Seminario de Derechos Humanos 

La Embajada de la República Argentina y la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (ASOFAMD), en conmemoración de los 33 años en Bolivia y los 32 años en Argentina de la recuperación de la democracia, desarrollaron el Seminario “Política de Derechos Humanos en la Argentina y Bolivia”, el pasado viernes 2 de octubre. El evento contó con la exposición del Embajador Ariel Basteiro, de la Presidenta de ASOFAMD, Dra. Nila Heredia Miranda, de la Diputada Dra. Sonia Brito Sandoval, y de Ricardo José Miranda, Responsable de DD.HH del Ministerio de Justicia y DD.HH del Estado Plurinacional de Bolivia. El Embajador compartió con el público presente, entre quienes estaban autoridades del gobierno boliviano, representantes de movimientos sociales, periodistas, representaciones diplomáticas y público paceño en general, las diferentes políticas públicas de Derechos Humanos implementadas en la Argentina desde el año 2003 con la llegada al gobierno de Néstor Kirchner y profundizadas por la actual Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, tales como la lucha por la verdad y la justicia; la anulación de leyes de impunidad y la condena a los responsables de las violaciones de derechos humanos durante el terrorismo de Estado en juicios penales ordinarios.

ASOFAMD acuerda proyecto de ley para crear comisión que investigue período dictatorial


Las organizaciones de defensa de los derechos humanos, que agrupan a las víctimas de las dictaduras, acordaron proponer de forma conjunta un proyecto de ley, cuya meta principal es crear una comisión de la verdad. Dicha entidad, según el documento, tendría el objetivo de “esclarecer las graves violaciones de derechos humanos y hechos de violencia política acontecidos en Bolivia del 4 de noviembre de 1964 al 10 de octubre 1982”, día en que concluyó el último gobierno militar en el país.

La comisión de la verdad estaría conformada por siete personalidades destacadas, que tendrían que ser seleccionadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), de una lista elaborada por las organizaciones de derechos humanos.

El proyecto de ley ha previsto un periodo de dos años para que la comisión concluya su trabajo, aunque este plazo podría ampliarse, de acuerdo a las circunstancias, por 12 meses más. La comisión se encargará no solo de recuperar la memoria histórica de Bolivia en los 18 años señalados, sino también de identificar a los responsables de los atentados contra la vida. El segmento más cuestionador del proyecto de ley tiene que ver con este tema: la comisión se ocupará de la “identificación y participación de los posibles autores mediatos e inmediatos, intelectuales y materiales, instigadores, cómplices y encubridores de violación de derechos humanos y violencia política en Bolivia, para su juzgamiento por tribunal competente”.



ASOFAMD acuerda proyecto de ley para crear Comisión de la Verdad
Investigará el periodo de las dictaduras militares. La comisión estaría formada por siete personalidades que serán elegidas por el Legislativo.
02/09/2015
ANF / La Paz. pagina siete

Las organizaciones de defensa de los derechos humanos, que agrupan a las víctimas de las dictaduras, acordaron proponer de forma conjunta un proyecto de ley, cuya meta principal es crear una comisión de la verdad. Dicha entidad, según el documento, tendría el objetivo de "esclarecer las graves violaciones de derechos humanos y hechos de violencia política acontecidos en Bolivia del 4 de noviembre de 1964 al 10 de octubre 1982", día en que concluyó el último gobierno militar en el país.

La comisión de la verdad estaría conformada por siete personalidades destacadas, que tendrían que ser seleccionadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), de una lista elaborada por las organizaciones de derechos humanos. El proyecto de ley ha previsto un periodo de dos años para que la comisión concluya su trabajo, aunque este plazo podría ampliarse, de acuerdo a las circunstancias, por 12 meses más.

La comisión se encargará no solo de recuperar la memoria histórica de Bolivia en los 18 años señalados, sino también de identificar a los responsables de los atentados contra la vida. El segmento más cuestionador del proyecto de ley tiene que ver con este tema: la comisión se ocupará de la "identificación y participación de los posibles autores mediatos e inmediatos, intelectuales y materiales, instigadores, cómplices y encubridores de violación de derechos humanos y violencia política en Bolivia, para su juzgamiento por tribunal competente".

El documento textual es el siguiente: Proyecto de ley de la comisión de la verdad, memoria, justicia y reparación.

Artículo 1. Objeto y alcance de la Ley Crease la Comisión de la Verdad, Memoria, Justicia y Reparación como entidad independiente con autonomía funcional, financiera, descentralizada y administrativa para esclarecer las graves violaciones de derechos humanos y hechos de violencia política acontecidos en Bolivia del 4 de noviembre de 1964 al 10 de octubre 1982.

Artículo 2. Objetivos de la Comisión de la Verdad, Memoria, Justicia y Reparación. La Comisión de la Verdad, Memoria, Justicia y Reparación tendrá los siguientes objetivos: a) Establecer la memoria histórica, señalando las condiciones geopolíticas, políticas, sociales, económicas y culturales que dieron lugar a la violencia política, violación de derechos humanos y comisión de delitos de lesa humanidad contra toda la población boliviana. b) Conocer y establecer la verdad acerca de los casos de violación de derechos humanos y comisión de delitos de lesa humanidad c) Investigar y recabar información y documentación que permita la identificación y participación de los posibles autores mediatos e inmediatos, intelectuales y materiales, instigadores, cómplices y encubridores de violación de derechos humanos y violencia política en Bolivia, para su juzgamiento por tribunal competente. d) Esclarecer las violaciones a los derechos humanos para el juzgamiento de los autores y reparación integral a las víctimas por parte del Estado e) Recomendar la creación de políticas públicas y normativas de no repetición.

Articulo 3.- Composición de la Comisión de la Verdad, Memoria, Justicia y Reparación La Comisión de la Verdad, Memoria, Justicia y Reparación estará conformada por siete miembros, con equidad de género de acuerdo a las normas nacionales, que deberán ser personalidades destacadas, idóneas, respetadas y comprometidas con una sociedad respetuosa de los derechos humanos y conocedoras de la realidad vivida durante el periodo establecido en el artículo 1 de la presente Ley.

Artículo 4.- Forma de Elección de los Miembros de la Comisión de la Verdad, Memoria, Justicia y Reparación Los Comisionados serán elegidos por la Asamblea Legislativa exclusivamente de propuestas presentadas por las organizaciones de víctimas y de derechos humanos.

Artículo 5.- Estructura de la Comisión de la Verdad, Memoria, Justicia y Reparación La Comisión de la Verdad, Memoria, Justicia y Reparación tendrá la siguiente estructura de funcionamiento: 1. Plenario compuesto por los siete miembros que conforman la Comisión 2. Presidencia será ejercida por uno de los miembros del plenario a través del voto de los y las Comisionadas 3. Secretaría técnica será nombrada por la Comisión y responde a los lineamientos de ésta. Su elección será a través de un concurso de méritos, de un perfil presentado por las organizaciones de víctimas en un plazo de 30 días de promulgada la ley. Sus funciones se establecerán por la Comisión de la Verdad, Memoria, Justicia y Reparación en un plazo de 30 días desde el nombramiento de la Comisión.

Artículo 6.- Sede de la Comisión de la Verdad, Memorial, Justicia y Reparación La Comisión de la Verdad, Memoria, Justicia y Reparación tendrá su sede en la ciudad de La Paz y oficinas regionales donde se requiera.

Artículo 7.- Atribuciones de la Comisión de la Verdad, Memoria, Justicia y Reparación La Comisión de la Verdad, Memorial, Justicia y Reparación en el marco de la presente Ley, tendrá las siguientes atribuciones: 1. Denunciar ante el Ministerio Publico, cualquier acto de ocultamiento, sustracción o destrucción de información relacionada con los hechos investigados. 2. Previa orden judicial acceder a inmuebles privados, incluyendo ex casas de seguridad. 3. Acceder, sin necesidad de permiso especial, a centros y ex centros de privación de libertad. 4. Convocar y recibir testimonios de víctimas y familiares, testigos y presuntos autores. 5. Solicitar medidas de seguridad para la protección de testigos, víctimas y miembros de la Comisión, que se encuentren en situación de amenaza sobre su vida o integridad personal.

6. Remitir los resultados y conclusiones de su investigación al Ministerio Publico para el inicio de acciones penales para la investigación, enjuiciamiento y sanción de los responsables de violaciones de derechos humanos. 7. Revisar los procesos penales abiertos por violaciones de derechos humanos acontecidos en el período determinado en el artículo 1 de la presente Ley, verificando los obstáculos, exigiendo su continuidad y su conclusión. 8. Coordinar acciones con entidades públicas, privadas y organismos internacionales para el esclarecimiento, ubicación y entrega de los cuerpos, producto de desapariciones forzadas de personas, a sus familiares. 9. Preparar y suscribir convenios internacionales con entidades técnicas especializadas para el cumplimiento de los objetivos de la Comisión. 10. Recomendar la adopción de políticas públicas destinadas a la reparación integral por parte del Estado a las víctimas y/o sus familiares de conformidad a la Resolución No. 60/147 aprobada en la Asamblea General de Naciones Unidas de 16 de Diciembre 2005, Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otras normas internacionales de derechos humanos.

11. Recomendar reformas legales e institucionales para prevenir futuras violaciones de derechos humanos y para implementar de forma efectiva sus recomendaciones. 12. Recomendar al Ministerio de Educación incluir en la curricula educativa la historia de los 18 años de dictadura en el país para que no se repita. 13. Elaborar y difundir el informe final en el que se contemplen las conclusiones y recomendaciones de su trabajo. 14. Establecer mecanismos de seguimiento de sus recomendaciones. 15. Elaborar un plan de trabajo y un presupuesto para el cumplimiento de sus funciones. 16. Elaborar y aprobar su reglamento interno para el efectivo cumplimiento de sus funciones. 17. Elaborar el registro nacional oficial de víctimas de violencia política.

Artículo 8.- Acceso a la Información por parte de la Comisión de la Verdad, Memoria, Justicia y Reparación. La Comisión de la Verdad, Memoria, Justicia y Reparación solicitará, accederá y obtendrá toda la información que se requiera, sin limitación ni reserva alguna, de entidades públicas y privadas, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, incluyendo la información militar clasificada de los periodos determinados en el artículo 1 de la presente, bajo sanciones administrativas y del Código Penal.

La Comisión de la Verdad, Memoria, Justicia y Reparación tendrá acceso a los expedientes sobre solicitudes de resarcimiento excepcional presentadas ante la Comisión Nacional para el Resarcimiento Excepcional a Víctimas de Violencia Política (CONREVIP) y a la Comisión Técnica de Calificación (COMTECA), que actualmente se encuentran en el Ministerio de Justicia, al objeto de la presente Ley.

Artículo 9.- Confidencialidad. La Comisión de la Verdad, Memoria, Justicia y Reparación guardará confidencialidad sobre la identidad de quienes proporcionen información y participen en las tareas que realice conforme a sus objetivos y atribuciones.

Artículo 10.- Personas que pueden acudir a la Comisión de la Verdad, Memoria, Justicia y Reparación. Todas las personas que se consideren víctimas de violencia política o de violación de derechos humanos en el periodo determinado en el artículo 1 de la presente Ley, pueden acudir a la Comisión de la Verdad, Memoria, Justicia y Reparación.

Artículo 11.- Informes de la Comisión de la Verdad, Memoria, Justicia y Reparación. La Comisión de la Verdad, Memoria, Justicia y Reparación, en el marco de la presente Ley, deberá presentar los siguientes informes a conocimiento de la Presidencia el Órgano Ejecutivo, el Órgano Legislativo, el Fiscal General del Estado, el Procurador General del Estado y la sociedad civil: I. Informes Semestrales del trabajo realizado, donde expondrá los avances, las dificultades y los requerimientos que el Estado deberá cumplir para superar los obstáculos presentados. II. Informes de cada caso cuando considere que su investigación amerita el inicio de acciones legales. III. Informe final con sus recomendaciones, que deberá ser publicado y presentado en un acto público y posteriormente difundido ampliamente por los medios de comunicación a la ciudadanía en general.

Este documento formará parte del Archivo Histórico, deberá ser enviado además a todas las bibliotecas universitarias, municipales y organismos internacionales. IV. Los archivos de respaldo de los informes de la Comisión deberán ser entregados a una entidad especializada nacional o internacional que considere la misma Comisión y que cumpla los criterios de confidencialidad para las personas que participaron en sus investigaciones, además de la conservación y seguridad de todo el material.

Artículo 12.- Cumplimiento de las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad, Memoria, Justicia y Reparación. Las recomendaciones emitidas por la Comisión de la Verdad, Memoria, Justicia y Reparación serán de estricto cumplimiento por todas las autoridades y funcionarios del Estado.

Artículo 13.- Vigencia. La Comisión de la Verdad, Memoria, Justicia y Reparación tendrá una vigencia de 24 meses (2 años) computables a partir de la aprobación de su Reglamento Interno. Su plazo podrá ser ampliado por un máximo de 12 meses (1 año) de manera extraordinaria en base a la evaluación de los Comisionados y mediante resolución del plenario previa exposición de motivos y justificación técnica y legal.

Artículo 14.- Financiamiento. El funcionamiento de la Comisión de la Verdad, Memoria, Justicia y Reparación, de su equipo técnico, su movilización y equipamiento se financiará con recursos del Tesoro General de la Nación.

Artículo 15.- Responsabilidad. Los integrantes de la Comisión de la Verdad, Memoria, Justicia y Reparación responderán por sus actos de acuerdo al ordenamiento jurídico administrativo, estando sujetos a la Ley de Administración y Control Gubernamentales, Ley No. 1178 de 20 de julio de 1999 y normativa legal vigente. Disposiciones Transitorias Disposición Transitoria Primera.

Entrega de Información. Toda la información, documentación, bienes y equipamiento del Consejo Interinstitucional para el Esclarecimiento de Desapariciones Forzadas (CIEDEF) que se encontraban en el Ministerio de Justicia, Ministerio de la Presidencia e IDIF se entregarán a la Comisión de la Verdad, Memoria, Justicia y Reparación al objeto de la presente Ley y bajo inventario. Disposición Transitoria Segunda. Reglamento de la Ley.

El Ministerio de Justicia será responsable de redactar el Reglamento a la presente ley, en consenso con las organizaciones de víctimas en un plazo de 30 días desde la promulgación de esta norma. Disposiciones abrogatorias y derogatorias. Disposición Única. Se abrogan los Decreto Supremos No. 27089 de 18 de junio de 2003, Decreto Supremo No. 27309 de 9 de enero de 2004 y Decreto Supremo No. 27556 de 5 de junio de 2004. Se deroga el parágrafo segundo del artículo 53 del Decreto Supremo No. 28631 de 8 de marzo de 2006, respecto a la presidencia del Ministerio de Justicia del Consejo Interinstitucional para el Esclarecimiento de Desapariciones Forzadas.

Nila Heredia: Dictaduras: Bolivia es la única sin Comisión de la Verdad.

La Razón (Edición Impresa) / Iván Bustillos Zamorano / La Paz

ANIMAL POLÍTICO - RAZA POLÍTICA
00:03 / 13 de septiembre de 2015

Las organizaciones de Derechos Humanos acaban de presentar un proyecto de ley de creación de la Comisión de la Verdad, Memoria, Justicia y Reparación para esclarecer los hechos de violencia política de los que fueron objeto cientos de bolivianos en 18 años de dictadura militar, de 1964 a 1982.

La primera semana de septiembre, las organizaciones de derechos humanos ingresaron en la Asamblea Legislativa Plurinacional el proyecto de ley de creación y funcionamiento de la Comisión de la Verdad, Memoria, Justicia y Reparación, entidad independiente, descentralizada y financiada con recursos del Estado que buscará, detalla el proyecto, “esclarecer las graves violaciones de derechos humanos y hechos de violencia política acontecidos en Bolivia del 4 de noviembre de 1964 al 10 de octubre de 1982”. ¿Por qué una Comisión de la Verdad hoy, a 34 años del fin de la dictadura de Luis García Meza, 37 de la de Hugo Banzer, 46 de la de René Barrientos, entre otros?

Sencillamente porque es una deuda que nos tenemos como país, por no haber investigado, revelado y hecho justicia sobre esos 18 años de violencia política bajo la dictadura militar, especialmente en lo referido a los “detenidos desaparecidos”; tiene un fin práctico, además: que el Estado boliviano deje de estar en entredicho ante la justicia continental, cuando varios familiares de las víctimas presentaron su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al no encontrar respuesta en Bolivia. Por lo demás, señala la presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (Asofamd), Nila Heredia, Bolivia es el único país en la región que no ha creado esta importante Comisión de la Verdad.

— En 23 años el país no ha logrado crear propiamente una Comisión de la Verdad.

— No, no se ha logrado constituir; en realidad, (Bolivia) es una excepción en todos los países; prácticamente todos han constituido una Comisión de la Verdad. La que lo hizo de manera más completa fue Argentina.

— ¿Por qué Bolivia tiene todavía esta deuda?

— Porque hasta ahora no se ha hecho la investigación y porque hay una suerte de impunidad aceptada a partir del Estado. Excepto el juicio a Luis García Meza, ‘trabajado’ de manera tozuda por Asofamd, cuando se sumó el hecho de que ese gobierno estaba teñido de narcotráfico y el propio Ejército trató de separarse afirmando que ‘ése es un gobierno del narcotráfico, nosotros somos militares puros’. Además, entre otras cosas, a García Meza lo han imputado por la masacre de la calle Harrington, pero no está imputado por los desaparecidos, hay más de 20 desaparecidos en su gobierno. Lo que no se explica es que con un proceso tan combativo en Bolivia, hasta ahora no exista una investigación.

— Ese es el punto hoy: con el MAS cambió mucho el país…

— Con el MAS cambió harto, indudablemente. Pero para el actual Gobierno, del cual yo he formado parte y seguiré apoyando, esto no es lo más importante; la prioridad era el cambio del modelo neoliberal; para Evo y para todos nosotros, más importante era construir antes que poner primero este problema (de los desaparecidos bajo la dictadura).

— Aunque al parecer siguen siendo núcleo duro las Fuerzas Armadas.

— Por supuesto, suma a aquello. La lectura del Presidente es ‘para qué hoy nos vamos a enfrentar con el Ejército’, estoy hablando de hace siete años; ‘cómo enfrentarnos con el Ejército si tiene toda una estructura’, además la oposición, el nudo opositor crítico está en el Ejército; mejor no toquemos’.

— Ahora, la desaparición es de lesa humanidad, por eso se puede revisar hacia atrás...

— Es de lesa humanidad, por eso se puede revisar hacia atrás. Por otra parte, nosotros, familiares de detenidos desaparecidos, siempre nos hemos rehusado a aceptar de que están muertos; aceptar que han sido fusilados, por ejemplo, sería aceptar que han muerto; pero no, por eso decimos, ‘vivos se los llevaron, vivos los queremos’.

— Es una tensión irresuelta del ‘proceso de cambio’.

— Al Estado le conviene resolver este tema (de los desaparecidos). ¿Qué está ocurriendo desde hace diez o doce años? Que diferentes compañeros y compañeras han tenido que denunciar ante la Corte Interamericana (de Derechos Humanos) su caso; el primero fue el impulsado por Gladys Solón, sobre su hijo Juan Carlos Trujillo; luego vino el caso de la familia Ibsen. Como aquí no se ha logrado avanzar la investigación, el caso es llevado a la Corte Interamericana, y la Corte ha fallado contra Bolivia; y no solo es que el Estado tenga que pagar, eso es secundario; sino que además, y está en la sanción emitida por la Corte, Bolivia tiene que terminar la investigación hasta encontrar los restos y a los culpables; y hasta ahora no se ha hallado nada; gana Ibsen, igualito; gana Ticona-Estrada, igual; y (el Estado boliviano) tiene en puertas por lo menos tres o cuatro casos más. Entonces, lo que nosotros decimos es: ‘no tiene sentido que el Estado reaccione por cada caso, se va a ahogar buscando caso por caso en vez de hacer lo más lógico, una investigación completa; eso le va a evitar sanciones, además de quedar mal.

— Claro, como que se lo están resolviendo un problema por fuera que el Estado debió encarar por dentro, digamos.

— Pero claro. Por ejemplo, ahorita estamos en un juicio por el Plan Cóndor, en Argentina y en Italia, por los desaparecidos descendientes o de origen italiano, y en la lista están García Meza y Arce Gómez; ocurre que los van a sancionar y el proceso está en esos países, pero no aquí. Es un absurdo, entonces, el Estado boliviano queda mal. Luego, tenemos a los compañeros que están en El Prado; podemos estar de acuerdo o no, para nosotros el resarcimiento económico no es la prioridad, pero no pueden mantenerlos allí tres años...

— Las sanciones implican también compromisos…

— Pagar, poner nombre a una calle, nombre a una escuela, varias cosas; pero además, hacer una investigación, y saber qué ha pasado. Ahorita la familia Quiroga Santa Cruz está llevando el caso a la Corte Interamericana; recién (en reparticiones estatales) están correteando, dando mayor importancia, porque aquello está llegando a la Corte Interamericana.

— Es de propio interés del Estado impulsar esta Comisión.

— Vamos a decir que le interesa a este Gobierno, por las características que tiene, pero el Estado está obligado a resolver estos temas y explicar, a restituir los nombres, por eso se llama Comisión de la Verdad, Memoria, Justicia y Reparación.

— Ustedes piden que la Comisión la elija la Asamblea, pero de nombres propuestos por las asociaciones de víctimas. ¿No es tender a ser juez y parte?

— El temor de varios compañeros es que pudieran ponerse nombres de gente no neutral, que quisieran proteger; pero también otros decimos que no estén en representación de las víctimas; ha sido una discusión interna. Ahora, puede estar una personalidad que hubiera sido víctima, pero debería estar en función de sus méritos, no en ‘representación de’. Tienen que ser personas, personalidades, que realmente garanticen que la investigación y las conclusiones sean equilibradas.

— Sugieren que la Comisión sea financiada por el Estado (TGN).

— Debe ser del Estado, porque es el Estado el responsable; si no, olvídese; hasta que se consiga un apoyo económico, nunca va a funcionar.

— Es una entidad investigadora, de libre acceso a fuentes informativas, incluso las militares.

— Tiene que investigar, por eso tiene un equipo técnico, porque pueden haber personas probas, pero que no tienen experiencia en investigación. Pero la Comisión de conjunto investiga, hace el informe a la Asamblea Legislativa y ésta decide pasar a la Fiscalía. No es una comisión ejecutiva ni está por encima del Estado; es independiente de los poderes del Estado, pero tampoco puede juzgar.

— Ya hubo experiencia con los militares, sobre sus archivos. Ahí tendrá que ser muy clara la norma.

— Tiene que ser muy clara. No es posible que todo lo del Ministerio de Gobierno se hubiera perdido, no es posible que los ministerios no tengan algo. No es que no sea importante incidir, presionar, probablemente no quieran abrir (sus archivos), pero después la presión va a hacer que los abran. Pero además hay que saber buscar, hay expertos en archivos.

— ¿Y si se ha perdido información?

— Es imposible que el Ejército pierda un papel, sería perder su Inteligencia, la mucha o la poca que tenga; es imposible que la CIA, por ejemplo, no tenga copia digitalizada.

— Demandan además que la Comisión centralice toda la información sobre la represión en dictaduras; solo esto ya sería un gran logro.

— Claro, ahí ya tenemos un montón. Los que han pedido el resarcimiento, han entregado documentos originales, una base riquísima; por eso nosotros hemos pedido una copia de aquello, nos han dicho que están digitalizando, pero esa documentación es riquísima, porque ahí están las declaraciones, y trabajar estas declaraciones es fundamental.

— También hablan de la confidencialidad en cuanto a nombres.

— Es que hay personas que dicen ‘yo voy a declarar, pero no quiero que salga mi nombre’; así, el equipo tiene que asegurar que hay confidencialidad; por eso mismo, los archivos deberán ponerse a buen recaudo; pero que esto tampoco signifique que nadie lo va a abrir, alguien tendrá que hacerse cargo. La Comisión tendrá que evaluar este tema.

— Usted ha sido o es parte de este Gobierno. ¿Qué perspectiva le ve a esta Comisión, al proyecto de ley?

— Creo que el Gobierno y el Estado necesitan resolver este tema por compromiso internacional, por el mismo Gobierno que es (popular), y las razones políticas, que hacen de este proceso como que ha ido trabajando siempre en el tema de la verdad en función de los grupos luchadores, sociales. Es una deuda que tiene el Estado. Creo que la perspectiva, más que la expectativa, la tendencia, es que (el Estado) tiene que tomar este tema; probablemente en la Asamblea se discuta quiénes constituirán la Comisión; lo que no podría hacer es poner a un miembro que puede ser cuestionable.

— Un tema no menor de vuestra demanda es que todo esto se incluya en la currícula educativa.

— Exactamente. Es parte de la memoria. Se debe conocer y estudiar esta parte de la historia; el actual proceso (de cambio) ha nacido hace mucho tiempo: las víctimas (de las dictaduras) han sembrado lo que es este proceso. Esas víctimas no están pidiendo compensación económica, están pidiendo que el actual proceso no se vaya a la deriva y no vuelva a ocurrir otra dictadura; y eso desde la escuela tiene que saberse. Por eso la investigación que haga la Comisión debe ser lo suficientemente seria y coherente, para que (aquello) no vuelva a ocurrir, que no se repita nunca más; por eso es verdad y justicia, conocer la verdad y hacer justicia.

Perfil

Nombre: Nila Heredia Miranda

Nació: 21 de septiembre de 1943

Profesión: Médica

Cargo: Presidenta de Asofamd

Vida

En los ‘70, Heredia fue militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores de Bolivia (PRT-B); secuestrada el 2 de abril de 1976 de su casa, fue torturada en la entonces Prefectura de Cochabamba; su caso fue denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, la que tras solicitar informes al Gobierno boliviano de entonces (1977), declaró que la administración gubernamental de entonces violó los derechos a su integridad y al debido proceso.

ASOFAMD EN SANTA CRUZ BOLIVIA, DONDE EL APARATO REPRESIVO EMPEZÓ SUS ACCIONES EN TORNO AL GOLPE DE ESTADO DE HUGO BANZER SUAREZ

ABOGADO DE CORONEL MELEAN RENDÓN PRESENTA CROQUIS DE LA UBICACIÓN DE LOS RESTOS DE MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ

En el caso de la busqueda de los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz, el abogado Frank Campero, defensa del ex coronel Roberto Meleán Rendón, investigado en el caso, presentó este viernes el croquis en sobre cerrado del lugar donde se encontrarían los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz, piden una audiencia pública a la fiscalía para entregar el mismo bajo documentos. “Estamos agarrando justamente ese croquis tan mencionado y tan anunciado ante la opinión pública y ante el Ministerio Público se ha corroborado este croquis con una foto digital que nosotros sacamos donde muestra San Javier, muestra la hacienda del General Hugo Banzer, muestra la pista de aterrizaje y que de manera fehaciente coincide con el croquis que nosotros estamos prestos a entregar “, manifestó Campero. Así mismo señaló que el croquis contiene el lugar que el general Luis Arce Gómez habría indicado, en una hacienda del ex presidente Banzer; en el departamento Sata Cruz en una bolsa doblado en dos, donde se encuentra los restos de Santa Cruz. Aclaró que en el sobre también estaría las declaraciones firmadas de Arce Gómez y Roberto Meleán, en la que Gómez le menciona a Meleán que Quiroga Santa Cruz, le habrían roto la columna, por tanto esta doblado en dos, dentro de una bolsa nylon, enterrado en una caja de metal; de las que tienen conocimiento Arce, Banzer y Meleán. Cabe recordar que el coronel Meleán se encuentra sentenciado a 30 años de cárcel, por violación y torturas que habría cometido durante el gobierno de Luis Arce Gómez, a la fecha ya lleva siete años en esta.

ESPSEREMOS NO PASE LO MISMO CON GARCÍA MEZA

AGRUPACIÓN DE FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS. CHILE

Conferencia de prensa realizada esta mañana de sábado 08 de agosto en la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, sobre la muerte de Juan Manuel Contreras Sepulveda

DECLARACIÓN PÚBLICA
Rodeado por sus familiares más cercanos, sedado para evitarle dolores físicos, conservando su grado de General de la República, asistido en uno de los hospitales con mayor cantidad de recursos técnicos para la sobrevivencia, muere el genocida Manuel Contreras Sepúlveda.
Para la Agrupación de Familiares de Detenid@s Desaparecid@s, la breve descripción anterior, deja en evidencia lo que aún es Chile a más de 42 años del golpe de estado y a 25 años de transición a la democracia y hablamos de transición pues si esta fuera una verdadera democracia, otro sería el tenor de este encabezado.
529 años acumulados por condenas por violaciónes a los derechos humanos, por crímenes de lesa humanidad. Desapariciones forzadas, ejecuciones políticas, torturas son el prontuario de quien fuera el creador de la DINA , Dirección de Inteligencia Nacional, mano derecha del dictador con quien sostenía reuniones diarias para informarle del genocidio.
Cabecilla de la coordinación en América Latina del extermino no solo de connacionales, sino también de luchadores por la libertad de esta América sitiada por el golpismo en los años 70. Bajo su responsabilidad operan los servicios de inteligencia responsables de miles de víctimas que hasta hoy claman por justicia.
Nada diremos de su muerte, solo queremos analizar y entregar nuestra opinión acerca de las circunstancias que la rodean. A pesar de ser condenado bajo los cánones de justicia tradicionales, muere sin ser degradado; muere sometido a tratamientos especiales de reclusión; muere en una sofisticada impunidad que ni le impide reunirse con su familia ni amistades; muere, hasta hace poco, asistido por abogados costeados mediante descuentos por planilla a funcionarios de las FFAA; muere como el máximo representante del llamado pacto de silencio, todo esto con la anuencia de quienes aceptaron la creación de cárceles especiales para los violadores de derechos humanos, por quienes se han negado a degradarlos a pesar de los crímenes horrendos cometidos, por quienes ha aceptado se les realicen homenajes y gratifique con medallas alusivas al golpe a quienes se suponen merecedores por servicios a la Patria, por quienes en una actitud que refuerza el pacto de silencio, legislan a favor del mismo imponiendo 50 años de resguardo de los nombres de los perpetradores.
La muerte de Manuel Contreras Sepúlveda nos conecta con el Chile que no quiere más impunidad, que siente que las autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial tienen el imperativo moral de articular todas las medidas necesarias para que NUNCA MAS, el país se vea enfrentado a una dictadura cívico militar como la que sufrimos.
Creemos que no se cierra una etapa, más bien se abre otra cuya responsabilidad histórica está en sus manos. Es el momento de implementar las medidas legislativas, políticas, militares, éticas y humanas que den la seguridad a las presentes y futuras generaciones, que den la certeza que hechos de la naturaleza practicada por Manuel Contreras Sepúlveda y otros, serán imposible de repetirse.


AGRUPACIÓN DE FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS
Santiago, 7 de agosto de 2015

A 35 AÑOS DEL GOLPE MILITAR DE GARCIA MEZA 

1980 - 2015

COMISIÓN DE LA VERDAD YA!!!!!!

Página/12 En Italia 
 En Roma también se juzga el Plan Cóndor 

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto; el subsecretario de Derechos Humanos, Luis Alén, y Patricia Bernardi, del EAAF, fueron algunos de los testigos. Se juzga a 32 militares y civiles de Uruguay, Chile, Bolivia y Perú.

Por Elena Llorente
Desde Roma

Mientras en Argentina el juicio por los crímenes del Plan Cóndor está en la etapa de alegatos, en Italia también se está llevando a cabo un proceso –el primero que se está haciendo en Europa– contra esta organización orquestada por las dictaduras latinoamericanas de los años ’70 para eliminar opositores. Esta semana fueron convocados a declarar Estela Carloto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo; Luis Alén, subsecretario de Derechos Humanos argentino, y Patricia Bernardi, del Equipo Argentino de Antropología Forense, además de nietos y familiares. El tribunal está tratando los casos de algunos argentinos y uruguayos desaparecidos. Varios de ellos pasaron por la cárcel clandestina Automotores Orletti y desaparecieron en otros países. Entre ellos el caso de la uruguaya María Emilia Islas Gatti de Zaffaroni, secuestrada en Buenos Aires en 1976 junto a su marido Jorge Zaffaroni y su hijita de 11 meses Mariana. Mariana, que nació en Argentina y recuperó su identidad en 1993, estuvo entre los testigos de ayer. También declaró la argentina Carla Artés Company, que vive en España, nieta recuperada e hija de Graciela Rutila Artés, arrestada en Bolivia y trasladada a Orletti, como le sucedió al argentino, que también vivió en Bolivia, Luis Stamponi, compañero del Che Guevara, cuyo caso se trató la semana pasada. La nieta reencontrada del fallecido escritor argentino Juan Gelman, Macarena, que estaba también entre los declarantes, no pudo viajar a Roma por razones de salud.

El proceso Cóndor de Roma ha llevado a juicio a 32 militares y civiles de Uruguay, Chile, Bolivia y Perú –no hay militares argentinos acusados porque Argentina los está procesando por su lado–, por la desaparición y muerte de 43 ítalo-argentinos, ítalo-uruguayos, ítalo-chilenos y uruguayos. Los militares y civiles acusados, algunos de ellos en la cárcel en sus respectivos países, son juzgados en ausencia, a excepción del uruguayo Jorge Troccoli, que vive en Italia en libertad y con ciudadanía italiana.

El subsecretario Alén, que declaró el jueves, contó a Página/12 que su intervención estuvo principalmente centrada en Orletti, porque, dijo, es “donde estuvieron la mayoría de los uruguayos”. “Mi declaración no fue sobre casos puntuales, sino como experto y sobre los juicios en general que se están haciendo en la Argentina.” Los jueces le preguntaron, entre otras cosas, cómo se llegó a la conclusión de que existía el Plan Cóndor. Entonces “yo expliqué –agregó– que existen numerosos documentos e investigaciones que permitieron llegar a esa conclusión, incluso algunos documentos desclasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos”. También, añadió, gracias a la tarea que han llevado a cabo los distintos organismos de derechos humanos del país y del Mercosur, que desde 2010 cuenta con un grupo técnico en materia de cooperación y de intercambio de archivos de derechos humanos. “Actualmente hay 219 archivos que están en custodia del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur. Esa es una base documental que permite sin duda alguna demostrar la existencia del Plan Cóndor que, por lo demás, no podría haber pasado sin tener la aprobación de los Estados Unidos y sin el conocimiento de las autoridades que estaban en cada país miembro”, concluyó.

Por su parte, Estela Carlotto contó a Página/12 que habló “con mucha emoción, aunque el lugar era siniestro” (la sala de tribunales de la cárcel de Rebibbia). “Lo que quisieron saber fue mi trayectoria y cómo llegué a ser presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, cosa que reseñé lo más sintéticamente posible. Y todas las actividades que realizamos para encontrar a los nietos. Me preguntaron sobre algunos casos de nietos, emblemáticos porque con ellos se puede demostrar que hubo un Plan Cóndor. Se trató de los nietos Carlos D’Elía Casco, María Victoria Moyano Artigas, los hermanos Anatole y Victoria Julien Grisonas (encontrados en Chile), Carmen Gallo Sanz, y Mariana Zaffaroni, todos hijos de uruguayos desaparecidos. En casi una hora de interrogatorio, en el que varias veces tomó la palabra el principal fiscal de este proceso, Giancarlo Capaldo, Carlotto dijo que habló “con la sensibilidad de una abuela y con sencillez, sobre todo para sensibilizar al jurado popular que está también en la sala”.

A Mariana Zaffaroni los jueces le pidieron que contara lo que sabía sobre la desaparición de sus padres y la apropiación de su persona por un miembro de los servicios de Inteligencia. “Lo que me comentó el fiscal fue que ellos pueden tomar como prueba sólo las sentencias definitivas y las únicas definitivas en el caso de mi familia es la de mi juicio por apropiación realizado en Argentina donde se demostró que mi mamá estuvo arrestada en Orletti.” “Considero este juicio una muestra de que efectivamente los derechos humanos son universales y que su violación merece justicia. Si bien se lleva a cabo sólo respecto a los descendientes de italianos, de alguna manera es un mensaje claro de que esas cosas no pueden quedar impunes”, concluyó.

Patricia Bernardi, del Equipo Argentino de Antropología Forense, fue la encargada de contar a los jueces, mostrando fotos de los hallazgos, los casos de algunas personas asesinadas que fueron encontradas en unos bidones en el Canal San Fernando del Tigre en octubre de 1976. La prefectura en aquel momento les tomó las huellas digitales y los enterró en una fosa común. Gracias a documentos encontrados en 1989, se pudo llegar a esos cuerpos y identificarlos. Todos habían pasado por la cárcel clandestina de Automotores Orletti. Entre ellos estaba el hijo de Gelman, Marcelo. Bernardi mostró fotos de los cráneos, atravesados por una bala en la nuca, y de las costillas rotas, por lo menos 15 días antes de la muerte, dijo.
El compañero del Che

Luis Stamponi, nacido en 1935 en Punta Alta, conoció al Che en Cuba. Fue arrestado en Bolivia en 1976 durante la dictadura de Banzer y trasladado a Argentina. Fue encerrado en Orletti y luego desapareció, posiblemente en Uruguay, como otros de Orletti. Stamponi es “un personaje fascinante por su largo compromiso que empieza con la lucha estudiantil por la enseñanza ‘laica o libre’ de 1955-56 hasta atravesar toda la historia de la guerrilla guevarista. Estuvo en 1962 en Cuba y conoció al Che Guevara pero según las investigación históricas que he hecho, no creo que lo haya vuelto a ver”, contó a Página/12 Gustavo Rodríguez Ostria, actual embajador boliviano en Perú e historiador. Rodríguez Ostria, que dijo hablar a nivel personal, ha escrito dos libros referidos a la experiencia de Stamponi y sus compañeros y fue convocado por la Justicia italiana como estudioso. “Stamponi participó de la reconstrucción de la guerrilla guevarista en Bolivia luego de la muerte del Che en 1968”, contó.

Nila Heredia, médica, ex ministra de Salud del gobierno de Evo Morales y presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Mártires de la Revolución Nacional (Asofamd), declaró también ante los jueces como compañera en la vida y en la militancia de Stamponi. “Yo era la compañera de Luis desde 1971 y hasta que desapareció –contó a Página/ 12–. Yo era militante del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y ahí conocí a Luis, que nosotros llamábamos Gerardo, porque él aparecía como Gerardo Bermúdez. En 1976 nos agarraron, a mí en abril, a Luis en septiembre. Desde que me apresaron, estuve totalmente aislada, primero en la cárcel de Achocaya y luego en Viacha y nunca más lo volví a ver.”

Enriqueta Stamponi, prima de Luis, atestiguó como familiar, aun cuando, como contó, para poder hablar de su primo tuvo que remitirse a su tía, la madre de Luis, Mafalda Corilandesi, también desaparecida. “Mi tía fue de Punta Alta a Buenos Aires y de ahí a Bolivia, cuando le dijeron que habían agarrado a mi primo. Era noviembre de 1976. Pero en la cárcel de Bolivia no estaba. Así es que se volvió a Buenos Aires y de allí nos llamó a Punta Alta para contarnos además que creía que la seguían. Ella salió del hotel donde se hospedaba y cuando volvió, la arrestaron. Nunca más supimos nada de mi tía y tampoco de Luis. Y ella no tenía ningún tipo de militancia. Era simplemente una madre que buscaba a su hijo”, contó.

Italia juzga a los represores del Plan Cóndor

 

Jorge Néstor Troccoli es el único imputado en la causa detendio en Italia. También están acusados, aunque ausentes, 31 militares y civiles de Uruguay, Chile, Bolivia y Perú por la desaparición de 43 personas.

Por Elena Llorente

Desde Roma

Ante la presencia de un solo imputado, Jorge Néstor Troccoli, ex miembro del Servicio de Inteligencia de la marina uruguaya, la Justicia italiana dio comienzo ayer en Roma al primer juicio contra el Plan Cóndor en Europa. También están acusados, aunque ausentes, 31 militares y civiles de Uruguay, Chile, Bolivia y Perú, nueve de los cuales están presos en sus respectivos países y el resto libres, todo ellos acusados por la desaparición o asesinato de 43 personas (6 ítalo-argentinos, 4 ítalo-chilenos, 13 ítalo-uruguayos y 20 uruguayos) durante las dictaduras militares que dominaron esas naciones latinoamericanas en la década del ’70.

Presidida por Evelina Canale y un jurado de 12 jueces populares como estila la Justicia italiana, la primera audiencia duró seis horas para resolver formalidades y rechazar todas las objeciones que presentaron los defensores de los acusados. Pero también fijó la próxima audiencia para el 12 de marzo. Y para el 13, una nueva audiencia por el caso del general boliviano Luis García Meza, implicado en el Plan Cóndor y detenido en La Paz por estar acusado de asesinato y complicidad con el narcotráfico. Sobre el caso de este golpista, que entre otras cosas derrocó al gobierno democrático de Lidia Guelier en 1980, la Justicia italiana no ha podido decidir todavía si incorporarlo o no al proceso Cóndor.

“Después de 40 años de los hechos, este proceso tiene un valor moral y trata de conocer la verdad o parte de la verdad de lo que ocurrió en América latina. Debe demostrar lo que ocurrió de modo autónomo, independiente, imparcial”, dijo a la prensa el fiscal Giancarlo Capaldo, que comenzó a reunir pruebas hace más de 12 años. Ante la falta de imputados argentinos en este proceso –cuando la dictadura argentina, como se sabe, formó parte del Plan Cóndor para la eliminación de opositores políticos junto a las de Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile y Perú–, el fiscal había declarado precedentemente que se trataba de una “elección política” del gobierno argentino. Fuentes de la embajada argentina reiteraron por su parte que el “gobierno argentino, al haber eliminado las leyes de impunidad que existían, ha garantizado que los juicios de lesa humanidad puedan realizarse de manera absolutamente abierta. Los que han iniciado acciones legales fuera de su país lo hacen porque tienen dificultades para hacerlo en su propia nación”.

Sólo dos familiares estuvieron presentes en la audiencia de ayer, ambas residentes en Italia, las uruguayas Cristina Mihura, viuda de Bernardo Arnone, desaparecido en Buenos Aires en 1976; y Aurora Meloni, cuyo marido, Daniel Banfi, fue arrestado (y luego apareció muerto) por fuerzas policiales uruguayas y argentinas en Buenos Aires en 1974. “Estamos comenzando después de tantos años de lucha. No va a ser fácil, porque no es fácil probar cosas después de tanto tiempo. La mayor parte de las pruebas las hemos recogido nosotros, los familiares, con muy poca ayuda de los Estados, porque los archivos estaban cerrados y por motivos varios, y de personas que han tenido miedo y que recién ahora se están arrimando. Pero mantendremos la misma tenacidad que hasta ahora”, dijo Mihura a Página/12. Y Meloni por su parte comentó: “La emoción es fuerte. Pero el agradecimiento a quien permite que esto suceda, también. Me refiero al Estado italiano, a la fiscalía, al trabajo que hizo el fiscal Capaldo, al de todos los familiares que representamos a estas víctimas. Creo que está llegando al mundo lo que está sucediendo. ¿Qué espero de esto? Espero respuestas, noticias, informaciones que no tengo y, sobre todo, justicia”.

Las primeras 10 o 15 filas de mesas de la sala de audiencias judiciales de la Cárcel de Rebibbia (conocida como “el bunker”, porque ahí se hacen juicios penales peligrosos) estuvieron ocupadas por un numeroso grupo de abogados, muchos de oficio, que defenderán a acusados y a familiares. No sólo los familiares se han constituido como partes querellantes sino también el gobierno de Uruguay, las Abuelas de Plaza de Mayo y dos asociaciones de familiares, una de Chile y la otra de Bolivia. “La presencia de las Abuelas de Plaza de Mayo será un soporte importante en este proceso –dijo a Página/12 la abogada que las defiende, Simona Filippi–. Porque los casos más atroces, a mi modo de ver, son los de esas mujeres embarazadas que no sólo fueron torturadas y luego asesinadas sino a quienes antes les fueron quitados sus hijos pequeños. Estela Carlotto estará entre los testigos del proceso.” Los testigos son 149, de distintos países, y dentro de algunos días se conocerá el calendario para esas presencias.

Para Giancarlo Maniga, uno de los abogados que desde hace años defiende a los latinoamericanos en materia de derechos humanos, “aunque ha pasado mucho tiempo desde que se presentaron las primeras denuncias, por suerte estamos comenzando. Lamentablemente varios de los acusados han muerto. Pero lo que cuenta es llegar a una conclusión, espero, de condena”. “Estos procesos tienen tres puntos relevantes –agregó–: hacer justicia, que es nuestra obligación, mantener la memoria y contribuir a que en los países donde estos hechos se produjeron, madure una Justicia verdadera como paso importante de la democracia.”

Vestido de marrón y cabizbajo casi todo el tiempo, Troccoli estaba sentado junto a sus defensores. Pero no quiso hacer declaraciones, indicando a su abogado, Francesco Saverio Guzzo, para que hablara. “Troccoli no ha tenido jamás un rol determinante en las cosas de las que se lo acusa, y será demostrado durante el proceso –dijo–. No se puede negar que fue parte de una organización militar. Pero desde 1996 ha tomado distancia de sus viejos conocidos, reiterando su total no responsabilidad en los hechos que se le atribuyen. Además hay que recordar que Troccoli llegó a Italia en 2007, fue arrestado por unos meses y que la Justicia luego lo dejó en libertad. Y esto es un buen punto de partida para él.”

Las embajadas de Chile, Uruguay, Perú y Bolivia enviaron sus representantes a la audiencia. El embajador boliviano Antolín Gómez, el único embajador presente, dijo a Página/12 que su gobierno está dispuesto a colaborar con las autoridades italianas “pese a que las personas acusadas están ya en la cárcel y condenadas. Pero estamos aquí porque no sólo es importante para nuestro gobierno sino para las familias afectadas”.

Entre los acusados se encuentran los uruguayos Juan Carlos Blanco (ex ministro de Exteriores del gobierno de facto 1973-76); el general Iván Paulós, jefe del Servicio de Informaciones de la Defensa (SID), y el coronel Pedro Antonio Mato Narbondo, acusado de haber sido uno de los organizadores de la represión y las torturas en el centro de detención clandestina de Buenos Aires conocido como Automotores Orletti. También los chilenos Sergio Arellano Stark, famoso por haber dirigido la Caravana de la Muerte que fue asesinando presos políticos por todo el país; Manuel Contreras, que dirigía la DINA, el servicio secreto de la dictadura de Augusto Pinochet; y Daniel Aguirre Mora, dirigente de la terrorífica CNI (Central Nacional de Inteligencia). Entre los peruanos se destaca la figura del general Francisco Morales Bermúdez, presidente de Perú de 1975 a 1980; el jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) Martín Martínez Garay y el general y ex primer ministro Pedro Richter Prada.

Argentina abre Sitio de Memoria en extinto centro de tortura

"Es un sitio de memoria y no un museo porque en el museo se guarda el pasado mientras que en sitios de memoria se guarda la Justicia y la verdad". La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, inauguró este martes un sitio de memoria histórica en el extinto centro clandestino de la ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada), uno de los principales centros de tortura y exterminio por donde pasaron personas, generalmente perseguidas por su militancia política, social y sindical, la mayoría de las cuales permanecen desaparecidas. En el acto, la Mandataria manifestó: “Hay una victoria de la vida sobre la muerte, de la patria sobre la antipatria” y recordó que en el año 2004, el entonces presidente Néstor Kirchner, se trasladó hasta esta edificación para prometer la recuperación del mismo. “Aquí no estamos sólo recuperando una infraestructura, sino rescatando la memoria y la historia de los argentinos", enfatizó.

“Yo creo que este es un acto de resistencia de la memoria y de la vida que como el sol, siempre aparece”. 

El llamado Sitio de Memoria es una propuesta museográfica del Directorio del Ente del Espacio para la Memoria; Organismos de Derechos Humanos; y la Secretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación. Este es el primer acto de una serie de actividades que realizará el Gobierno argentino para conmemorar un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, actividades que se ejecutarán bajo el lema "El mismo Sol, la misma Patria".
Este contenido ha sido publicado originalmente por teleSUR bajo la siguiente dirección:  http://www.telesurtv.net/news/Argentina-abre-Sitio-de-Memoria-en-extinto-centro-de-tortura-20150519-0033.html. Si piensa hacer uso del mismo, por favor, cite la fuente y coloque un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. www.teleSURtv.net

COMUNICADO ASOFAMD

ACTO HOMENAJE A LUIS ESPINAL

CINE 6 DE AGOSTO

REPORTE FOTOGRÁFICO

ASOFAMD ANUNCIA UN NUEVO JUICIO A LUIS GARCÍA MEZA

La Cámara de Diputados rindió homenaje al padre Luis Espinal.

La Paz, 20 de marzo (ANF).- La Asociación de Familiares de Detenidos, Desparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (ASOFAMD) anunció que iniciará un nuevo juicio contra el exdictador Luis García Meza, por la desaparición de 23 personas durante el régimen presidido por el ahora condenado a 30 años de presidio.

“El día del golpe a la débil democracia boliviana, con inusitada violencia, disparos y uso de ambulancias provenientes de la Caja Nacional de Salud, asaltaron la sede de la FSTMB y COB, donde tomaron presos a dirigentes sindicales, sociales, políticos y de derechos humanos, quienes fueron trasladados en ambulancias al Estado Mayor donde fueron torturados por militares, paramilitares y extranjeros de origen argentino y brasilero”, dice una parte de un comunicado emitido por ASOFAMD.

La medida fue anunciada después de conocer las declaraciones del exdictador, sobre el anuncio del paradero de los restos del líder socialista, Marcelo Quiroga Santa Cruz, que estarían enterrados en la hacienda fallecido expresidente Hugo Banzer Suárez.

En conferencia de prensa, los miembros de ASOFAMD consideraron las declaraciones de García Meza como “desaprensivas”, porque pretenden escudar sus actos y responsabilidades “en órdenes de muertos o a subalternos, como si él no hubiera sido el gobernante y por tanto responsable de todo lo acontecido antes y durante su dictadura”.

Por su lado, la Cámara de Diputados rindió homenaje al padre Luis Espinal, destacado periodista, cineasta y docente universitario, conmemorando los 35 años de su asesinato a manos de paramilitares, el 22 de marzo de 1980.

ASOFAMD LE RECUERDA A GARCÍA MEZA QUE ERA COMANDANTE DEL EJÉRCITO CUANDO MATARON A MARCELO

El hecho de que haya jurado como Presidente unas horas después no lo exime de la co-responsabilidad en el crimen del líder socialista, dijo el entrevistado.

La Paz, 19 de marzo (ANF).. 

El abogado Roberto Quiroz Guillén, quien fuera miembro del equipo jurídico que impulsó el Juicio de Responsabilidades contra la dictadura de Luis García Meza y sus colaboradores, señaló a ANF que las últimas declaraciones del exdictador preso y condenado a 30 años de presidio, alteran la verdad de los hechos.

García Meza le dijo a la red ERBOL que cuando Marcelo Quiroga fue asesinado, él no era todavía Presidente y que todo fue organizado antes por el general Banzer, entonces jefe de un partido político, ya fallecdo, y por el que iba a ser su Ministro del Interior, Luis Arce Gómez. El militar juró a la Presidencia el 18 de julio de 1980 a las 17:00 horas, cuando Quiroga ya habría sido desaparecido. Arce Gómez le habría informado al flamante presidente que hubo "una baja", refiriéndose al líder socialista. El cadáver habría sido entonces incinerado parcialmente y luego trasladado en un avión del Prefecto de Santa Cruz a la hacienda de Banzer en San Javier.

Quiroz Guillén le recordó a García Meza que cuando ocurrieron los hechos sangrientos, él se desempeñaba como Comandante del Ejército y que bajo su mando, los detenidos y sobrevivientes del asalto al edificio de la Central Obrera Boliviana (COB) fueron llevados al Estado Mayor, entre ellos, el malherido Marcelo Quiroga. "Si lo que dice García Meza es cierto, entonces es culpable por omisión, porque sabiendo que se cometió el crimen, no hizo nada por denunciarlo y castigar a los culpables. Además es corresponable porque el Estado Mayor estaba bajo su jurisdicción", anotó el jurista.

Con relación al paradero de los restos de Quiroga Santa Cruz, Roberto Quiroz recordó que hasta ahora se ha hablado hasta de cuatro localizaciones: el Alto Beni, la Avenida Zavaleta, el Estado Mayor y la Hacienda de San Javier de propiedad del fallecido General Banzer. El sitio más mencionado y probable hasta ahora es este último. En sus recientes declaraciones, García Meza ratificó la hipótesis de la hacienda.

Quiroz exigió que el ex dictador proporcione una información más precisa. "Ya que ha empezado a hablar, ya que ha comenzado a recuperar la memoria, qué diga dónde está exactamente", demandó. El abogado subrayó que si García Meza sabe del lugar, está incurriendo en un nuevo delito denominado "comisión por omisión", porque sabiendo, esconde la verdad. Recordó que en su libro, el exdictador propone entregar el dato a cambio de que lo liberen de su condena. "El chantaje es otro delito", recordó. (RA)

ITALIA ENVÍA A JUICIO AL EXDICTADOR BOLIVIANO GARCÍA MEZA POR EL PLAN CÓNDOR

17/03/2015 (16:29)


Roma, 17 mar.- La Justicia italiana decretó hoy el enjuiciamiento del ex-dictador de Bolivia Luis García Meza (1980-1981), imputado en este país en el caso que investiga la desaparición de ciudadanos italianos en el marco del Plan Cóndor en las décadas de 1970 y 1980.

El juez Alessandro Arturi lo decidió durante la última de las vistas de la fase preliminar del proceso, que tuvo lugar hoy en el Tribunal de Roma, informaron a Efe fuentes próximas al caso.

Italia juzga en primera instancia desde el pasado 12 de febrero a un total de 32 antiguos miembros de las Juntas Militares de Bolivia (1), Chile (11), Perú (4) y Uruguay (16) por la muerte y desaparición de ciudadanos italianos en la Operación Cóndor.

García Meza estaba presente en la lista de imputados durante la audiencia preliminar pero no pudo ser enviado a juicio como los otros 32 debido a que había sido imposible entregarle la requisitoria de la Justicia italiana.

Sin embargo, esto finalmente se produjo después de que funcionarios de La Paz le entregaran la denuncia en el hospital militar en el que permanece ingresado actualmente por su precario estado de salud.

Lo lograron pasándole el documento por debajo de la puerta de la habitación, debido a su negativa a abrirla, algo que legitima a Italia a enjuiciarle dado que Arturi considera que ya está al corriente del juicio, que en su caso se celebrará "in absentia".

Este es un requisito indispensable debido a que la legislación establece que para que una persona sea juzgada debe estar enterada del proceso que pretende abrirse en su contra.

La próxima audiencia del proceso en primera instancia ha sido fijada para el 9 de abril a las 8.00 GMT y en ella ya figurará como acusado García Meza, de 85 años.

El otro boliviano acusado es el que fue su ministro de Interior, Luis Arce Gómez.

Los acusados uruguayos son Jorge Alberto Silveira, Ernesto Avelino Ramas, Ricardo José Medina, Gilberto Valentín Vasquez Bisio, Luis Alfredo Maurente, José Felipe Sande, José Horacio Gavazzo, José Rica Arab, Juan Carlos Larcebeau, Gregorio Conrado Alvarez y Ernesto Soca.

También Juan Carlos Blanco, el teniente Ricardo Eliseo Chávez Domínguez, el general Iván Paulós, Pedro Antonio Mato Narbondo y Jorge Néstor Fernández Troccoli.

Los peruanos son el expresidente Francisco Morales Bermúdez, el coronel Martín Martínez Garay y los generales Germán Ruiz Figueroa y Pedro Richter Prada.

Los chilenos son Juan Manuel Guillermo Sepúlveda Contreras, jefe de la DINA (aparato represor de Pinochet), Daniel Aguirre Mora, exprefecto de la Policía, y el militar Sergio Víctor Arellano Stark.

Además, Pedro Octavio Espinoza Bravo (brigadier), el expolicía Carlos Luco Astroza, el coronel Marcelo Luis Moren Brito, el suboficial Orlando Moreno Vásquez, el coronel Hernán Jerónimo Ramírez, el coronel Rafael Francisco Ahumada Valderrama, el excomandante Luis Joaquín Ramírez Pineda y el brigadier Manuel Vásquez Chahuan.

En el juicio, instruido en la III Corte Penal del Tribunal de Roma, participan numerosas partes civiles como la Asociación de Familiares de Detenidos de Bolivia (ASOFAMD), la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chile (AFDD) o el Partido Comunista del país andino.

La Operación Cóndor fue un plan ideado por el general chileno Augusto Pinochet que orquestó la represión de la oposición política en las décadas de 1970 y 1980 por parte, sobre todo, de los regímenes dictatoriales de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia. EFE

DESAPARECIDO EL 21 DE MARZO 1980 ENCONTRADO MUERTO AL DÍA SIGUIENTE

35 AÑOS

Asofamd es parte en juicio por Plan Cóndor

La Asofamd es parte en juicio por Plan Cóndor

Dictadura. La agrupación sigue el litigio de Italia contra Arce Gómez

La Razón (Edición Impresa) / Juan José Cusicanqui / La Paz
03:34 / 13 de marzo de 2015

Detenido. El exministro Luis Arce Gómez, cuando llegó desde Estados Unidos en 2009. ABI.

La Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional y Social (Asofamd) se constituyó ayer en parte civil en el juicio instaurado en Italia por la desaparición de italianos durante la aplicación del Plan Cóndor (1970-1980) en Latinoamérica.

La jueza de la III Sección Penal, Evelina Canale, aceptó a todos los familiares de las víctimas, antiguos miembros de la disidencia política de las juntas militares de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay, según un reporte de la agencia EFE desde Roma. Además de la Asofamd, es parte civil la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chile (AFDD).

Uno de los procesados en este caso es Luis Arce Gómez, encarcelado actualmente en Chonchocoro. Además de él están imputadas 31 personas miembros y civiles vinculados a las juntas militares de Chile (11), Perú (4) y Uruguay (16).

La presidenta de la Asofamd, Nila Heredia, informó que en el caso de Bolivia el juicio es seguido a través de videoconferencias, con la intermediación de la representación diplomática de Italia y de la Cancillería.

Denunció que en las últimas horas el expresidente de facto Luis García Meza, que cumple una condena de 30 años de presidio sin derecho a indulto, se negó a recibir la notificación del juicio cursada a través de la Cancillería para asistir a la audiencia, debido a que también es acusado, al igual que Arce Gómez.

Sin embargo, el abogado de García Meza, Frank Campero, aseguró que su defendido no es acusado en este proceso. Para sustentar su afirmación mostró un documento que fue extendido por la Embajada de Italia en Bolivia, en el que se indica que el exdictador no es juzgado en este juicio instalado en Roma.

Arce Gómez, añadió Heredia, recibió la notificación para este proceso y señaló que está disponible para asistir a las audiencias. Negó que este exministro del Interior sea juzgado dos veces por un mismo delito, ya que recibió condena por genocidio y otros, mientras que el actual proceso es por la desaparición de un italiano. Campero informó que en este proceso se llevarán adelante más de una treintena de audiencias, vía teleconferencias, y que no se sabe cuándo debe declarar Arce Gómez.

La magistrada, según EFE, también permitió la constitución en parte civil del Partido Comunista de Chile, dado que “el fin de esta entidad se identifica con la defensa de los derechos humanos” que le legitiman a presenciar el juicio, después de perder a uno de sus dirigentes, el chileno Donato Avendaño.

No obstante, fue rechazada la presencia de la asociación argentina Abuelas de Plaza de Mayo, porque su finalidad —consideró la jueza— no corresponde con lo juzgado en este proceso penal.

Luis Arce Gómez

Condena

El exministro del Interior Luis Arce Gómez fue sentenciado a 30 años de presidio sin derecho a indulto, por los delitos de alzamiento armado y organización de grupos irregulares, entre otros.

Notifican a García Meza sobre un juicio en Italia por Plan Cóndor
La notificación fue el miércoles en Cossmil donde el exdictador está internado. Pasaron la notificación por debajo de la puerta.

jueves, 12 de marzo de 2015


EFE / La Paz

La Asociación de Familiares de Desaparecidos de Bolivia (Asofamd) y un agente judicial notificaron al exdictador Luis García Meza (1980-1981) la denuncia en su contra sobre violación de los derechos humanos en un juicio en Italia por la Operación Cóndor, informó hoy una abogada del caso.

La abogada de Asofamd, Nadia Cruz, dijo a Efe que la notificación fue realizada de una forma poco usual el miércoles en el hospital militar de La Paz donde García Meza lleva meses internado, pese a que su sentencia señala que debe cumplir en prisión su condena por los delitos cometidos durante su régimen.

El agente judicial y la abogada no pudieron entregar la notificación al exdictador en persona porque no abrió la puerta de su habitación, custodiada por guardias militares y situada en el quinto piso del hospital militar Cossmil. Por ello, debieron pasar la notificación por debajo de la puerta, y él la devolvió de igual forma.

Cruz señaló que ese procedimiento es válido en Bolivia, porque el agente puso en conocimiento de García Meza que existe una notificación judicial para él sobre el proceso en Italia, al margen de que él quiera o no recibir el documento.

"Si la autoridad da fe de que eso se ha cumplido, la notificación está realizada", dijo Cruz. El documento notifica al exdictador que hoy y mañana se celebrarán audiencias en Roma sobre la Operación Cóndor, en un proceso que trata de esclarecer el asesinato de una veintena de italianos en Latinoamérica durante las décadas de los años 70 y 80.

En cambio, Luis Arce Gómez, que fue ministro del Interior de García Meza, sí recibió en el penal de alta seguridad de Chonchocoro a los abogados, firmó su notificación y dijo que mañana asistiría a una sala preparada en una oficina del Gobierno boliviano para seguir el proceso en Roma por medio de una videoconferencia.

No obstante, la abogada precisó que "no hay una obligación de que los imputados estén" para las videoconferencias de las audiencias preliminares, pero agregó que harán todas las gestiones para concretar la asistencia de Arce Gómez.

La presidenta de Asofamd, Nila Heredia, y esa misma entidad han sido admitidas hoy como parte civil del proceso en Italia para denunciar violaciones de los derechos humanos en las dictaduras. Heredia declaró a Efe que su esposo, el italiano Luis Stamponi Corinaldeci, desapareció en 1976, durante la dictadura de Hugo Banzer (1971-1978), después de haber sido detenido por el Ejército boliviano en la localidad minera de Llallagua.

Stamponi fue torturado en La Paz e interrogado por argentinos y fue entregado a las autoridades de Argentina en octubre de 1976. De forma colateral, la madre de Luis Stamponi, Mafalda Corinaldeci, llegó entonces a La Paz para averiguar lo sucedido a su hijo, pero al volver a Buenos Aires ella también desapareció, supuestamente como parte de la coordinación que existía entre las policías de los regímenes dictatoriales, según Heredia.

La Operación Cóndor fue un plan ideado por el general chileno Augusto Pinochet que orquestó la represión de la oposición política en las décadas de los 70 y 80 por parte, sobre todo, de los regímenes dictatoriales de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia. En la audiencia celebrada este jueves en Roma, la Justicia italiana continuó con el juicio y aceptó como partes civiles a numerosos familiares de víctimas y varias organizaciones sociales.

A juicio dictador boliviano Luis García Meza por el Plan Cóndor 

Todos los imputados han sido investigados desde el año 1999. 

| Foto: Archivo Previous Next Publicado 17 marzo 2015 

La Justicia italiana decretó este martes el enjuiciamiento del dictador de Bolivia Luis García Meza (1980-1981), imputado en ese país por el caso que investiga la desaparición de ciudadanos italianos en el marco del Plan Cóndor en las décadas de 1970 y 1980. 

El juez Alessandro Arturi tomó la decisión durante la última de las vistas de la fase preliminar del proceso, que tuvo lugar este martes en el Tribunal de Roma. Italia juzga en primera instancia desde el pasado 12 de febrero a un total de 32 antiguos miembros de las Juntas Militares de Bolivia (uno), Chile (11), Perú (cuatro) y Uruguay (16) por la muerte y desaparición de ciudadanos italianos en la Operación Cóndor. 

La próxima audiencia del proceso en primera instancia fue fijada para el próximo 9 de abril a las 08H00 GMT y en ella ya figurará como acusado García Meza, de 85 años. 

La Operación Cóndor fue un plan ideado por el general chileno Augusto Pinochet que orquestó la represión de la oposición política en las décadas de 1970 y 1980, sobre todo, de los regímenes dictatoriales de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.

RECORDATORIO DE LA MASACRE DE LA CALLE HARRINGTON.
REPORTE FOTOGRAFICO

INVITACIÓN PARA EL DÍA DE MAÑANA 15 DE ENERO

ACTO EN MEMORIA DE LOS MÁRTIRES DE LA CALLE HARRINGTON

PAGINA SIETE

Domingo, 11 de enero de 2015

TODAVÍA NO SE ENCUENTRAN LOS RESTOS DE MÁS DE 100 DESAPARECIDOS
DDHH y Asofamd piden que se cree una comisión de la verdad.
Ambas instancias preparan encuentros y seminarios para definir estrategias, con el objetivo de lograr resultados en la búsqueda de los desaparecidos en dictadura.





Nila Heredia, presidenta de la Asofamd. Página Siete / La Paz

La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) y la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Mártires por la liberación Nacional (Asofamd) piden que se cree una comisión de la verdad para encontrar los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz, así como los cuerpos de otros desaparecidos.
"Estamos pidiendo la estructuración de una comisión de la verdad. No sólo para este caso, sino para todos los casos”, afirma Nila Heredia, presidenta de la segunda institución.
Yolanda Herrera, presidenta de Derechos Humanos de Bolivia, asegura que la conformación de dicha instancia por parte del Estado representaría una acción de lucha contra la impunidad.
En el país aún no se encontraron los restos de más de 150 desaparecidos durante las dictaduras que vivió el país, según datos de Asofamd. Heredia mencionó que si bien hay casos de cuerpos encontrados, "no ha existido una investigación y sanción sobre quienes son los culpables”.
"Por ello es que nosotros estamos pidiendo la organización de una comisión de la verdad, para que se haga la investigación de todos los casos, para que se trate de encontrar a todos los desaparecidos”, sostiene Heredia.
Herrera identifica que en el tema "no hay una actuación más integral”, dado que "mucha información que se requiere está en los archivos militares”. Sobre el acceso de los familiares a esos documentos, la activista sostiene que "no hay avances”.
"No hay una posición política desde el Estado para efectivamente encontrar a los culpables y tener mayor información en relación con el lugar donde puedan estar los restos de los desaparecidos”, expresa Herrera.
Ambas instituciones alistan actividades para los primeros meses de esta gestión, con el fin de delinear una estrategia para encarar la problemática.
Herrera comenta que la APDHB tiene vínculo con Amnistía Internacional, y que especialistas de esa institución llegarán esta semana al país para sostener un encuentro con activistas y los familiares de las víctimas.
El objetivo de esta reunión, que se desarrollará entre el 12 y 13 de este mes, será desarrollar una "estrategia” con el fin de conseguir resultados en la búsqueda de los restos de los desaparecidos.
Heredia informó que la institución que lidera realizará un seminario-taller con el fin de elaborar un proyecto de ley para crear una comisión de la verdad. (PP)
Las acciones
Seminario. Nila Heredia, presidenta de Asofamd, informa que se espera que hasta febrero próximo se desarrolle un seminario-taller con el objetivo de elaborar un nuevo proyecto de ley sobre la creación de una comisión de la verdad. Lo presentará al Legislativo.
Encuentro. Yolanda Herrera, presidenta de la APDHB, informó que entre el 12 y el 13 de enero se desarrollará un encuentro entre activistas de DDHH, representantes de Asofamd y líderes de la plataforma de luchadores sociales, con el objetivo de contar con "una mejor estrategia”, desde la sociedad, para encarar el tema.