que no juzgan a la subsecretaria designada recientemente por Bachelet por actos cometidos por su padre, pero sí surge la duda entre las víctimas de violaciones a los derechos humanos si se conocía este antecedente al proponer su carta en una secretaría como la de Fuerzas Armadas.
En este sentido se pronunció el vocero de la Nueva Mayoría, Osvaldo Andrade: “Esta no fue una propuesta hecha como conglomerado, cada partido, conversó, propuso, habría que preguntarle a quien la propuso. Yo francamente no tengo idea. Yo entiendo además, que esto salió en la prensa tiempo atrás, así que pareciera ser de público conocimiento, pero si me preguntan si es que la información se manejó o no en el comando presidencial, no lo sé, porque yo no soy parte del comando”.
La designada Subsecretaria Carolina Echeverría es militante del Partido por la Democracia (PPD). Fuentes al interior de la colectividad señalan que desconocían el antecedente. Así lo indicó el diputado PPD Patricio Hales, integrante de la Comisión de Defensa, quien dio fe de la futura autoridad al desempeñarse como subsecretaria de marina en el anterior gobierno de Michelle Bachelet.
Patricio Hales, parlamentario del PPD indicó que “yo no había escuchado nunca de este antecedente, solo sé que ella fue una subsecretaria que cumplió con la Presidenta Michelle Bachelet en forma muy rigurosa, es una persona muy seria en su trabajo, yo la conozco desde hace más de 15 años. Los antecedentes que siempre he tenido de ella han sido de un trabajo muy impecable en su cumplimiento, no había escuchado una cosa como esta”.
El parlamentario PPD añadió que no conoce la denuncia, pero que no puede juzgar a nadie en función de la biografías de sus padres, ya que éstas no determinan los valores y principios. Con esto coincidió el abogado Roberto Celedón, quien fue detenido junto a su esposa y trasladado también al Regimiento Buin. El profesional reiteró la necesidad de aclarar a la opinión pública si esto se conocía al momento de la designación.
El abogado Roberto Celedón manifestó que “los hijos no eran responsables de los pecados de los padres, sin perjuicio de que en un puesto tan delicado, como es este que dice relación con las Fuerzas Armadas, yo creía que era un tema que la Presidenta Bachelet tenía que conocerlo. Si ha habido plena transparencia de ella en informar esta situación o al futuro ministro de Defensa, la Presidenta en conocimiento de todos estos antecedentes la ratificó en el cargo. Yo hago conciencia de la Presidenta”.
El abogado agregó además que se subentiende que un personero de la Nueva Mayoría debe adherir al respeto irrestricto de los derechos humanos.
No obstante, la futura autoridad también ha sido denunciada por la Asociación de Marinos Exonerados quienes afirman que, al momento de tramitar la jubilación para sus uniformados sometidos a vejámenes, la autoridad les pidió que retiraran la demanda que habían interpuesto contra sus torturadores. Esta señal de obstrucción a la justicia inquieta a algunas de las víctimas, para quienes la nueva autoridad se debe pronunciar sobre esta materia y asegurar el respeto a la vida y la dignidad en la formación de todos los miembros de la Armada.
El Sumario Administrativo e investigación por conflictos de interés Además, hay otros datos graves. Carolina Echeverría, tendrá a su cargo, entre otras funciones, tramitar las concesiones marítimas. Según un reporte de Ciper Chile este asunto respecto a tramitar concesiones marinas en el primer gobierno de Michelle Bachelet, le valió un sumario administrativo.
Sin embargo, extrañamente, y dada la gravedad de los antecedentes y mails que respaldaban la investigación, también dada a conocer en su momento por La Tercera, no se le formularon cargos, el primer semestre del 2008, cuando aún era subsecretaria de marina, se investigaron las gestiones de la firma Suez Energy para obtener las concesiones marítimas para el proyecto Termoeléctricas Barrancones y en el rol que tuvo en ello la firma Osorio & Echeverría Consultores Asociados Ltda, sociedad que pertenecía a la subsecretaria y su esposo, Clobis Osorio Olave.
El hombre habría realizado una serie de consultas a su esposa entonces Subsecretaria de Marina sobre la solicitud de concesión de la termoeléctrica Barrancones, una de las cuales fue reenviada por email por la propia Carolina Echeverría.
Además, los pagos de esta asesoría ($7.000.000) fueron depositados en una cuenta de la empresa en que la subsecretaria era socia, junto a su marido Clobis Osorio.
Por, David Rubinstein
COLOMBIA
COLOMBIA: El reto de identificar desaparecidos en un país en conflicto
El reto de identificar desaparecidos en un país en conflicto
Por: REDACCIÓN ELTIEMPO.COM |
17 de Febrero del 2014
No hay un número definido, se sabe que son muchos, más de 60.000.
Por la violencia en el país, forenses colombianos son expertos en identificar lesiones y torturas.
Ni después de las dictaduras de Argentina y Chile, que dejaron miles de personas desaparecidas, el trabajo de los forenses en esos países ha sido tan complejo como lo es en Colombia, donde realizan su
labor en medio del conflicto y no cuentan con el apoyo institucional que quisieran.
En Colombia son muchos, pero no se tiene certeza de cuántos. Los desaparecidos en el país superan la cifra de 60.000 personas. Aunque existen casos donde el desaparecido es encontrado en pocos días, la generalidad es que unos meses o varios años después aparezca un cuerpo esquelético que debe ser identificado por los expertos forenses. Las pruebas genéticas, aunque se han constituido en una de las herramientas de mayor contundencia para la identificación de restos humanos, no siempre son requeridas, debido a que a través de la odontología, la antropología y la patología forenses se pueden hacer hallazgos que, en conjunto con la historia del individuo y el contexto de la desaparición, dan a las autoridades un nivel de certeza alto para tomar decisiones sobre la entrega de un cuerpo a sus familiares.
La expectativa de los familiares sobre el trabajo forense Para los familiares de desaparecidos, el proceso de espera puede tomar muchos años. Sobre todo si es un país en conflicto y con tantos actores de violencia como Colombia. Así lo asegura Manuel Paredes, coordinador de los laboratorios de genética de Medicinal Legal en el país, quien explica por qué algunos procesos de identificación pueden durar décadas sin tener respuesta. Investigaciones como las de las víctimas de Luis Alfredo Garavito (violador y asesino en serie con más de 100 casos), por ejemplo, están aún hoy sin resolverse en su totalidad. Paredes dice cuáles pueden ser las razones.
“Las familias deben saber que la identificación de un cuerpo es ya una etapa adelantada de un proceso que inició por lo general, varios años antes, con la búsqueda del desaparecido. Son los organismos investigadores del Estado quienes logran recuperar el cuerpo sobre el cual comienza un proceso forense de identificación”, explica el experto. Es decir, puede pasar mucho tiempo desde el día de la desaparición hasta que los restos llegan a un laboratorio forense para su estudio.
Bogotá, Medellín, Cali y Villavicencio tienen laboratorios de genética ¿qué se tuvo en cuenta para la selección de esas ciudades?
Manuel Paredes: La demanda de los servicios. Cada ciudad se especializa en un área de acuerdo con las dinámicas de la región. En Villavicencio, donde el laboratorio se abrió hace dos años, está enfocado en la identificación de personas a través de restos óseos. Allí llegan víctimas del conflicto del Oriente, la Orinoquía y la Amazonía del país. Es una zona de conflicto. La asistencia de familiares de desaparecidos a la capital del Meta para aportar su muestra sanguínea con destino al ‘Banco de perfiles genéticos de desaparecidos’, se ha incrementado notablemente desde que se implementó el laboratorio. Se está diseñando la especialización del laboratorio de Cali en el análisis de investigaciones criminalísticas asociadas a delitos contra la vida y la integridad y a delitos contra la libertad sexual, teniendo en cuenta el comportamiento epidemiológico de estos hechos en el sur del país. Lo mismo ocurre en Medellín. Bogotá alberga estos casos, pero además los de paternidad, para lo que el estudio de ADN es clave.
¿Por qué el proceso de identificación toma, algunas veces, décadas?
La identificación de desaparecidos es un problema nacional, histórico. No hay un número definido, se sabe que son muchos, más de 60.000. Si se compara el tema de la desaparición forzada en Chile, Argentina es muy diferente. En estos dos países se están dando los procesos después de terminado el conflicto y cuentan con una estructura política que apoya notablemente su trabajo. Se trabaja en tiempos de paz. En Colombia se trabaja en medio el conflicto.
¿Qué caracteriza el trabajo forense en Colombia?
Esperamos que se acabe el conflicto para replantear el trabajo que ahora hacemos en medio de él. No se tiene certeza de la cifra de desaparecidos y el trabajo se hace más difícil.
La labor forense en Colombia es ‘sui géneris’, lo que hace que sea necesario replantear y que nos pongamos de acuerdo las tres instituciones donde están los grupos de genética que trabajan para la identificación de personas: el CTI de la Fiscalía, la Dijín de la Policía y Medicinal Legal.
¿En qué casos el proceso de identificación termina en la genética?
En el proceso hay que responder dos preguntas: cómo murió y quién era. Nosotros participamos en el segundo interrogante, pero no en todos los casos. Algunos se resuelven antes de que llegue a nuestras manos. La identificación final es un concepto que reúne información de varias áreas, donde en algunos casos se incluye a la genética. El proceso depende de tantas voces, que es esa una de las razones por las que a veces tarda varios meses o años la identificación.
¿De qué depende que un proceso de identificación tarde más que otros?
En Colombia existe algo que los ‘violentólogos’ llaman ‘el castigo del cuerpo’, que se evidencia en el ‘modus operandi’ de los grupos paramilitares que en lugar de hacer grandes fosas hacían unas muy pequeñas y para que los cuerpos pudieran entrar allí, los desmembraban. Esto hace que huesos de muchas personas se mezclen y sea más difícil dar con su identidad.
Cada conflicto tiene prácticas de barbarie. Cada país tiene su propia versión. Los forenses colombianos son expertos en identificar lesiones y torturas.
También importa la antigüedad de los restos. El tiempo que transcurrió desde que murió la persona hasta que encontraron sus restos. Eso puede hacer que los huesitos estén degradados y la prueba no sea tan exitosa. Depende siempre de si hay suficientes células y ADN para poder estudiarlo.
En resumen depende del tiempo que toma la búsqueda de los restos óseos, el tiempo que toma el proceso de exhumación, el tiempo que toma el estudio del equipo de antropología y patología forenses, la búsqueda de familiares y la ubicación de los restos óseos para análisis, el estado de preservación de los restos óseos, la necesidad de hacer múltiples reprocesos en restos degradados, el grado de parentesco de los familiares disponibles para el cotejo y el número de casos en espera de proceso de laboratorio.
Además del tiempo, ¿qué otro factor degrada los huesos?
Si los restos han estado sumergidos en agua, si han estado en clima de selva tropical, si han sido incinerados. Todo eso puede pasar y afectar las células y los tejidos.
¿Afecta el proceso el hecho de que las víctimas sean niños?
En los niños los huesos no han terminado de madurar. La pelvis, por ejemplo, es clave para que el antropólogo defina si la víctima es de hombre o de mujer. Cuando son pequeños es más complejo ver esa diferencia. Aunque para el proceso de ADN lo clave es, repito, el estado de preservación de los huesos.
¿Con cuáles huesos es más fácil el proceso?
Los del fémur porque son más gruesos y si se trata del cráneo, los del oído.
¿Cuántos genetistas especialistas en el campo forense tiene Colombia?
Entre las instituciones que manejamos el tema somos 100. En Medicinal Legal, tenemos 80. Es un campo muy atractivo, mucha gente quiere ser forense pero la exigencia es alta. Muchos son biólogos o médicos que tienen maestrías. El perfil, generalmente, es de postgrado.
En cuanto a recursos destinados a esta área, ¿cómo están?
Siempre son limitados. Hace dos años nos recortaron el 40 por ciento, pero hemos recibido donaciones y aportes de afuera. El laboratorio de Villavicencio es el que más se ha beneficiado con estas ayudas. Es el más avanzado en tecnología y referente en la región.
REDACCIÓN ELTIEMPO.COM
Ecuador
ECUADOR: VIGILIA POR LOS DESAPARECIDOS EN LA PLAZA GRANDE
VIGILIA POR LOS DESAPARECIDOS EN LA PLAZA GRANDE
La plaza de la Independencia es su mejor aliado. Todos los miércoles los recibe. Ayer, David Romo cumplió nueves meses y tres días de estar desaparecido y Juliana Campoverde 594 días de estar alejada de su familia y no volver a casa.
Amigos y familiares se dan cita en la ´Vigilia por David, Juliana y todos los desaparecidos´. Desde las 19h00 aproximadamente la Carita de Dios muestra los rostros de los jóvenes quiteños desaparecidos y la de familias que se niega a olvidarlos.
"Salir todos los miércoles con la intención de que no se olvide la gente, que aún seguimos en pie de lucha por encontrarla.
Que no descansaremos hasta que la 'justicia' de este país no ayude a saber que paso con ella" señaló, Lorena Yanguana prima de Juliana quien esta desaparecida desde el 7 de julio de 2012.
Juliana fue vista por última vez en la calle Ajaví, en el sur de Quito. Ella se dirigía a su negocio propio de producto naturales, nunca llegó al lugar.
Ahora Alexandra Crdova y Elizabeth Rodríguez no dejarán las calles , pues si sus seres queridos no regresan a casa ellas tampoco abandonarán las plazas. Alrededor de las 21h00 concluyó la vigilia.
Proceso legal: Juliana Campoverde: 7 fiscales ha tenido el proceso de investigación.
David Romo: El fiscal, Alejandro Alemán, acusó a Mendoza de ser el presunto autor del robo del celular, mientras que a Cristian L (controlador), se abstuvo de acusarlo, por lo que el pronunciamiento
deberá subir en consulta al fiscal superior.
id Romo desapareció el 16 de mayo de 2013.
ECUADOR: ORGANISMOS DE DERECHOS APOYAN LA EXTRADICIÓN DE EXGENERAL ÉDGAR VACA
ORGANISMOS DE DERECHOS APOYAN LA EXTRADICIÓN DE EXGENERAL ÉDGAR VACA
La presencia en Ecuador del exgeneral de Policía Édgar Vaca serviría para que esclarecer muchos casos de lesa humanidad, consideran organismos de Derechos Humanos. Así justifican el pedido de extradición que el fiscal general, Galo Chiriboga, impulsa a los EE.UU., país donde reside actualmente el expolicía.
Vaca es señalado como director del SIC-10. Vaca está procesado por presuntos delitos de lesa humanidad, como tortura, violencia sexual y desaparición forzada, cometidos contra Luis Vaca Jácome, Susana Cajas Lara y Javier Jarrín Sánchez, integrantes del grupo subversivo Alfaro Vive Carajo en la década de los 80.
Luis Ángel Saavedra, coordinador de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), manifestó que en los últimos 20 años estos organismos se han referido a Vaca como un posible responsable de este tipo de delitos cometidos durante la presidencia de León Febres Cordero. “Vaca tiene que responder muchas interrogantes y más cuando en el informe de la Comisión de la Verdad hay presunción de responsabilidad de este general. Es necesario que se presente y diga lo que sabe”, sentenció.
Incluso advierte que el expolicía podría conocer sobre la desaparición del escritor Gustavo Garzón, ocurrido en 1990. Por eso, Rodrigo Garzón, hermano del escritor, se une a ese pedido. Expresó que “hay indicios de que Vaca conoce dónde están los restos de mi hermano o conoce qué pasó con él”.
El SIC 10
Según la Fiscalía, cuando funcionaba el Servicio de Investigación Criminal (SIC) se creó una unidad policial clandestina denominada SIC-10, dedicada a combatir la “subversión”, grupo que habría estado liderado por Vaca. En su momento, este grupo fue acusado de utilizar métodos de investigación que vulneraron Derechos Humanos mediante torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual, entre otros delitos.
Elsie Monge, directora de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) y presidenta de la Comisión de la Verdad que se integró para investigar delitos de lesa humanidad, afirma que, en base de testimonios de víctimas de represión, se pudo comprobar que Vaca era el jefe de esa policía paralela. “Tenemos documentación donde los integrantes de otras unidades policiales se referían a él como jefe del SIC 10, un grupo nefasto, porque era clandestino”, dijo Monge.
Saavedra añade que por más investigación de grupos subversivos que se hayan dado, ninguna persona puede actuar al margen de la ley y que ningún funcionario puede aducir, para librarse de responsabilidad, que había actuado bajo órdenes superiores.
Criterio con el que coincide Monge, quien añadió que la labor del SIC era la investigar y poner a disposición de las autoridades a los presuntos implicados, pero que no podía combatir un delito con otro delito. Por eso espera que Vaca pueda ser extraditado para que aclare estos casos, ya que, dice, inclusive cuando entró en servicio pasivo ejercía mucha influencia en las filas policiales. (HCR)
Guatemala
México: Amnistía Internacional llama al Presidente Peña Nieto a enfrentar la crítica situación de derechos humanos en México
México
19 de febrero de 2014
Ciudad de México, 18 de febrero de 2014.- El
Secretario General de Amnistía Internacional, Salil Shetty, pidió al presidente Enrique Peña Nieto una serie de acciones para combatir la impunidad generalizada y el persistente patrón de graves violaciones a los derechos humanos en el país.
Durante una reunión que ambos mantuvieron en Ciudad de México, Shetty entregó al presidente un memorándum, en el cual Amnistía Internacional analizó la crítica situación de derechos humanos en el país. Las consecuencias del combate al crimen organizado y a los cárteles de la droga por parte de las fuerzas armadas, iniciado en la administración anterior, han aumentado la inseguridad y la violencia en muchas regiones, dejando a muchas comunidades desprotegidas y en riesgo. Las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos cometidos por la policía y las fuerzas de seguridad, incluyendo desapariciones forzadas, tortura y detenciones arbitrarias, continúan y la impunidad sigue siendo la norma. Los defensores de derechos humanos y periodistas, quienes frecuentemente tratan de apoyar a las víctimas y revelan los abusos, enfrentan cada vez mayores ataques. Las mujeres, los pueblos indígenas y las personas migrantes sufren discriminación y violencia, pero sus posibilidades de obtener reparación son escasas. El sistema de justicia continúa defraudando a las víctimas, a quienes se acusa de los delitos y a la sociedad en general.
"México es un actor cada vez más importante en la escena mundial, no sólo en términos económicos sino también en la promoción de los derechos humanos. Durante nuestro encuentro le dije al Presidente Peña Nieto que si su gobierno quiere realmente demostrar a la comunidad internacional y al pueblo de México que se toma en serio los derechos humanos, debe ir más allá de las palabras y hacer de estos una realidad en su país", afirmó Salil Shetty tras la reunión con el Presidente Peña Nieto.
"El Presidente tiene el poder para atender la crítica situación de derechos humanos que vive México. Peña Nieto debe actuar
inmediatamente y debe tomar las medidas inmediatas para garantizar el pleno respeto de los derechos humanos para todas las personas en el país", agregó Shetty.
El Secretario General expresó su particular preocupación por la violencia y la discriminación a la que se enfrentan las mujeres, así como los integrantes de las comunidades indígenas. Shetty reconoció que la nueva administración ha puesto en marcha varios mecanismos y procesos para hacer frente a las violaciones de los derechos humanos, aunque resaltó que su implementación y el cumplimiento han sido débiles. También reconoció la apertura que ha tenido el gobierno mexicano para recibir a observadores de derechos humanos, tanto de las Naciones Unidas como de Amnistía Internacional.
Sin embargo, Salil Shetty mostró su preocupación por el hecho de que a un año de que las autoridades reconocieran la existencia de más de 26.000 denunciadas como desaparecidas o no localizadas durante el sexenio anterior, el gobierno ni siquiera haya aclarado cuántas víctimas de desaparición forzada y de privación de la libertad por parte de bandas criminales permanecen sin localizar.
"Visité Saltillo y dialogué con las familias de personas que continúan desaparecidas en varios estados. Le transmití al Presidente que resulta evidente la falta de acción por parte de las autoridades para localizar a sus seres queridos y llevar a los responsables ante la justicia", añadió Shetty.
En 2013, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidos realizó una serie de recomendaciones a México para mejorar su preocupante historial en derechos humanos.
En marzo, el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto anunciará cuáles de estas recomendaciones serán aceptadas.
Amnistía Internacional espera que el gobierno mexicano acepte e implemente todas las recomendaciones que sean consistentes con los estándares internacionales de derechos humanos.
Amnistía Internacional llama al gobierno de Peña Nieto a:
Realizar un pronunciamiento claro sobre los compromisos de su administración en materia de derechos humanos y cumplir su promesa de enfrentar efectivamente la grave situación actual.
Garantizar la búsqueda efectiva de víctimas de desaparición y llevar a los responsables ante la justicia, incluyendo a los
funcionarios públicos que pudieran estar implicados en desapariciones forzadas.
Garantizar, mediante acciones integrales y efectivas, la seguridad de periodistas y personas defensoras de los derechos humanos que se encuentren en riesgo, y hacer rendir cuentas ante la justicia a los responsables de ataques y amenazas en su contra.
Asegurar los derechos humanos de migrantes irregulares, incluyendo el derecho a no ser objeto de violencia. Todos los abusos contra personas migrantes deben ser exhaustivamente investigados y las personas responsables deben rendir cuentas.
Durante su visita al estado de Coahuila, el Secretario General sostuvo encuentros con migrantes, familiares de víctimas de desaparición, defensoras y defensores de derechos humanos y con el gobernador del estado. Mediante esta visita, Amnistía Internacional pudo confirmar cómo las autoridades han fallado en cumplir con sus obligaciones hacia las familias de las personas desaparecidas e hizo un llamado a que las autoridades estatales asuman un compromiso claro y contundente para la localización de las víctimas y hagan rendir cuentas a los responsables de estos crímenes.
En la Ciudad de México, Salil Shetty se reunió con otras víctimas de violaciones a los derechos humanos, periodistas y organizaciones de la sociedad civil. Sostuvo también encuentros con los titulares de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de Justicia, así como con el ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia y con integrantes de los comités de derechos humanos del Senado de la República y de la Cámara de Diputados.
El memorándum completo que el secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty, entregó al presidente Enrique Peña Nieto acerca de la situación de los derechos humanos en México puede leerse en el siguiente
link:http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR41/004/2014/es
Carta al hijo desaparecido
Compartimos la carta que la compañera Diana Iris García, escribió a su hijo Daniel Cantú Iris, en el séptimo aniversario de su desaparición. Daniel es uno de los primeros desaparecidos en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y su mal llamada guerra contra el narcotráfico.
Y como recordaremos, este crimen lleva más de cuatro décadas perpetuándose y cada día se suman más nombres a las listas de desaparecidos y desaparecidas en todo el país.
Ninguna desaparición debe perdurar en el olvido y la impunidad, mucho menos en la indiferencia.
Les invitamos a recordar a Daniel, a exigir su inmediata presentación con vida y el juicio y castigo a los responsables y sus cómplices.
Sigamos haciendo de la memoria un verbo y de la verdad y la justicia una exigencia diaria.
¡DANIEL CANTÚ IRIS, PRESENTE, AHORA Y SIEMPRE!
http://fuundec.org/2014/02/20/a-siete-anos-de-la-desaparicion-de-daniel-cantu-iris/
http://www.jornada.unam.mx/2014/02/21/correo
Porque las y los desaparecidos nos faltan a todas y todos No olvidamos. No perdonamos. No nos reconciliamos Juicio y castigo a los responsables y sus cómplices
Al hijo desaparecido.
A Daniel Cantú Iris en donde quiera que esté, en
donde quiera que lo tengan.
Dany, mi güero hermoso, Un día como hoy, 21 de febrero, nos cambiaron la vida, la tuya, la mía, la nuestra: te desaparecieron, te arrebataron de mi lado. Aquel 21 de febrero de 2007 ya no regresaste a casa. Ese día empezó la incertidumbre, la angustia, el dolor. Sentí que la vida se me iba, que no podría con esta situación, no me veía como la madre de un desaparecido peregrinando, exigiendo, denunciando, organizándose.
Hoy, a siete años de aquel día, aún no sé en dónde estás, en dónde te tienen, qué te han hecho, cómo estas. Son preguntas que el Estado mexicano aún no ha podido o no ha querido responder. Son siete años de impunidad y corrupción. Siete años de indolencia y sinsentido. Siete años de búsqueda. ¡Siete años! ¿Cuántos más?
Sin embargo, quiero que sepas que me haces mucha falta, que extraño tus abrazos, tu sonrisa, tu voz, tus cariños, tu presencia. Que te quiero y te busco. Que aunque este dolor no ha cesado, lo he transformado en rabia, en indignación, en fuerza, en dignidad, en lucha, en resistencia. He colectivizado mi maternidad, mi lucha y mi esperanza.
Hijo mío: Te di la vida y lucharé cada instante de la mía hasta encontrarte, hasta que se enjuicie y castigue a los responsables y sus cómplices, hasta saber la verdad, hasta que haya justicia.
Mi güero hermoso, no estás solo. Hoy te recordamos y siempre te buscamos. Tu memoria vive y se fortalece. No eres un número, tienes una familia, tienes una historia. No eres un expediente o un caso más.
Eres el deportista, el ciclista que durante 10 años de carrera diste gloria al estado de Coahuila, obtuviste dos medallas de oro a tus escasos 11 y 13 años, lo que nunca antes se había logrado,
tus dos medallas de plata a los 17 años en pruebas de pista y las dos de bronce en pruebas de ruta por equipo, ¿te acuerdas, hijo?, la dicha en el pódium. Y hoy me pregunto: ¿qué hace el gobierno de este estado por encontrarte? ¿Acaso sus habitantes sólo importan mientras son aprovechables?
Eres también el bailarín, el ingeniero industrial, el amigo solidario, el hombre sensible y comprometido con sus semejantes.
Eres el hijo que parí aquella mañana del 11 de junio de 1983.
Eres mi Dany, mi güero hermoso.
No te digo adiós, sino hasta pronto y hasta allá donde te tienen, hasta allá donde estés, llegarán estas palabras de la madre que te quiere y te busca.
Con amor,
Diana Iris García
Saltillo, Coahuila, 21 de febrero de 2014
PARAGUAY
PARAGUAY: Reinician búsqueda de restos de desaparecidos
20 de febrero de 2014
Reinician búsqueda de restos de desaparecidos
Por EFE
Expertos paraguayos reanudaron las excavaciones en busca de restos óseos de Juan José Rotela, una de las tantas víctimas de la dictadura militar de Alfredo Stroessner.
Juan José Rotela, desaparecido durante la dictadura. / ABC Color Goiburú, junto con fiscales, policías y jueces comenzó hoy a cavar en busca del cadáver del comandante Juan José Rotela, líder del movimiento guerrillero 14 de Mayo, que intentó derrocar al Gobierno de Stroessner sin éxito y quien supuestamente fue ajusticiado por el régimen dictatorial.
Los trabajos se realizan en una estancia llamada Tapyta en el departamento de Caazapá, en el sur del país. Goiburú cree que también puede haber restos de otras personas desaparecidas, según le contaron testigos que en 1970 observaron cómo el general Patricio Colman estableció en este lugar uno de los cuarteles militares dedicados a la represión de los disidentes políticos.
“Un centenar de miembros de este movimiento insurgente fueron asesinados y muchos fueron enterrados en fosas comunes”, explicó Goiburú, hijo de un desaparecido durante la dictadura más larga de Sudamérica.
El equipo que él dirige ha encontrado restos de otras 27 personas desde que comenzaron las búsquedas por todo el territorio paraguayo, pero por falta de un presupuesto propio aún no han podido contratar a un equipo forense que identifique a cada persona encontrada.
La Comisión de Justicia y Verdad comprobó la existencia de 425 ejecutados o desaparecidos durante la dictadura de Stroessner y casi 20.000 detenidos, la gran mayoría víctimas de torturas.
Goiburu manifestó que es “muy difícil” encontrar el lugar exacto donde están los cuerpos en la estancia y hoy empezaron los trabajos haciendo una trinchera de 24 metros cuadrados.
